Raúl Zapata se busca la vida de cuclillas en medio de un charco de agua amarillenta.
Con rítmicos movimientos circulares lava puñados de lodo y arena en una batea de madera para separarlos del oro que parece abundar en estas tierras.
Dice que se ha dedicado al "barequeo" -como se conoce en Colombia a esta modalidad de minería artesanal- desde que tenía 13 años, y hoy está cumpliendo 44.
"Es un trabajo duro", admite. "Pero toca hacerlo porque no hay nada más".
Estamos a las afueras de Caucasia, en el noreste del departamento colombiano de Antioquia y en pleno corazón de la región del bajo Cauca, donde se concentra la producción aurífera del país.
Hace algunos años mucha de la economía de esta zona giraba en torno al cultivo de la coca, pero según Zapata "eso ya prácticamente se acabó".
"En esta región la coca ha sido atacada duramente por el gobierno, se han erradicado los cultivos ilícitos a través de las aspersiones aéreas y a través de las erradicaciones manuales", confirma Ramiro Restrepo, el presidente de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia.
"Y mucha gente de esa que trabajaba en los cultivos ilícitos ahora ha incursionado en la minería, como los 'raspachines', que son los que cogen las hojas (de coca)", le dijo a la BBC.
Cada vez más precioso
La reconversión también se ha visto impulsada por el aumento sostenido del precio del oro.
El valor del mineral se ha incrementado todos los años durante los últimos once años, y en 2011 aumentó más del 20% con relación a 2010.
Como resultado viejas minas que hace una década ya no eran rentables han vuelto a ponerse en funcionamiento y las explotaciones mineras se han multiplicado por todo el país, en muchos casos sin ningún tipo de regulación o control.
Y los buenos precios del oro también han hecho de la minería una opción atractiva para los grupos armados ilegales que controlan o se financian con el narcotráfico, incluyendo a las guerrillas de las FARC.
"El éxito que hemos tenido en la lucha contra el narcotráfico -y hemos tenido bastante éxito- los ha obligado a buscar otras fuentes de financiamiento, y una de esas es la minería ilegal, especialmente el oro", le dijo a la BBC el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.
En algunos casos, la guerrilla controla directamente minas y maquinarias; en otros recibe un pago por el oro extraído.
Y ya hay regiones de Colombia donde el oro es la principal fuente de financiamiento de un conflicto que ya dura casi cincuenta años.
Esa no es sin embargo la única razón de la preocupación del gobierno colombiano.
"También estamos luchando contra la minería ilegal porque, al igual que el narcotráfico, tiene tremendas consecuencias para el medio ambiente", le dijo a la BBC el presidente Santos.
La tala de bosques y la erosión producida por las retroexcavadoras que cavan por todas partes en busca del mineral son parte del problema.
Pero más grave aún es el uso del mercurio para separar el oro de otros metales propio de la minería artesanal.
Según Naciones Unidas, Colombia ya es uno de los mayores contaminadores por mercurio del mundo.
Y en algunos municipios del noroeste del departamento de Antioquia los niveles del metal superan en 1.000 veces los máximos recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
¿Ilegal o tradicional?
Par a enfrentar estos problemas, el gobierno colombiano ha multiplicado sus operativos en contra de los mineros ilegales.
Pero la etiqueta de "ilegal" también aplica a la mayoría de los mineros artesanales, muchos de ellos herederos de tradiciones familiares que sienten que detrás del interés del gobierno por ordenar el sector hay algo más.
"Tenemos la percepción de que el gobierno nacional tiene una presión de las empresas multinacionales para que entregue las áreas mineras libres de mineros tradicionales", dice Restrepo, quien afirma representar a unos 120.000 pequeños y medianos mineros dedicados a la extracción de oro y carbón.
Pero esta versión es rechazada por las trasnacionales.
"Nunca se ha tenido la intención de desplazar a los mineros artesanales o informales y ciertamente esto no ha ocurrido", afirma por ejemplo la empresa sudafricana AngloGold Ashanti en uno de sus últimos reportes de actividades en Colombia.
"Por el contrario, AngloGold Ashanti ha colaborado en la legalización de mineros de pequeña escala, cooperativas y asociaciones mineras por todo el país sin ningún tipo de condición impuesta por prestar este tipo de asesoría", agrega.
Restrepo, sin embargo, ve las cosas de otra manera.
"La 'locomotora minera' del gobierno, que supuestamente jalonará el crecimiento (económico) del país está en términos de gran minería. Entonces nosotros somos "un estorbo" para los grandes proyectos mineros del país", aseguró.
Tensión
El líder sindical no niega los problemas del sector, incluyendo el involucramiento de grupos armados ilegales en la actividad.
"Sabemos que eso nos perjudica, porque nos relacionan con ellos. Pero no tenemos nada que ver con esa gente, somos víctimas de esa gente. Le corresponde a la fuerza pública acabar con ellos o sacarlos del negocio", le dijo a la BBC.
Y Tatiana Rodríguez, quien es la encargada de temas de minería de la organización ambientalista colombiana CENSAT, no cree que desde un punto de vista ambientalista la llegada de las grandes multinacionales sea necesariamente una mejor opción.
Antes bien, casos como el de la empresa surafricana Anglo Gold Ashanti, que está interesada en desarrollar proyectos mineros de gran escala en el departamento de Chocó -la región colombiana de mayor biodiversidad- o el de la canadiense Greystar, que quería hacer lo propio en los páramos de Santurban -la principal fuente de agua del departamento de Santander - hasta que las protestas populares obligaron a un cambio en la legislación, son un ejemplo de los problemas que preocupan a los ambientalistas colombianos.
Y Rodríguez es de la opinión de que el gobierno no está haciendo suficientes esfuerzos para educar a los mineros artesanales y ayudarles a adoptar prácticas más amigables con el medio ambiente.
"No se ha apostado por una institucionalidad que les permita reconvertirse, que permita la existencia de una minería nacional a menor escala", le dijo a BBC Mundo.
Por lo pronto, los esfuerzos de las autoridades por ordenar el sector y acabar con la minería ilegal también han generado tensión.
Según Ramiro Restrepo, el 80% de la actividad económica de la región del bajo Cauca actualmente gira en torno a la búsqueda y comercialización del oro.
Y lo que para el gobierno es una actividad ilegal, para muchos es el único medio posible de subsistencia.
"Y si el gobierno impediría la mina (sic), me pregunto yo, miles de familias que sobrevivimos de esto y que es la economía de nosotros los pobres, póngase ustedes a pensar, ¿qué podría hacer esa cantidad de gente?", pregunta Zapata.
Y él mismo ofrece una respuesta.
"Para mí que se incrementaría todo lo que es anormal".
