La propuesta inicial del Gobierno fue rechazada por gran parte de la Red, cuyo principal exponente fue un manifiesto firmado por bloggers e internauta.
El Consejo de Ministros de España revisará las nuevas medidas sobre las descargas en Internet contenidas en una disposición adicional del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible.
La lucha contra la "piratería" digital es el objetivo último de estas medidas, que pretenden hacer compatible el derecho de los usuarios con el de los creadores de contenidos.
El procedimiento que estudia el Ejecutivo podría pasar por combinar un proceso de "autorización" judicial rápido (de menos de un mes) para el cierre de las páginas webs denunciadas por facilitar la descarga de contenidos sujetos a derechos de autor, con otro proceso administrativo previo en el que los responsables de las mismas puedan hacer alegaciones y que podría prolongarse hasta tres meses.
El órgano clave será la futura Comisión de Propiedad Intelectual dependiente del Ministerio de Cultura.
Este tema fue muy controvertido en las últimas semanas en España. Incluso el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, llegó a precisar que no se cerraría ningún sitio en Internet sin la previa intervención de un juez.
Por su parte, la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, declaró en el Congreso que "ningún ciudadano será desconectado de Internet sin la intervención de un juez", respondiendo así a una interpelación urgente del PP para que el Gobierno aclarase su postura en torno a la posibilidad de cerrar páginas web sin autorización judicial.
Entonces, el PP recriminó a la titular de Cultura su "falta de liderazgo" en la resolución de este asunto, "que se ha cocinado desde Presidencia de Gobierno sin su consentimiento", criticó el diputado José María Lassalle.
Tras conocerse las intenciones del Gobierno, el PP calificó de "razonable" que el Ejecutivo exija autorización judicial previa para cerrar páginas web aunque también expresó sus dudas de que "ésta sea realmente su intención" dados los vaivenes que, a su entender, mostró el Gobierno con la llamada "ley antidescargas".
La propuesta inicial del Gobierno encontró el rechazo de gran parte de la Red, cuyo principal exponente fue el manifiesto "En defensa de los derechos fundamentales en Internet" suscrito por periodistas, bloggers e internautas. Este documento, apoyado por más de 200.000 personas a través de Facebook, protestaba por la inclusión de modificaciones legislativas "que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet".
Precisamente, un pequeño grupo de los firmantes de este documento acudió a una serie de reuniones con representantes políticos para modificar la citada disposición. Los blogueros Ignacio Escolar, Enrique Dans o Julio Alonso, entre otros, iniciaron esta ronda con representantes del ministerio de Cultura, si bien no consiguieron llegar a un acuerdo.
Por el contrario, sí recibieron el apoyo de PP, IU, CiU y Coalición Canaria, y arrancaron incluso de los 'populares' una promesa de acudir al Tribunal Constitucional en caso de salir adelante esta medida.
La Asociación de Internautas también criticó una medida "totalmente confusa", al considerar fuera de lugar "propuestas de este tipo tras la aprobación del canon digital". Esta organización tiene previsto reunirse este sábado junto a varios representantes de usuarios, blogueros, activistas y artistas para "plantear y coordinar las necesarias acciones para la defensa de los derechos civiles en Internet".
La Coalición de Creadores también dejó oír su voz a mediados de diciembre cuando hizo pública una carta al presidente del Gobierno en la que mostraba su malestar e "indignación" y exigía que el Ejecutivo "no dé marcha atrás" en ninguno de los aspectos planteados en el anteproyecto de ley.
A este respecto declararon, según informó la agencia Europa Press, que la propuesta del Gobierno "es de mínimos" y recordó que en países como Francia o el Reino unido "las medidas son mucho más duras e incluyen a los usuarios, lo que en España no sucede".
Para la Coalición de Creadores, que agrupa a medio centenar de entidades e instituciones vinculadas al mundo de la Cultura y el Audiovisual, es imprescindible una regulación urgente contra la 'piratería' en Internet ya que consideran que "está en juego el futuro del país". La Coalición se comprometió a garantizar "una oferta legal en Internet al máximo nivel mundial".
