La posibilidad de que el Estado argentino nacionalice
a Yacimiento Petrolíferos Fiscales (YPF), propiedad de la española
Repsol, ha provocado un fuerte declive en el valor en bolsa de la
compañía explotadora de hidrocarburos.
En lo que va de 2012, en el mercado bursátil
estadounidense como en el argentino el valor de la acción se ha
desplomado casi 40%.
La caída del precio del título se aceleró este jueves tras circular
con fuerza la versión de una nacionalización inminente de YPF por parte
del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Incluso circuló una versión de un proyecto
legislativo de nacionalización en el Congreso, en el que el Estado
argentino pretendería hacerse con la mitad de la empresa. No obstante,
ningún funcionario gubernamental salió a confirmar la autoría del
proyecto legal.
Se esperaba que Fernández de Kirchner se refiriese al tema en una alocución el jueves en la noche, pero no fue el caso.
Desde hace varias semanas la prensa cercana al
oficialismo en Argentina viene indicando que habrá en mayor o menor
medida una intervención gubernamental en el negocio petrolero. Lo que
faltaría por definir es la fórmula.
Además, varias provincias argentinas han revocado la concesión para
operar a YPF-Repsol en al menos 10 pozos (ninguno con cantidades
significativas de producción) por una supuesta falta de inversión. Un
señalamiento que ha rechazado la empresa.
Sin embargo, ante lo que se ha venido
construyendo, al menos en la opinión pública, como una nacionalización
inminente, el gobierno español salió este miércoles a dar una reacción
anticipada.
"El Gobierno de España defiende los intereses de
todas las empresas españolas, dentro y fuera. Si en alguna parte del
mundo hay gestos de hostilidad hacia esos intereses, el Gobierno los
interpreta como gestos de hostilidad hacia España y hacia el Gobierno de
España", señaló este jueves el ministro de Industria español, José
Manuel Soria.
"El Gobierno (español) lo que sí dice es que si hay gestos de hostilidad, estos traerán consecuencias", agregó.
¿Pero, que consecuencias puede tener una eventual nacionalización de la petrolera de Repsol en Argentina?
Escenarios
Los precedentes, más inmediatos, en América
Latina no arrojan una respuesta clara antes las posibles consecuencias
para un país que opta por nacionalizar sus recursos naturales.
En los últimos años Bolivia y Venezuela
transitaron el camino de la nacionalización de partes significativas de
sus industrias petroleras.
Ambos países declararon sus recursos naturales
como estratégicos y pasaron a tomar control de ellos con una fuerte
presencia estatal.
En el caso venezolano se ofreció compensación a
las petroleras tras un decreto legislativo aprobado por el primer
mandatario (habilitado para tal efecto por el Congreso).
Varias aceptaron lo ofrecido, pero dos de las
empresas petroleras afectadas -dos estadounidenses- aún demandan al
Estado venezolano ante un tribunal del Banco Mundial para que se les
pague la compensación que ellos estiman correcta. En respuesta Venezuela
clic
dejó de reconocer al tribunal.
En el caso boliviano la nacionalización se
inició con un referéndum popular, en 2004 y luego con la confirmación
vía decreto por parte del presidente Evo Morales, en 2006.
Bolivia negoció con varias trasnacionales el
cambio de mando, incluyendo empresas estadounidenses, británicas y hasta
la propia Repsol.
Aunque aún hoy en día una compañía británica sigue demandando al Estado boliviano ante la Corte de La Haya.
En el caso argentino, aún no está claro si una
eventual nacionalización provocará un conflicto con la casa matriz de
Repsol en España.
"No necesariamente significa que habrá un
problema si ocurre una estatización, porque si se ofrece una
compensación sustanciosa no debería haber problemas", señaló a BBC Mundo
el analista en relaciones internacionales, especializado en temas
económicos, Andrés Serbin.
Cambio estructural
Argentina importó casi US$10.000 millones en
combustible en 2011, lo que significó un aumento de 110% con respecto al
año anterior.
Para 2012, las estimaciones de importación de hidrocarburos no son menores.
Las autoridades buscan reducir este costo
mediante un aumento en la producción local. Con ese argumento el
gobierno acusa a Repsol (y otras empresas transnacionales del ramo) de
no invertir suficiente y llevarse todas las ganancias a la casa matriz y
no colocarlas en la economía local.
Repsol repartió 90% de lo obtenido en Argentina
en dividendos a sus accionistas, en un momento en que España atraviesa
una severa recesión.
Pero este hecho coincide con un cambio estructural en Argentina.
Desde 2010, este país sudamericano comenzó a importar petróleo por
primera vez en su historia, luego de ser tradicionalmente un exportador
de hidrocarburos.
Por ello, para algunos analistas la eventual
nacionalización de YPF pasa por la creación de un nuevo modelo
energético en Argentina.
"Un paso intermedio, pero efectivo –con utilidad
también a mediano plazo– sería declarar de interés público los
hidrocarburos y, en consecuencia, terminar con la libre disponibilidad
del recurso extraído del que hoy gozan las petroleras. Sería una forma
de empezar a adaptar los marcos legales argentinos a lo que ocurre en la
mayor parte de los países petroleros soberanos, que consideran el crudo
un recurso estratégico y no un
commodity cuyo destino lo
decide quien lo extrae", escribe Raúl Dellatorre, analista en asunto
económicos del diario Página 12, de los pocos medios que tiene acceso
privilegiado a las fuentes oficiales.
"Una estatización tampoco tiene que ser vista
como algo malo necesariamente, si se mantienen los niveles de inversión y
se trabaja en modernizaciones y la búsqueda de nuevos yacimientos. Pero
inevitablemente requerirá de asociaciones privadas para ello", señaló
Serbin.
Tal fue el caso de las asociaciones que firmó
Venezuela, en su gran corazón petrolero de la Faja del Orinoco, en donde
licitó numerosos campos de petróleo pesado (siempre manteniendo al
menos 51% del proyecto) a empresas chinas, rusas, estadounidenses,
iraníes, japonesas, entre otras.
"También hay que recordar que cuando Petróleos
de Venezuela fue nacionalizada en 1976, por el gobierno de Carlos Andrés
Pérez, la empresa inició un camino de transformación que la llevó a ser
de las mejores del mundo", apuntó el analista.
En el caso argentino hay un gran desafío:
analistas privados estiman que el gobierno necesitaría de unos US$6.000
millones para extraer más petróleo, de modo que se reduzcan
sustancialmente los niveles de importaciones.
Y hay dudas sobre si dicho capital estaría
disponible, y en especial sobre el tiempo que llevaría cubrir la demanda
energética con nuevas exploraciones internas, que no sería menor a
cinco años.
YPF fue privatizada por el presidente Carlos
Menem a principios de la década de los años 90, con el apoyo de la hoy
mandataria Fernández y su fallecido esposo y ex jefe de Estado, Néstor
Kirchner. En aquel momento era considerada la empresa pública que más
ganancias daba. Según la revista Forbes, su facturación anual ascendía a
US$3.906 millones.
Por los vientos que soplan, muchos apuestan a que será muy pronto cuando termine su vida como empresa privada.