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Publico.
La cordillera de los Andes sigue escondiendo oro. Ya no fluyen en el Nuevo Mundo los ríos de oro y plata de los tiempos del monte Potosí, pero en Argentina la búsqueda del preciado metal es un negocio muy lucrativo, más ahora que, a raíz de la crisis financiera internacional, el dorado metal ha superado la barrera histórica de los 1.100 dólares por onza. Los expertos aseguran, de hecho, que basta encontrar apenas 0,35 gramos de oro por cada tonelada de piedra para que la actividad sea rentable.
Uno de los gigantes de la minería mundial, la empresa canadiense Barrick Gold, explota a 4.600 metros de altura la mina de Veladero, en la provincia de San Juan, al noroeste del país. Se trata de una explotación a cielo abierto rodeada de polémica: los ecologistas llevan años alertando de los efectos que pueden causar las continuas explosiones y el empleo de cianuro (para la obtención del oro) sobre las especies, el agua subterránea y todo el ecosistema de la imponente cordillera andina.
El Veladero es uno de los 15 proyectos mineros operativos en una región, la Biosfera de San Guillermo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1981 debido a su biodiversidad. Los ecologistas temen el efecto conjunto que pueden tener todas estas minas sobre el medio ambiente.
Leyes confusas
"Las leyes de minería argentinas son confusas", señala Rosario Pezza, de la asociación Conciencia Solidaria. Pezza cree que el Código Minero, aprobado por el entonces presidente Carlos Menem en los noventa, "beneficia al capital extranjero, que se lleva todo y no queda nada; esquilma los recursos y no deja ni el dinero".
Esta asociación, como muchos otros colectivos sociales de la región, se ha movilizado convencida de que la explotación minera a cielo abierto contamina. "Trabajan dinamitando los suelos. Convierten nuestras montañas y sierras en polvo, que luego procesan con millones de litros de agua, explican en Conciencia Solidaria. Es el llamado proceso de lixiviación, por el que se separa el oro de la piedra mediante su disolución en un mezcla de agua y cianuro. "Una mina mediana utiliza seis toneladas de cianuro a diario", calculan.
"Razones no faltan para estar en contra de la megaminería", apunta Pezza. "Se ha comprobado que hay daños para la salud, desde un aumento de la incidencia del cáncer hasta enfermedades renales y reproductivas, aunque legalmente no se pueda demostrar", explica. Además, "el suelo queda inutilizable para la agricultura y tiene importantes efectos sobre la flora y la fauna, como romper las rutas de migración de las aves".
Por su parte, la empresa canadiense sostiene que no hay posibilidades de filtración de cianuro, ya que el viento de la cordillera dispersa las partículas del mineral. Barrick presume de haber obtenido el certificado ISO 14.000 de calidad medioambiental.
Un amenaza aún mayor
Pero los temores de los ecologistas no se quedan en el Veladero. La mina Pascua-Lama, una explotación proyectada en el Valle del Huasco, en la frontera con Chile, se convertirá en uno de los cinco mayores yacimientos del mundo. La inversión inicial será de 2.000 millones de dólares. Se calcula que si el Veladero emplea hasta 110 litros de agua por segundo para lavar el mineral, Pascua-Lama podría utilizar unos 300.
"Pronto el agua valdrá más que los metales preciosos, y estamos arriesgando las mayores reservas de agua que tenemos, los glaciares", razona Pezza.
El poder está del lado de la minera. El gobernador de San Juan, José Luis Gioja, coincide con la Barrick Gold al apuntar que "es imposible que se pueda contaminar" utilizando la lixiviación con cianuro. Tales acusaciones se deben a la "falta de información", garantiza el gobernador.
Los más suspicaces preguntan por qué, entonces, países como Australia, Alemania y Turquía tienen legislaciones que prohiben la lixiviación. Incluso dentro de la propia Argentina, las provincias de Río Negro, Córdoba, Tucumán y Mendoza también prohiben esta técnica de lavado.
Minas sin seguro
Pero lo peor es que, en caso de un desastre ecológico provocado por la mina, nadie se hará cargo de los daños. La Barrick Gold opera sin seguro, según el diputado nacional Fernando Pino Solanas, una de las voces más críticas con la minería a cielo abierto. "No hay seguros porque es un daño financiero severo. Cuando las empresas mineras se retiren, dejarán a los argentinos contaminación para miles de años", ha denunciado.
Por su parte, el gobernador sanjuanino ha reconocido que ninguna empresa del mundo asegura este tipo de actividad, por lo que ha propuesto la creación de una empresa estatal que asegure a las mineras que operan en Argentina.
Mientras, los vecinos de San Juan, una provincia donde viven 700.000 personas, están divididos. De un lado están quienes creen las promesas de la empresa de que su moderna tecnología no contaminará y piensan en el desarrollo económico de la región. Del otro, quienes temen que la minería esquilme los recursos siguiendo un modelo que privilegia el interés empresarial sin dejar réditos a la provincia.
Algunas asociaciones, como Conciencia Solidaria y No a la Mina, han promovido movilizaciones en contra del desarrollo minero, pero no han tenido gran repercusión. El motivo es obvio: sólo Veladero empleó a 4.000 personas para su construcción y a otro millar para la explotación. Además, la prensa local respalda los proyectos.
Pero sí hay voces en contra: las de los propietarios de viñedos, que sigue siendo la principal actividad de la provincia, o las de los empresarios turísticos, sabedores de que las heridas en los cerros, provocadas por la sucesión de explosiones, convertirán esta zona de los Andes en una montaña de escombros.
Las leyes benefician a las compañías
El marco tributario actual se creó en los años noventa para atraer las inversiones internacionales mineras. Las empresas mineras están exentas de impuestos municipales y provinciales, y durante los primeros cinco años no tributan en absoluto. Otras ventajas fiscales son la devolución del IVA en la etapa de explotación y en los bienes que importan y la exención de impuestos al combustible, tasas aduaneras y derechos de importación. Además, la ley salvaguarda a las empresas mineras de posibles cambios en la tributación argentina. José Luis Gioja, el actual gobernador de San Juan, donde están la mayor parte de las minas andinas, fue uno de los principales promotores de la norma durante el Gobierno de Carlos Menem. 20 años después, Gioja ha sido también favorable al veto presidencial de Cristina Fernández de Kirchner a la Ley de Glaciares, que pretendía proteger los glaciares patagónicos prohibiendo en la zona algunas de las actividades económicas más agresivas con el medio ambiente, como la extracción minera.En 2023 acabará la vida útil de la mina. Para entonces, según los cálculos de Barrick, la empresa canadiense habrá extraído unos 13 millones de onzas de oro.
Al otro lado de la frontera, en Chile, la movilización ha conseguido poner en aprietos al proyecto de la ‘megamina’ Pascua Lama. La Comisión Regional de Medio Ambiente de Atacama ha paralizado las obras de construcción. Los indígenas acusaban a la compañía Barrick Gold de dañar los glaciares con el polvo y de extraer agua de zonas protegidas. La minera canadiense ha recurrido la paralización de la que será la quinta mayor mina del mundo.
