BBC Mundo
Hace más de dos años que son el principal motivo de enfrentamiento entre el campo y el gobierno en Argentina, pero este martes podría marcar el principio del fin de las polémicas "retenciones agropecuarias", como se conoce a los aranceles impuestos por el Estado sobre la exportación agrícola.
El 24 de agosto caducó el plazo que daba al Ejecutivo poder de decisión sobre una serie de asuntos que originalmente competían al Congreso. Las llamadas "facultades delegadas" incluyen la potestad para fijar los derechos de exportación e importación, que forman parte del Código Aduanero.
Las más de 200 leyes que a partir de este martes vuelven a estar bajo el control del Poder Legislativo refieren a varios temas, incluyendo el abastecimiento, la emergencia económica y la reforma del Estado, entre otros, pero las atribuciones que tienen que ver con los derechos de exportación son las que más han generado controversia.
Y es que las retenciones agropecuarias son una de las principales herramientas de recaudación del Estado argentino.
"La soja es el principal bien que produce el país y el 98% de lo que se cosecha se exporta, por lo que ese cultivo tiene un enorme impacto fiscal", explicó a BBC Mundo el economista Jorge Elustondo, especialista en temas rurales.
A comienzos de 2008, la decisión de aumentar los aranceles sobre la soja y otros granos fue lo que causó una dura protesta de los productores agrarios, que paralizó el país durante los primeros meses de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y aún hoy genera roces entre el campo y el gobierno.
Los opositores en el Congreso advirtieron a las autoridades que no volverán a prorrogar el uso de las facultades delegadas, como ocurrió en otras ocasiones desde que éstas fueron cedidas al Poder Ejecutivo en 1853. Lo que de por sí marca, según analistas, un punto de inflexión histórico en el ejercicio del poder en Argentina.
Posturas diversas
Los principales bloques de la oposición informaron que buscarán crear una comisión bicameral para adecuar la antigua legislación retomada por el Congreso y anunciaron que presentarán al menos dos dictámenes para dejar sin efecto las retenciones vigentes.
Sin embargo, los diversos partidos políticos se mostraron muy divididos a la hora de decidir cómo aplicarán desde el Legislativo los derechos sobre la exportación agraria.
Los sectores de centro-izquierda y centro-derecha proponen que todos los cultivos, menos la soja y el maíz, dejen de pagar aranceles para fomentar su producción, que ha caído fuertemente en los últimos tiempos.
En tanto, los representantes de la izquierda proponen un esquema de segmentación por el cual los productores más pequeños dejarían de pagar las alícuotas mientras que los más grandes pagarían según el volumen exportado.
¿Qué dice el gobierno?
Por su parte, el gobierno se mostró tranquilo ante la caducidad de las facultades delegadas.
El presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Eduardo Fellner, señaló que si bien a partir de ahora vence la potestad del Poder Ejecutivo para establecer retenciones, para imponer un nuevo esquema de alícuotas es necesario aprobar una ley.
Algunos analistas dudan de que una oposición tan fragmentada logre alcanzar la mayoría necesaria para aprobar una nueva norma.
Sin embargo Felipe Noguera, de la consultora política FNC, afín al campo, aseguró a BBC Mundo que "existe un consenso entre la oposición para ir quitando las retenciones gradualmente para no desfinanciar al Estado y mientras tanto segmentar los aranceles existentes".
Grietas en el campo
Los políticos no son los únicos divididos en torno a qué hacer con las retenciones agropecuarias: también los representantes del campo mostraron fuertes diferencias.
La caducidad de las facultades delegadas generó divisiones en el seno de la llamada Comisión de Enlace, que agrupa a las cuatro principales entidades del campo, y que –hasta ahora- había logrado mostrar un frente unido en sus prolongadas negociaciones con el gobierno.
El presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, que representa a los productores más pequeños, amenazó con abandonar la Comisión si no se apoya el esquema de segmentación de retenciones.
Hugo Biolcatti, titular de la Sociedad Rural –que representa el sector más poderoso del campo y que en el pasado mantuvo intereses contrapuestos con la FAA- envió un mensaje conciliador, asegurando que todas las entidades apoyarán la segmentación.
El dirigente aclaró, no obstante, que "la idea es bajar las retenciones a cero".
En la actualidad la soja –que este año produjo una cosecha récord de 55 millones de toneladas- tiene aranceles del 35%, mientras que los del maíz alcanzan el 20%.
