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Publico.
El tijeretazo en los presupuestos de I+D para el año 2010 ha provocado una insólita carambola que afecta a la soberanía nacional. España podría perder 200.000 kilómetros cuadrados de aguas territoriales, correspondientes a la ampliación de las fronteras submarinas en torno a Canarias, por el drástico recorte de la inversión en el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), el organismo de investigación más afectado, y en otros centros científicos.
La Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, con sede en Nueva York, establece que un Estado puede reivindicar la soberanía sobre los fondos marinos más allá de las actuales 200 millas desde su costa, si demuestra con datos científicos que la plataforma continental va más allá de ese límite. El pasado 24 de marzo, la Convención concedió a España una ampliación de 78.000 kilómetros cuadrados de su zona marítima económica exclusiva en el Cantábrico. Y el 11 de mayo, una delegación española solicitó otra extensión de 50.000 kilómetros cuadrados en el margen gallego.
Gracias a estas ampliaciones, España tendrá acceso a los recursos naturales en estos fondos marinos: gas, petróleo y valiosas reservas de minerales, como hierro, cobalto y níquel.
Una mengua del 30%
Sin embargo, la extensión al oeste de las islas Canarias, unos 200.000 kilómetros cuadrados, está bloqueada. La recogida de datos científicos para justificar la ampliación de la soberanía ante Naciones Unidas requiere un par de buques, el Sarmiento de Gamboa, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, y el Hespérides, de Defensa. Pero la autorización para utilizar los barcos no llega, pese a que se solicitó, en diciembre de 2008.Y sin estudio científico será imposible ensanchar las fronteras submarinas de España.
"Hay buena voluntad, pero no hay dinero", se lamenta el coordinador científico del proyecto de ampliación de la plataforma continental española, Luis Somoza, también asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en este ámbito. El Ministerio de Ciencia e Innovación, dirigido por Cristina Garmendia, ha recortado, de media, un 13,2% el presupuesto para 2010 de los organismos públicos de investigación, como el IGME, el CSIC y el Instituto Español de Oceanografía, las tres instituciones científicas que participan en el proyecto. El IGME ha sido el peor parado: la reducción presupuestaria del Ministerio de Ciencia e Innovación se ha llevado el 30% de sus fondos.
Para conseguir la ampliación del Cantábrico, fueron necesarias dos campañas oceanográficas, con un coste de unos 300.000 euros cada una. España, por lo tanto, ha invertido tan sólo 7,7 euros por cada kilómetro cuadrado que ha obtenido bajo el mar.
Portugal se vuelca
El equipo científico español tiene que presentar su informe en Nueva York antes del 11 de mayo de 2014. "Vamos muy justos, tenemos que empezar a elaborarlo ya", se lamenta Somoza.
"Si no hubiera crisis, ya habríamos comenzado", añade. El plazo se agota, no sólo por la complejidad del estudio, sino porque Portugal ya ha presentado su propuesta y se solapa con cientos de kilómetros cuadrados que, teóricamente, podrían corresponder a España.
El Gobierno de José Sócrates se ha volcado con la ampliación de sus fronteras submarinas. Ha creado un grupo de geólogos, geofísicos, abogados y asesores en política internacional con rango de Secretaría de Estado sólo para este fin. El pasado 11 de mayo, Lisboa transmitió a Naciones Unidas su proyecto para extender sus aguas jurisdiccionales en torno a los archipiélagos de Las Azores y Madeira. "El Gobierno portugués incluso ha comprado un submarino autónomo, que nosotros no tenemos. Sin medios no podemos hacer nada", explica Somoza, que investiga en el IGME.
Marruecos también podría entrar en la batalla por los fondos marinos y mordisquear el terreno reivindicable por España. Además, desencadenaría un conflicto diplomático. El rey Mohamed VI podría solicitar la extensión de las fronteras submarinas en la costa del Sáhara Occidental, un territorio ocupado por Marruecos, aunque la ONU no reconoce la soberanía marroquí. "Si presentan la ampliación del margen saharaui, habrá que discutir si pertenece a Marruecos o no", zanja Somoza.
La disputa internacional por el suelo oceánico va mucho más allá del patrioterismo. Los tesoros naturales submarinos han hecho que medio centenar de países ya hayan presentado sus propuestas de ampliación,
incluyendo países vecinos como Francia, Irlanda, Reino Unido y Portugal. En Brasil, fue directamente el gigante energético Petrobras quien puso el dinero sobre la mesa para extender las fronteras bajo el mar.
"Al oeste de Canarias hay gas, seguro, y también puede haber costras polimetálicas explotables de hierro y manganeso", opina Somoza. En marzo de 2009, las compañías españolas Repsol y Gas Natural descubrieron un yacimiento de gas a 40 kilómetros de la costa marroquí, frente a la ciudad de Larache. El hallazgo forma parte de un programa de Repsol para explorar arenas contenedoras de gas en la costa oeste de África y en las islas Canarias. La petrolera española está esperando la autorización del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino para llevar a cabo prospecciones en aguas canarias, en yacimientos ya fichados, pero el proceso está paralizado por un litigio con el Gobierno autonómico, según fuentes de la empresa. "Todavía no se ha perforado, no se sabe si es rentable, pero tenemos indicios de que es gas, porque salen a la superficie unas burbujas enormes", explican. Sin embargo, Repsol resta interés a los supuestos yacimientos de gas al oeste de las islas. "Si todavía no hemos conseguido perforar en las aguas al este de Canarias, ¿qué importancia tiene que haya gas al oeste?", se preguntan las mismas fuentes.
"No entra en la cabeza"
El investigador del Centro Oceanográfico de Málaga Víctor Díaz del Río, que también participa en el proyecto de ampliación de la plataforma continental española, es más optimista que su colega Luis Somoza:
"Se nos ha echado encima el problema de la crisis, pero no entra en la cabeza de nadie que un Estado deje pasar la oportunidad de ampliar sus aguas jurisdiccionales por una circunstancia económica".
El oceanógrafo subraya que Canarias es una zona difícil de estudiar, con grandes pendientes, pero se mantiene esperanzado ante el futuro del proyecto. "Un estudio concienzudo requiere varios años, pero si el Gobierno habilita los recursos técnicos y humanos podemos llegar a cumplir el plazo establecido", considera Díaz del Río. "Esto no tiene por qué terminar en un desastre, estamos en manos de personas responsables que, antes o después, tendrán que habilitar los medios", vaticina.
Un tamaño similar a media España
330.000 km2 como objetivo
El objetivo de la delegación española es conseguir una ampliación de 330.000 kilómetros cuadrados de nueva plataforma continental, equivalente a más de la mitad del tamaño de la España emergida, incluyendo las islas.
78.000 km2 conseguidos
Hasta la fecha, la ONU ha aprobado una extensión de 78.000 kilómetros cuadrados en aguas del mar Cantábrico. España había pedido una ampliación de 90.000 kilómetros cuadrados en agosto de 2006, con datos obtenidos por el ‘Hespérides’.
250.000 km2 pendientes
La propuesta de ampliación en Galicia, ya presentada, alcanza los 50.000 kilómetros cuadrados. En Canarias podría llegar a 200.000 kilómetros cuadrados.
