El filtrado de internet está a un paso de recibir un respaldo legal europeo y definitivo. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Pedro Cruz Villalón, defendió ayer que una ley nacional pueda obligar a las empresas que proporcionan conexión a internet a verificar si sus clientes violan las leyes que protegen los derechos de autor al compartir archivos en la red. El dictamen de Cruz Villalón, emitido ayer, se refiere a un litigio que enfrenta desde hace ocho años a Sabam, una sociedad de derechos de autor de Bélgica, y Scarlet, una compañía de telecomunicaciones.
Aunque la sentencia llegará en unos meses, fuentes del tribunal de Luxemburgo recuerdan que los magistrados siguen, en un 80% de las ocasiones, el criterio del abogado general y que esta opinión servirá como referente para los casos similares que busquen justicia en Europa. Según el dictamen, la legislación comunitaria no permite que las leyes de propiedad intelectual se interpongan a la privacidad de las comunicaciones y la libertad de información, garantizadas por la legislación de Bélgica y el resto de países de la UE. Sin embargo, "una limitación de los derechos y libertades de los internautas" es "admisible si descansa en una base jurídica" clara.
Además, las empresas que proporcionan conexión a internet pueden ser consideradas responsables de ejercer el control sobre los intercambios de archivos, por ejemplo a través de redes de intercambio de archivos peer to peer (o P2P), como Emule o Bittorrent, siempre que se les advierta de manera "expresa, previa, clara y precisa". Si una ley nacional lo permite, la Unión Europea no se opondría ni siquiera al bloqueo del usuario, según el dictamen.
En el caso de Bélgica, el abogado general considera que la norma no estaba clara, sino que era nueva y demasiado exigente. Si la sentencia sigue esta argumentación, la UE dará vía libre a leyes como la francesa, conocida como Hadopi o "de los tres avisos", que otorga a los operadores un papel fundamental en la persecución de usuarios que intercambian archivos.
La opinión de Cruz Villalón coincide con la doctrina del acuerdo internacional contra la piratería, conocido por las siglas de ACTA, que no ha entrado todavía en vigor, pero enfurece a las asociaciones de internautas, que lo consideran un ataque a sus derechos fundamentales. "Pedimos respeto a nuestros derechos, por encima de las crisis económicas de industrias obsoletas", reivindicó ayer la Asociación de Internautas a través de un comunicado.
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Aunque la sentencia llegará en unos meses, fuentes del tribunal de Luxemburgo recuerdan que los magistrados siguen, en un 80% de las ocasiones, el criterio del abogado general y que esta opinión servirá como referente para los casos similares que busquen justicia en Europa. Según el dictamen, la legislación comunitaria no permite que las leyes de propiedad intelectual se interpongan a la privacidad de las comunicaciones y la libertad de información, garantizadas por la legislación de Bélgica y el resto de países de la UE. Sin embargo, "una limitación de los derechos y libertades de los internautas" es "admisible si descansa en una base jurídica" clara.
Además, las empresas que proporcionan conexión a internet pueden ser consideradas responsables de ejercer el control sobre los intercambios de archivos, por ejemplo a través de redes de intercambio de archivos peer to peer (o P2P), como Emule o Bittorrent, siempre que se les advierta de manera "expresa, previa, clara y precisa". Si una ley nacional lo permite, la Unión Europea no se opondría ni siquiera al bloqueo del usuario, según el dictamen.
En el caso de Bélgica, el abogado general considera que la norma no estaba clara, sino que era nueva y demasiado exigente. Si la sentencia sigue esta argumentación, la UE dará vía libre a leyes como la francesa, conocida como Hadopi o "de los tres avisos", que otorga a los operadores un papel fundamental en la persecución de usuarios que intercambian archivos.
La opinión de Cruz Villalón coincide con la doctrina del acuerdo internacional contra la piratería, conocido por las siglas de ACTA, que no ha entrado todavía en vigor, pero enfurece a las asociaciones de internautas, que lo consideran un ataque a sus derechos fundamentales. "Pedimos respeto a nuestros derechos, por encima de las crisis económicas de industrias obsoletas", reivindicó ayer la Asociación de Internautas a través de un comunicado.
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