No era una prestigiosa abogada ni practicaba el activismo ambiental.
Tampoco cuenta con una titulación secundaria superior ni alberga
conocimientos sobre química o ciencias biológicas. Sofía Gatica es,
sencillamente, una madre argentina que cuando
perdió a su hija al poco de nacer
por una repentina parada de riñón decidió averiguar por qué. Desde
aquel momento, hace casi 13 años, emprendió una lucha por acabar con las
fumigaciones sobre los campos de plantaciones de soja que rodean
Ituzaingó, un barrio en la provincia de Córdoba (Argentina) con cientos
de casos parecidos al suyo.
Sus reivindicaciones le han hecho
valedora del premio Goldman 2012, considerado como el Nobel de Medio Ambiente. Fundó, junto con otras vecinas afectadas,
el grupo 'Madres de Ituzaingó'
y recorrió el municipio puerta por puerta para documentar y demostrar
los efectos nocivos para la salud del glifosato, el herbicida más
vendido del mundo, comercializado por la multinacional Monsanto. Los
resultados desprendieron datos alarmantes: niños con malformaciones,
problemas respiratorios y de riñón, lupus, púrpura, leucemia y un
altísimo porcentaje de afectados por cáncer (alrededor de 300 en una población de tan sólo 6.000 habitantes).
"El problema es el enorme negocio que hay detrás", asegura a
Público
Gatica, de gira estos días por Europa para contar su experiencia y
reunirse con otros colectivos ambientalistas en la Good Food March
(marcha por los buenos alimentos) que culminó este miércoles en Bruselas
en protesta por la repercusión de las políticas agrarias en la sociedad
y la inminente reforma de la PAC.
En efecto, el cultivo de
esta leguminosa se mueve en un círculo cerrado. Cerca del 80% de los
terrenos agrícolas en Argentina están
dedicados al cultivo de soja transgénica, esto es, soja cuyas semillas han sido modificadas genéticamente para hacerlas resistentes al glifosato o
Roundup,
como se vende en el mercado. Tanto las semillas como el agroquímico
que debe tratarlas son propiedad de la compañía norteamericana Monsanto.
"A medida que crecieron las plantaciones de soja y por ende
las fumigaciones, aumentan las malformaciones en los niños. Además, la
cantidad de
glifosato necesario para tratar los cultivos
va aumentando por la resistencia que desarrollan las plantas", asegura
María Godoy, otra de las ‘madres' que acompaña a Gatica en su
movilización.
Entre otras cosas, ambas han cruzado a este lado
del charco para advertir de los "riesgos" que entrañan los transgénicos,
una cuestión con fuertes posiciones contradictorias dentro del mismo
seno comunitario. Mientras que el rechazo al cultivo de estos alimentos
ha ido creciendo en buena parte de Europa, España no sólo ha aumentado
el número de hectáreas dedicadas a los organismos genéticamente
modificados (OGM), sino que acapara la gran mayoría de esta agricultura.
Según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, de las 114.624 hectáreas que hay en Europa de cultivos
transgénicos, el 85% (97.326 hectáreas) son españolas. En todas se
cultiva la variedad de
maíz MON810, también de la empresa Monsanto
y también cuestionado por diversos estudios independientes, entre ellos
el patrocinado por el Ministerio de Medio Ambiente y Salud de Austria,
que evidenció problemas significativos en el descenso de la fertilidad
en ratones alimentados con esta variedad de grano.
En todo caso,
y aunque las superficie de cultivos biotecnológicos en Europa supone
sólo el 0,1% del total de terrenos agrícolas, la importación de este
tipo de productos, sobre todo la soja transgénica, dedicada en su mayor
parte a la
elaboración de piensos para la ganadería,
se mide en millones de toneladas. "La Unión Europea está importando
toneladas y toneladas de soja transgénica envenenada de Argentina para
consumo animal. Y estos animales son consumidos por todos los habitantes
de Europa y a la larga van a tener las mismas consecuencias que estamos
teniendo nosotros", denuncia Gatica.
La dependencia europea de los cultivos transgénicos provenientes de
terceros países es enorme. Según la Federación Europea de Fabricantes de
Alimentos Compuestos (FEFAC), el 68% de la materia prima de proteína
que se utiliza en la alimentación animal en la UE se compone de harina
de soja. Sólo el 2% es producida dentro de las fronteras comunitarias.
El resto
se importa, mayoritariamente de Argentina (el 51%).
"Acá
y allá, estamos peleando por lo mismo, que no nos impongan qué comer,
que los cultivos salgan de los campesinos, de los pequeños productores y
no de las multinacionales. Se está haciendo un genocidio encubierto a
nivel mundial. Se está matando gente, destruyendo el planeta y nadie
dice nada", lamenta.
El glifosato no está prohibido en la Unión Europea, aunque sí se
encuentra dentro de la lista de compuestos químicos que serán revisados
en 2015. Debido a la controversia que ha generado este producto,
Monsanto ha dedicado
un espacio en su página web
para desmentir la supuesta alta toxicidad del agorquímico. En él
asegura que "los herbicidas a base de glifosato se encuentran entre los
de menor riesgo respecto de sus efectos para la salud y el ambiente".
Por su baja toxicidad, añade, "es un herbicida
utilizado con éxito en más de 140 países
del mundo desde hace 30-40 años, y su seguridad ha sido ratificada por
organismos internacionales como la EPA (Environmental Protection Agency
de los Estados Unidos) y por su inclusión en el Anexo I de la Directiva
91/414/CE (Comunidad Europea)".
Pese a los múltiples estudios que se realizaron en Ituzaingó gracias a
la presión del colectivo de vecinas, las fumigaciones masivas cercanas a
zonas pobladas no están prohibidas en todo el territorio nacional. Un
informe de 2009 encargado por la presidenta Cristina Fernández reveló
que sólo en este pequeño barrio cordobés
el 33% de la población muere de cáncer
y que aproximadamente el 80% de los menores tienen entre 6 y 7 tipos de
agroquímicos en la sangre. Sin embargo, sólo algunas directivas a nivel
local y provincial limitan estas prácticas. Gatica y las demás ‘madres'
luchan por que se apruebe una ley con vigencia para todo el Estado,
donde se estima que cerca de 12 millones de personas están en riesgo de
contaminación.
