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2010/09/24

Bisbal, Stevie Wonder y el cantante de Jethro Tull, unidos por el informe Gallo

El Mundo

Uno de los principales grupos opositores al informe Gallo, La Quadrature du Net ha publicado una lista de artistas que se posicionaron a favor del mismo.
El informe Gallo es una iniciativa recientemente aprobada por el Parlamento Europeo que tiene como objetivo servir como hoja de ruta para los futuros debates en el seno de Europa sobre las medidas a adoptar contra los 'infractores' de material protegido por 'copyright'.
Según explica La Quadrature du Net, la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI, por sus siglas en inglés) envió una carta con la que pretendía convencer a los miembros del Parlamento Europeo para que votasen a favor del informe. Para conseguirlo, incluía las firmas de 278 artistas entre los que se encuentran Stevie Wonder, David Bisbal o Ian Anderson, cantante de Jethro Tull.
La lista de artistas también incluye a cantantes y grupos como Andrea Bocelli, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Tokio Hotel, DJ Tiesto, o los españoles Daniel Martín y David Otero (El Canto del Loco), Edurne, Soraya, Ana Torroja y Luis Eduardo Aute.
De todos ellos, el 24,8% son irlandeses, el 20,5% rumanos y el 13,6% holandeses. Además, también se incluye la firma de una cantante moldava de 7 años (Cleopatra Stratan) y de varios artistas que ya no están en activo, así como firmas más sospechosas, como la de Michel Sardou, que ha declarado anteriormente ser un 'pirata'.
La IFPI, por su parte, recibió con alegría la aprobación de este informe, pues "la 'piratería' es una amenaza muy importante para los trabajos en Europa y es un obstáculo directo a la empresa legítica de la música, los libros, el cine y otros sectores".
La iniciativa propuesta por Marielle Gallo, eurodiputada francesa por el partido de Nicolas Sarkozy, ofrece consejos para "completar el marco legislativo e introducir un conjunto de medidas para combatir las 'infracciones' de propiedad intelectual". Además, promueve la "voluntaria" asociación entre los proveedores de servicios de Internet y los titulares de derechos de autor para actuaciones contra los infractores, como el caso de la Ley Hadopi francesa.

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