El Pais
El salto a la televisión digital terrestre libera frecuencias. Ahora, Bruselas quiere que los países comunitarios, en el plazo de dos años, destinen la banda de 800 megahercios para que las operadoras puedan desplegar redes inalámbricas que cubran las zonas sin conexión, combatir la brecha digital y mejorar la velocidad de la misma. El apagón analógico traerá, pues, un mejor Internet. Aunque el plazo para que los Estados miembros adopten la medida sería de dos años, Bruselas contempla excepciones que pueden prolongarse hasta el año 2015.
En algunos países, como Alemania, ya se ha dado este paso para potenciar la telefonía móvil de cuarta generación. Actualmente, Europa es la región del mundo con niveles medios más elevados de penetración de la banda ancha (24,8%, aunque en España es el 21,5%), pero sus redes deben modernizarse. Solo el 1% de los europeos dispone de una conexión ultrarrápida a Internet por fibra directamente en sus hogares, frente al 12% de los japoneses y al 15% de los surcoreanos.
La UER (Unión Europea de Radiotelevisión), sin embargo, pone reparos a esta política porque teme que este nuevo destino de las citadas frecuencias interfiera en la señal audiovisual. El objetivo de Bruselas es que los europeos disfruten en 2020 de conexiones de, al menos, 30 megabits por segundo (Mbps), y que la mitad de ellos pueda disfrutar de un Internet a 100 Mbps gracias a nuevas conexiones con fibra óptica.
En este punto ha tomado otra iniciativa que molesta a las grandes operadoras. Estas siempre han defendido que para acometer las inversiones necesarias que requiere el despliegue de fibra óptica necesitan garantizarse su explotación y no tener que alquilarlas forzosamente a compañías operadoras de la competencia. Sin embargo, la Comisión Europea ha recomendado obligar a las grandes operadoras a que den acceso a sus rivales, aunque no ha fijado una política de precios, extremo que deja en manos de los reguladores de cada Estado. Las operadoras habían pedido a Bruselas que no regulara este despliegue. Estas suben a unos 300.000 millones de euros la inversión necesaria. Bruselas rebaja estos cálculos hasta un máximo de 270.000 millones para hacer llegar la banda ancha a todos los hogares en 2020 y argumenta que el gasto de los clientes crecerá entre un 10% y un 15% si disponen de acceso a la banda ancha.
Se trata de una recomendación no vinculante, pero los Estados que no la adopten deben argumentar por qué lo hacen. Para las operadoras, este horizonte dificulta planificar grandes inversiones.
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