Si no se producen cambios de última hora, el Congreso brasileño votará entre hoy y mañana la alteración del Código Forestal, que desde 1965 establece las áreas protegidas en Brasil. El proyecto de reforma, presentado por el diputado comunista Aldo Rebelo con el apoyo de la llamada
bancada ruralista el influyente sector político que protege los intereses de la industria agropecuaria, plantea la disminución de las áreas protegidas en el país, en beneficio del avance del área cultivable.
El Código actual determina la existencia de Áreas de Preservación Permanente (APP) situadas en zonas de riesgo de inundaciones y deslizamientos y que sólo pueden ocuparse para la realización de obras de interés público. La ley
establece la protección de un área de 30 metros en los márgenes de los ríos, que con la reforma disminuiría hasta los 15 metros.
Además, el Código vigente obliga a los agricultores a mantener una
reserva legal, esto es, un área protegida dentro de todas las propiedades rurales. El porcentaje varía entre el 80% del área en la selva amazónica y el 20% en el sur del país. La reforma propuesta por Rebelo flexibiliza estas áreas en las propiedades que no superen una determinada extensión: pasaría del 80 al 50% en el Amazonas, por ejemplo. Y es que Brasil alberga uno de los mayores pulmones del planeta. De sus 850 millones de hectáreas, más del 60% (537 millones de hectáreas) son de vegetación. Un estudio de Greenpeace calcula que se deforestarían unos
85 millones de hectáreas; otras asociaciones ambientalistas amplían esa cifra.
El otro punto polémico de la reforma es que otorgaría la amnistía a aquellos propietarios que actualmente ocupan áreas ilegalmente. Según los ecologistas, esto daría más fuerza a una cultura de la impunidad que ya predomina en Brasil, donde unos 83 millones de hectáreas de áreas protegidas están ocupadas ilegalmente en la actualidad.
La justificación para la reforma es la necesidad de una actualización de la normativa, en un país donde más del 90% de los 5,2 millones de propiedades rurales están en situación de ilegalidad. Para los defensores de la reforma, ampliar el área cultivable es imprescindible en un momento histórico en que debe triplicarse la producción agrícola, y Brasil es uno de los principales graneros del planeta.
Poca productividad
Los movimientos ecologistas están de acuerdo en que es necesario actualizar y mejorar la normativa, pero aseguran que para producir más alimentos no es necesario renunciar a la protección: bastaría con utilizar los 61 millones de hectáreas que, según las estimaciones de SOS Florestas órgano que reúne a varias organizaciones ecologistas y de investigación ambiental, se destinan actualmente a la explotación ganadera de bajo rendimiento, con una productividad de apenas 0,7 cabezas de ganado por hectárea, tres o cuatro veces menos que en países como Estados Unidos, y que el propio Brasil hace unas décadas. Según un estudio de la Universidad de São Paulo,el área cultivada en Brasil se duplicaría con sólo utilizar esas áreas. Y según un informe de WWF,
menos de un 5% de la producción actual está localizada en estas áreas protegidas.
No sólo los ecologistas han criticado el proyecto. La comunidad científica brasileña insiste en la necesidad de atrasar la votación para estudiar mejor el tema y promover un diálogo transparente con la sociedad brasileña. Como los ecologistas, los científicos abogan por aumentar la eficiencia y la productividad, en lugar de por la reducción de las áreas protegidas, para aumentar la producción agrícola.
La Asociación Brasileña de Ciencias (ABC) y la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia (SBPC) afirman que el proyecto se basa "en la premisa errónea de que no hay más área disponible para la expansión agrícola" y señalan que "en algunos puntos del proyecto se generalizan números que no son aplicables en todos los lugares",
una generalización que "no tiene sentido desde el punto de vista científico", según Helena Nader, presidenta de la SBPC. Según los cálculos de los investigadores, de aprobarse el proyecto de ley disminuiría en un 31% el área protegida por las APP.
La SBPC y la ABC han enviado al Congreso el estudio
El Código Forestal y la ciencia: contribuciones para el diálogo, en el que especifican sus críticas al proyecto. Entre otras, que las reservas legales y las APP abrigan insectos polinizadores sin los que las cosechas de cultivos como la soja, el café o el maracuyá pueden sufrir caídas de entre el 40 y el 100%.
Lo decía con otras palabras la senadora Marina Silva, del Partido Verde (PV), en un artículo publicado el pasado domingo en la
Folha de São Paulo: "No usar con sabiduría esos recursos es matar la gallina de los huevos de oro. () Es absurdo oponer
productores rurales y ambientalistas, producción agrícola y medio ambiente".
Según expertos de tres universidades brasileñas, en dos cartas dirigidas a la revista
Science, la reforma del Código llevaría a "una disminución de la biodiversidad, a un aumento en la emisión de gases perjudiciales para la atmósfera y a un aumento de las pérdidas de suelo por la erosión, así como a pérdidas irreparables en servicios ambientales de los cuales la propia agricultura depende sobremanera".
Desastres naturales
Los científicos señalan además que la reforma no sólo tendría efectos ambientales, sino víctimas humanas: más cultivos y ocupaciones de los márgenes fluviales aumentarían la probabilidad de inundaciones, en un país donde este tipo de catástrofes se cobran la vida de centenares de personas cada año. Según el Ministerio de Medio Ambiente brasileño, más de un millón de personas fueron afectadas por algún tipo de desastre natural entre 2000 y 2007.
El negocio agropecuario alcanzó exportaciones record en los últimos años, por unos 80.000 millones de dólares en 2010. Pero tiene también sus riesgos: se considera que el sector es el mayor responsable de la deforestación de la selva amazónica, por encima incluso de los sectores minero y maderero. En 2004, cuando la deforestación llegó a su mayor nivel, Brasil se convirtió en el
cuarto país del mundo en emisiones de gases de efecto invernadero.
Ahora que Brasil quiere consolidarse como un país de referencia en la prevención medioambiental y la lucha contra el calentamiento global, los expertos señalan los riesgos de que una alteración del código ambiental vuelva a disparar los niveles de deforestación y, con ello, el de emisiones.
Rebelo insiste en que su reforma, apoyada por el agronegocio, pretende favorecer al pequeño agricultor. Sin embargo, el Movimiento de los Sin Tierra (MST) y la Vía Campesina se han manifestado en contra de disminuir las áreas protegidas.
Si el proyecto consigue pasar el trámite del Congreso, será enviado al Senado y, de ser aprobado también por la segunda Cámara, necesitará la aprobación de la nueva presidenta Dilma Rousseff,que tiene derecho de veto. Rousseff prometió en campaña electoral que vetaría la reforma del Código Forestal "si no se presentase una propuesta razonable", pero no especificó con claridad con respecto a la propuesta defendida por Rebelo y los ruralistas.
Publico
