El país que más depende de las exportaciones de tecnología atómica empuñó ayer las armas con las que piensa controlar la memoria de lo ocurrido en el reciente desastre nuclear de Fukushima, en Japón. En el marco del proceso internacional de análisis de la catástrofe y de propuestas de más seguridad, París, como presidente del G-20, acogió ayer un seminario con la participación de 35 países. Y blindó por completo los estudios futuros para garantizar que sólo los científicos autorizados por la industria nuclear podrán analizar los accidentes.
La casualidad ha hecho que la catástrofe de Fukushima ocurriera en un año en el que Francia, el país más nuclearizado del planeta, preside el directorio mundial del G-8 y el G-20. Por eso ayer era París quien pilotaba el "seminario ministerial" que debe formular las propuestas post-Fukushima para el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la crucial conferencia internacional del 20 de junio próximo.
Sólo expertos internos
El borrador de las "conclusiones de la presidencia" distribuido ayer no deja lugar a dudas. Si bien los países van camino de comprometerse en que "es esencial reforzar la coope-ración internacional en la continua mejoría de la seguridad nuclear", también les parece seguro que sólo los científicos que ya trabajan para la industria nuclear y los que están certificados por la Agencia de la Energía Nuclear (la AEN de la OCDE) y por el propio OIEA deberán poder suministrar estudios y peritajes sobre lo ocurrido en Fukushima.
En el borrador de siete páginas de las conclusiones no se menciona la necesidad de crear líneas de financiación para que los científicos independientes investiguen.
Y ello cuando, hasta en el terreno diplomático, hoy se reconoce que la acción exterior mejora si se implica en ella a los expertos externos.
Quedan así excluidos de los futuros estudios, en particular, los ingenieros nucleares del laboratorio independiente francés CRII-RAD, y ello pese a que ese laboratorio sí es solicitado en Francia por su reconocida competencia. No en vano, se trata en su mayoría de expertos que abandonaron el Comisariado de la Energía Atómica (CEA) u otras instituciones nucleares galas después del desastre de Chernóbil,
al constatar que el Gobierno había utilizado la apariencia de seriedad científica para afirmar que la nube de la central ucraniana se había parado en la frontera francesa.
El surrealismo de la posición francesa ayer fue tal que, en el dossier de prensa, el Gobierno francés llega a felicitar al japonés por la "transparencia" de su información durante la crisis.
A partir de ese "amplio consenso que se ha dibujado entre los participantes" según la presidencia francesa fue fácil para los 35 países (entre los que España decidió estar, pero no al máximo nivel) alcanzar acuerdos sobre la necesidad de someter sistemáticamente las centrales nucleares a los llamados test de resistencia o auditorías de seguridad. Esos análisis deberían ser periódicos. Y en la definición de sus normas, jugarán un papel cada vez más preponderante según la intención francesa tanto el OIEA como la AEN y la OCDE, organizaciones que tienen, en sus textos fundacionales, la obligación de promover la energía nuclear.
"La comunidad internacional ahora debe tomar buena nota de las lecciones" de Fukushima, reza el texto. Pero ello, no para administrar una reducción progresiva de la energía atómica, sino para "reforzar más la seguridad nuclear en términos de prevención" e incluso para ser mejores de cara a la futura "gestión de accidentes a gran escala".
El OIEA fue invitado por
Francia a "revisar los estándares de seguridad" y a "velar por su buena aplicación" en cuanto a normas de construcción y de explotación de centrales. Son terrenos en los que París asegura ser el modelo a seguir.
"La idea de que son necesarias más revisiones por los pares, además de los test de resistencia, es una idea que ha sido desarrollada constantemente en torno a la mesa", declaró la ministra francesa de Ecología, Nathalie Kosciusko-Morizet, quien, como presidenta del seminario, reconoció en rueda de prensa que no se ha abordado la cuestión de un cierre del sector nuclear, como el decidido por Alemania o como el que podría plantearse en Italia si así lo decidieran los votantes en el referéndum que se celebrará el próximo fin de semana.
Las conclusiones, hoy
La ministra presentará hoy las conclusiones del seminario a los representantes de las autoridades de seguridad nuclear de unos 35 países, reunidos también en París. Esas autoridades, cuyo reforzamiento han solicitado los gobiernos, transmitirán luego todas las pistas de trabajo al OIEA.
El texto presentado por Francia es larguísimo y a menudo transforma las pistas en una sopa de siglas. Estima que hay que "reforzar" las cuatro convenciones internacionales sobre seguridad nuclear que fueron firmadas tras Chernóbil. Asegura que se va a potenciar el RANET, una red de ayuda mutua en caso de accidente.
Dice que hay que mejorar el sistema internacional de información sobre incidentes (USIE). Dispositivos, todos ellos, que ya existían.
Sólo en un terreno la declaración parece contener una novedad. El OIEA deberá incluir ahora en sus exigencias de base "normas adicionales para la construcción y puesta en marcha de centrales nucleares en áreas de riesgo sísmico, y en áreas que puedan estar expuestas a otro tipo de acontecimientos exteriores".
El aspecto propagandístico francés del "seminario internacional" quedó patente por la tarde. La organización invitó a la prensa a unos laboratorios del CEA donde se trabaja sobre riesgos de accidentes. En uno de ellos se enseñó a la prensa una pieza de un metro por un metro sesenta, el
Recombiner, de la que se dio a entender que "habría evitado el accidente de Fukushima" porque, sin electricidad, transforma el hidrógeno en vapor dentro del recinto del reactor. Pero el minuto de publicidad no funcionó: al cabo de la tercera pregunta insistente de la prensa, el científico tuvo que reconocer que el
Recombiner no logra evitar explosiones en caso de accidente grave.
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