Tras los atentados del 11-S, el mundo ha cambiado para mal. Poco a poco se nos quitan las libertades. Cobra vigor ahora la frase que, desde EE. UU, hizo Benjamin Franklin, artífice de la Declaración de Independencia y padre de la Constitución: "Aquellos que sacrifican una libertad imprescindible para conseguir una seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad". Nada más producirse los atentados del 11-S se promulgó la Patriot Act, que ha supuesto restricciones a las libertades civiles, tanto allí como, por extensión, en todo el Mundo. Afortunadamente, esas restricciones ahora están sometidas a revisión por parte del presidente Barack Obama.
La era Bush nos ha traído la sociedad de la vigilancia, control de las comunicaciones, trazas, biometría, localización, seguimientos mediante control electrónico... Son realidades efectivas, aunque no tangibles. En parte, resulta esencial para facilitar los servicios que necesitamos, pero también resulta cuestionable, y puede resultar injustificable y opresiva. De hecho, la mayoría de la gente no sabe lo que significa, y la percibe como una historia de ciencia ficción y no de la vida cotidiana.
En Europa, la arrogancia de Bush y Tony Blair impusieron la nueva filosofía y la Unión Europea aprobó la controvertida Directiva 2006/24/CE, que incorpora aspectos básicos de la Patriot Act al imponer a las compañías de telecomunicaciones la obligación de conservar por un periodo de entre 6 y 24 meses numerosos datos de comunicaciones telefónicas, incluida información sobre la ubicación, y de Internet. La finalidad de esa directiva es trasponerla a los ordenamientos jurídicos de los distintos Estados miembros y así vencer la resistencia de los Parlamentos nacionales. España fue de los primeros Estados en incorporarla mediante la Ley sobre Conservación de datos de las Comunicaciones Electrónicas de 18 de octubre de 2007. Fue aprobada sin polémica, y sin que ninguna explicación haya sido facilitada a los ciudadanos, gracias a que el Gobierno supo desviar la atención de los medios evitando que se hicieran preguntas.
La poca información trasmitida ha sido interesada y sesgada. Interesada porque pretendía fomentar la identificación de los titulares de las tarjetas prepago ante las respectivas compañías, y sesgada porque casi nada se ha hablado del contenido y la finalidad de la ley.
La primera cuestión tiene implicaciones económicas ya que en noviembre de 2009 vence el plazo para cumplir con el requerimiento legal y las operadoras deberán dar de baja a las líneas no identificadas. Hasta el momento sólo se han identificado un 20%, lo que supone una importante disminución de los ingresos; sin embargo, la nueva ley origina nuevos gastos derivados del mantenimiento de los equipos de interceptación y de almacenamiento de datos, a lo que se tiene que añadir el nuevo canon sobre el ADSL.
La necesidad de la identificación se ha justificado en la lucha contra el terrorismo ya que las bombas del 11-M fueron detonadas mediante móviles con tarjeta prepago. Pero los vehículos desde siempre han estado identificados con placas de matricula y eso no ha supuesto ningún obstáculo para que ETA cometa sanguinarios atentados como está demostrando.
En segundo lugar, se ha encubierto el objetivo pretendido: que no es más que el almacenamiento de los datos de las comunicaciones, tanto de telefonía fija, móvil, telefonía por Internet e Internet, necesarios para rastrear e identificar el origen de la comunicación y su destino, lo que incluye los nombres y las direcciones de los abonados o usuarios, la fecha, hora y duración de una comunicación. Y los necesarios para identificar la localización del móvil tanto de la parte que efectúa la llamada, como de quien la recibe. También las conexiones a Internet son controladas y catalogadas.
Toda esta acumulación de datos se produce sin que el ciudadano haya cometido ningún delito, ni de motivo alguno para ser tratado como sospechoso. Muchas personas pueden sentirse observadas, y aunque es preceptiva la autorización judicial para la entrega de los datos, no está previsto un control judicial efectivo en relación con el procedimiento de entrega de la información, ni con la utilización posterior, ni está prevista la destrucción o anonimato de los datos cuando no sean necesarios, ni se impide su cesión a terceros. Por otra parte, no son organismos estatales, sino compañías privadas de telefonía las encargadas de interceptar y custodiar los datos. Existe un riesgo de abuso y fuga de datos. ¿¡Quis custodiet ipsos custodies¡? (¿Quién guarda a los guardias?)
