En tiempos de crisis, cualquier fórmula de ahorro es bienvenida. Si usted puede ponerse de acuerdo con su vecino para compartir el coche y ahorrar en gasolina a la hora del ir al trabajo, ¿por qué no hacer lo mismo con la conexión a internet?
No está claro cuántas personas podían tener esta idea en la cabeza, pero una resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) que se conoció la semana pasada disparó todas las especulaciones y los sueños de ahorro de los ciudadanos. Todo parecía indicar que el regulador del sector había dado carta blanca a una comunidad de vecinos para pagar sólo una conexión de ADSL y conectarse todos en sus casas gracias al wifi.
Como en otras muchas cosas buenas de la vida, la letra pequeña viene a chafar la aparente buena noticia. Empezando por la parte más burocrática, la CMT no permite nada, sino que le dice a la comunidad de propietarios que no tiene que inscribirse en el registro de operadores para dar el servicio que plantea.
Pero lo que importa es, precisamente, lo que pide la comunidad de vecinos. Textualmente: "Prestar servicio de acceso a internet mediante una red inalámbrica de acceso con tecnología wifi en todas las zonas comunes de dicha comunidad".
Ni una palabra de un ADSL para todos o de cómo reducir la factura a final de mes gracias a la unión de ciudadanos. Si un vecino quiere tener una conexión en su casa deberá pagársela, porque lo que esta comunidad plantea es un ADSL compartido en las zonas comunes, es decir, en la piscina -quien la tenga-, el gimnasio -lo mismo-, la sala de reuniones, el ascensor o las escaleras.
Ésa es la propuesta y a eso se refiere la contestación de la CMT. Eso sí, a nadie se le escapa que el wifi traspasa las paredes. No hay nada que pueda retenerlo en una zona común determinada. Si ya hay más de uno que piratea el wifi que su vecino se ha olvidado de cerrar, ¿quién va a vigilar que no lo haga con el comunitario, que sufraga en parte con las cuotas mensuales y cuya clave conoce?
La CMT es perfectamente consciente de esto, pero el regulador no puede aludir en su resolución a posibilidades que no le han planteado y que suponen determinadas asunciones. Lo que concluye la comisión es que la comunidad en cuestión no tiene que inscribirse como operador porque el wifi no está abierto al público en general, los vecinos no tienen ánimo de lucro y la agrupación no pretende dar un servicio de internet, sino ser la titular de un contrato que permite el acceso a los miembros de ese grupo en determinadas circunstancias.
La CMT se queda ahí porque ni puede ni le han pedido ir más lejos. Pero la parte más importante es otra. ¿Qué operador va a dar ese servicio? Esa cuestión forma parte de los contratos privados que pueda hacer una compañía con su cliente y no es materia del regulador.
En la práctica, sin embargo, es la clave. Los vecinos tendrán que encontrar una operadora que les venda un ADSL vecinal para zonas comunes.
Eso puede ser un problema y por varias razones. En estos momentos, la práctica totalidad de los contratos incluye cláusulas de exclusividad. Es decir, se firma con una persona que se compromete a que no sea utilizado en más hogares que en el suyo. Si se consiguieran solventar los temas legales que obligan a que esa cláusula exista, seguiría habiendo otra traba: el caudal. No es lo mismo dar servicio a una vivienda, que a una comunidad que puede decidir ir en bloque a la piscina a la misma hora y todos con el ordenador. Una conexión de ADSL por muchos 20 megas que tenga no da para que se conecten 40 vecinos, así que tendría que ser un contrato a medida, con condiciones diferentes de velocidad y capacidad. En eso no hay problema, las empresas los tienen, pero lo que pasa con los contratos a medida con condiciones especiales es que son más caros que los demás. El sueño del ahorro se desvanece.
No para cualquiera
La CMT es extremadamente cuidadosa en su resolución sobre la comunidad de vecinos. Y lo es hasta el punto de que dice que su decisión es válida para quien la ha planteado y para nadie más. La comisión advierte que se deberá consultar cada caso. Incluso una petición similar pero en una comunidad de vecinos mayor podría cambiar su respuesta.
No está claro cuántas personas podían tener esta idea en la cabeza, pero una resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) que se conoció la semana pasada disparó todas las especulaciones y los sueños de ahorro de los ciudadanos. Todo parecía indicar que el regulador del sector había dado carta blanca a una comunidad de vecinos para pagar sólo una conexión de ADSL y conectarse todos en sus casas gracias al wifi.
Como en otras muchas cosas buenas de la vida, la letra pequeña viene a chafar la aparente buena noticia. Empezando por la parte más burocrática, la CMT no permite nada, sino que le dice a la comunidad de propietarios que no tiene que inscribirse en el registro de operadores para dar el servicio que plantea.
