De: Asociacion de Internautas.
La actual Ministra de Cultura, en compañía del Director General de la Policía y de la Guardia Civil, han protagonizado esta mañana otro despliegue propagandístico contra el P2P, curiosamente al igual que hicieron el año pasado unos días antes de Semana Santa.
28-03-2007 - El motivo era anunciar a bombo y platillo la detención de diez personas y el presunto cierre de 21 webs dedicadas a informar a los internautas sobre enlaces presentes en las redes P2P, que al parecer se financiaban mediante publicidad. Una actividad ésta que, según la opinión de los políticos del partido gobernante presentes en el acto, es constitutiva de delito.
La Asociación de Internautas quiere poner en conocimiento de la opinión pública, desde un profundo respeto a la Administración de Justicia y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, su absoluto desacuerdo con esta puesta en escena. Si ofrecer información a cambio de publicidad es o no delito, es algo que tendrán que determinar los jueces españoles, que hasta la fecha no han dictado todavía ninguna sentencia criminalizando el P2P.
El Código Penal español considera necesario el ánimo de lucro para que exista delito contra la propiedad intelectual. Los intercambios de archivos entre internautas están presididos, en la mayor parte de redes P2P, por un principio de solidaridad, siendo la descarga absolutamente gratuita. En ausencia de lucro directo, entendemos que no puede detenerse a ningún internauta por ejercer su derecho a la copia privada de obras culturales.
En el supuesto que por el Director General de la Policía y la Guardia Civil se considere que el lucro indirecto, mediante publicidad, puede considerarse delictivo, cabría preguntarse por qué no se procesa por proxenetismo a todos aquellos medios de comunicación que ofrecen anuncios de prostitución, o aquellas revistas que obtienen beneficios publicitarios de otro tipo de actividades al margen de la legalidad. Desde la Asociación de Internautas damos cumplida respuesta a esa pregunta: porque en España rige un texto constitucional que garantiza el derecho a la libertad de expresión y a recibir información veraz, así como la libertad de creación de empresas informativas.
Todo el despliegue propagandístico tiene un único objetivo: amedrantar a la comunidad internauta. La obscena coincidencia de esta operación publicitaria con la salida al mercado de un portal de descarga cinematográfica impulsado por una entidad de gestión de derechos de autor, la cosecución esta misma semana por parte de la Plataforma todoscontraelcanon.es de 1.200.000 firmas contra el canon y el incumplimiento, precisamente también hoy, de la LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL por parte del Gobierno al no cumplir los plazos previstos para establecer los soportes sujetos al canon y su cuantia, convierte el acto de esta mañana en farsa.
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