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Publico.
Es la eterna dicusión, especialmente en los países en desarrollo: unos lo venden como la solución para la economía del empobrecido Estado de Rondonia, en la parte occidental de la Amazonia brasileña; otros, sin embargo, creen que es un paso más en la destrucción de la selva. La represa de Santo Antonio es uno de los proyectos más ambiciosos del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en el Amazonas: con una inversión de unos 8.000 millones de dólares, representa el mayor plan de desarrollo en la zona desde que el Gobierno militar abrió carreteras en la selva para poblar la región en los años 60. Y se ubica en el Estado con mayor índice de deforestación de la Amazonia.
Cerca de 10.000 obreros trabajan en la obra, emplazada sobre el río Madera, el principal afluente del Amazonas. En el mismo río, está proyectada también la represa de Jirau. Cada una de ellas tendrá una capacidad de unos 3.000
El proyecto de ambas represas, sin embargo, es sólo el comienzo: en los próximos años se prevé la construcción de hidroeléctricas, carreteras, gaseoductos y redes de energía, inversiones por valor de 30.000 millones de dólares (unos 21.000 millones de euros) que pretenden explotar y transportar los recursos naturales de la zona.
Previsiblemente, la represa de Santo Antonio comenzará a funcionar a finales de 2011, cinco meses antes de lo inicialmente previsto. Después de diversos retrasos por ciertas disputas legales y por la obtención de la licencia ambiental, tal adelanto vendría motivado por la urgencia del Gobierno, que, con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de 2016 de Río de Janeiro y en un momento de efusividad de los mercados con respecto a Brasil, no puede permitirse que la capacidad del abastecimiento energético del país quede puesta en cuestión, como sucedió cuando, el pasado mes de noviembre, un apagón dejó a oscuras a buena parte del inmenso país. De hecho, el Gobierno ha declarado este proyecto como un asunto de seguridad nacional.
Para los ecologistas brasileños, la autorización de esta represa supone poco menos que abrir la puerta a la entrada a machete en la selva. Preocupan las inundaciones y alteraciones en el curso de los ríos, y las imprevisibles consecuencias que estas podrían tener en el delicado ecosistema amazónico.
Uno de los motivos de inquietud es la contaminación: existe el peligro de que las represas liberen el mercurio que quedó depositado en algunas zonas desde que, en los ochenta y los noventa, se usaba este elemento para la extracción de oro. Otro extremo es cómo afectarán las hidroeléctricas a la biodiversidad de un río que se considera el más rico del mundo en especies de peces, con alrededor de 500. Además, ya se ha alertado de los riesgos para la salud humana: las inundaciones pueden provocar un repunte de las enfermedades tropicales asociadas a la acumulación de agua estancada, como el dengue, la malaria y la fiebre amarilla.
"Pan para hoy"
Quienes apoyan el proyecto alegan la creación de miles de puestos de trabajos y el desarrollo económico de un Estado pobre en el que vive un millón y medio de personas. Pero los más críticos contestan que será "pan para hoy y hambre para mañana", pues esos empleos desaparecerán cuando termine la construcción de las represas. A partir de ese momento, la energía generada se transportará al sur del país, su centro industrial, y no tendrá efectos económicos notorios en Rondonia.
Los ecologistas recuerdan que otras experiencias de construcción de centrales hidroeléctricas en zonas tropicales han sido decepcionantes al ocasionar un profundo impacto ambiental sin dejar grandes beneficios en la economía local.
Además, alrededor de mil familias deberán ser reubicadas por causa de las inundaciones que provocará la represa. Mientras tanto, según los datos que manejan las organizaciones medioambientalistas, apenas la quinta parte de ellas han firmado ya acuerdos con las autoridades para realizar esos traslados. El Gobierno se reserva el derecho al desalojo de estas familias en caso de que sea necesario, dado el carácter de "urgencia nacional" que han tomado las hidroeléctricas.
Ambivalencia de Lula
El megaproyecto amazónico deja otra pregunta en el aire: ¿podrá mantener Lula da Silva su imagen de defensor del crecimiento sostenible y líder de la lucha contra el cambio climático? El presidente brasileño llevó a Copenhague ambiciosos objetivos para acabar con la deforestación amazónica y enarboló un discurso que quería colocar a Brasil como punta de lanza de los países emergentes dispuestos a diseñar un modelo de crecimiento distinto, más verde, y basado en las energías limpias y renovables.
Sin embargo, en la eterna dicotomía entre medio ambiente y desarrollo económico, Lula apostó firmemente por lo segundo, especialmente a partir de su segundo mandato. La salida del Gobierno de la ex ministra de Medio Ambiente y veterana defensora de la selva, Marina Silva, ilustró el giro de Lula hacia posturas que representa su candidata presidencial, Dilma Rousseff, quien aboga por el crecimiento del país dejando de lado la sostenibilidad. Y, en este sentido, el Gobierno ha alegado que infraestructuras como las represas sobre el río Madera son necesarias para mejorar la vida de los 25 millones de brasileños que viven en la región amazónica, una de las más pobres del país.
"Que no venga ningún gringo a pedirnos que dejemos morir de hambre a los habitantes del Amazonas", dijo Lula en noviembre en la ciudad amazónica de Manaus. Es el repetido discurso de Lula, compartido por la mayor parte de sus compatriotas: que los países ricos no se inmiscuyan en cómo Brasil cuida de su selva, después de haber destruido los bosques en Europa y Norteamérica. Aunque, eso sí, Lula ha pedido ayuda internacional para financiar sus políticas en la región.
Bolivia quiere voz en el proyecto
En Bolivia, los ecologistas ya han puesto el grito en el cielo. Recuerdan que el río Madera, que nace en la cordillera boliviana, concentra el 95% del flujo de los ríos bolivianos y todas las vías navegables del país, y advierten de que las dos represas–y, sobre todo, la de Jirau, proyectada a sólo 94 kilómetros de la frontera– producirán alteraciones fluviales transforterizas e inundaciones. Entre los efectos que causarían las represas, podría estar la pérdida de los árboles de castaña, un producto fundamental para la economía de la región. Algunas estimaciones hablan de 170 kilómetros de territorio boliviano con inundaciones, de la desaparición de la cultura de los indígenas Pacahuara, que viven en aislamiento voluntario, y de la pérdida de terrenos de cultivo. Las autoridades brasileñas han manifestado su disposición a escuchar la postura boliviana, pero tal intención no se ha concretado de momento. Cuando el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) concedió la licencia ambiental para la construcción de la represa de Jirau, el pasado junio, lo hizo estableciendo 54 condiciones para mitigar sus impactos sobre el ecosistema. Sin embargo, esas mejoras no contemplan los efectos de la represa en territorio boliviano.