Pero lo que importa es, precisamente, lo que pide la comunidad de vecinos. Textualmente: "Prestar servicio de acceso a internet mediante una red inalámbrica de acceso con tecnología wifi en todas las zonas comunes de dicha comunidad".
Ni una palabra de un ADSL para todos o de cómo reducir la factura a final de mes gracias a la unión de ciudadanos. Si un vecino quiere tener una conexión en su casa deberá pagársela, porque lo que esta comunidad plantea es un ADSL compartido en las zonas comunes, es decir, en la piscina -quien la tenga-, el gimnasio -lo mismo-, la sala de reuniones, el ascensor o las escaleras.
Ésa es la propuesta y a eso se refiere la contestación de la CMT. Eso sí, a nadie se le escapa que el wifi traspasa las paredes. No hay nada que pueda retenerlo en una zona común determinada. Si ya hay más de uno que piratea el wifi que su vecino se ha olvidado de cerrar, ¿quién va a vigilar que no lo haga con el comunitario, que sufraga en parte con las cuotas mensuales y cuya clave conoce?
La CMT es perfectamente consciente de esto, pero el regulador no puede aludir en su resolución a posibilidades que no le han planteado y que suponen determinadas asunciones. Lo que concluye la comisión es que la comunidad en cuestión no tiene que inscribirse como operador porque el wifi no está abierto al público en general, los vecinos no tienen ánimo de lucro y la agrupación no pretende dar un servicio de internet, sino ser la titular de un contrato que permite el acceso a los miembros de ese grupo en determinadas circunstancias.
La CMT se queda ahí porque ni puede ni le han pedido ir más lejos. Pero la parte más importante es otra. ¿Qué operador va a dar ese servicio? Esa cuestión forma parte de los contratos privados que pueda hacer una compañía con su cliente y no es materia del regulador.
En la práctica, sin embargo, es la clave. Los vecinos tendrán que encontrar una operadora que les venda un ADSL vecinal para zonas comunes.
Eso puede ser un problema y por varias razones. En estos momentos, la práctica totalidad de los contratos incluye cláusulas de exclusividad. Es decir, se firma con una persona que se compromete a que no sea utilizado en más hogares que en el suyo. Si se consiguieran solventar los temas legales que obligan a que esa cláusula exista, seguiría habiendo otra traba: el caudal. No es lo mismo dar servicio a una vivienda, que a una comunidad que puede decidir ir en bloque a la piscina a la misma hora y todos con el ordenador. Una conexión de ADSL por muchos 20 megas que tenga no da para que se conecten 40 vecinos, así que tendría que ser un contrato a medida, con condiciones diferentes de velocidad y capacidad. En eso no hay problema, las empresas los tienen, pero lo que pasa con los contratos a medida con condiciones especiales es que son más caros que los demás. El sueño del ahorro se desvanece.
No para cualquiera
La CMT es extremadamente cuidadosa en su resolución sobre la comunidad de vecinos. Y lo es hasta el punto de que dice que su decisión es válida para quien la ha planteado y para nadie más. La comisión advierte que se deberá consultar cada caso. Incluso una petición similar pero en una comunidad de vecinos mayor podría cambiar su respuesta.
Todo un problema legal
Las conexiones comunitarias a internet seguirían siendo un problema incluso si la CMT hubiera validado la posibilidad de contratar sólo un ADSL en el vecindario y usarlo de forma conjunta. La primera dificultad es independiente a la materia tecnológica de que se trata. "Si es imposible llegar a un acuerdo para el color del toldo, no quiero ni pensar las peleas que se pueden desatar con el ADSL", reflexiona una fuente del sector.La segunda es el caudal. Para un uso colectivo de calidad, tiene que haber muchos megas.
Al margen de esos problemas, el verdadero escollo está en la legalidad. Si las operadoras impiden que las conexiones puedan ser compartidas es porque necesitan tener identificado al usuario. Si hay un solo ADSL hay un único router, por lo que sólo existe una dirección IP que señala a una única personal. Al firmar la cláusula de exclusividad, el cliente se está responsabilizando de su conexión y no puede alegar que otro la estaba usando si hay un delito. Y es que las operadoras tienen la obligación de identificar al consumidor en caso de requerimiento judicial y no son pocas las veces que han tenido que hacerlo -acoso por correo, pederastia, pornografía...-.
Con la cláusula, el operador traslada la responsabilidad al abonado, algo que no puede hacer si la suscripción es colectiva. Es cierto que se podría buscar una fórmula parecida a la que se hace con las empresas, pero habría que ver si una comunidad de vecinos puede asumir esa complejidad.
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