El nuevo acuerdo global contra la piratería y las falsificaciones, alcanzado en la madrugada del domingo en Tokio, reclamará a los 37 países firmantes que "ordenen" a una empresa que ofrezca conexión a internet a "revelar expeditivamente" a las sociedades de derechos de autor la "información suficiente para identificar a un cliente cuya cuenta haya sido utilizada para una violación del copyright".
El acuerdo, conocido como las siglas ACTA y en el que se incluyen la Unión Europea o EEUU, abre así la puerta a que las compañías que ofrecen conexión pasen de intermediarias a responsables de la persecución de infracciones del copyright a petición de los gestores de los derechos, algo a lo que se oponen el sector de las telecomunicaciones y las asociaciones de internautas. Un alto funcionario de la UE cercano a la negociación aclaró ayer, a preguntas de Público, que "el acuerdo no obliga a cambiar nada en las leyes europeas", aunque sí marca el camino a seguir. "Es una indicación de cuál es la mejor práctica o qué es lo positivo", reconoció, destacando que es el primer pacto internacional que trata la aplicación de las leyes de propiedad intelectual desde 1995.
El texto ha añade además que los firmantes del acuerdo "deberán" perseguir la "distribución de una aplicación o producto, incluyendo programas de ordenador" diseñados para esquivar el cumplimiento de las leyes de derechos de autor. La exigencia se aplica a esos programas sí son utilizados masivamente para violar el copyright aunque no fuese diseñados para ello, algo que puede interpretarse como una amenaza a los programas de intercambio de archivos peer to peer (o P2P). Para que entre en vigor, los 37 países que comenzaron a negociar el acuerdo en 2007 tendrán que dar su visto bueno al acuerdo junto al Consejo de Ministros de la UE y la Eurocámara.
El acuerdo ACTA se negoció en secreto hasta abril de este año, cuando se hizo público un borrador. El Parlamento Europeo, que desde entonces ha celebrado numerosos debates sobre la neutralidad de la Red y la persecución de los delitos relacionados con los derechos de autor. En septiembre, la cámara denunció por última vez el secretismo de las negociaciones y en abril aprobó una resolución en la que expresaba sus preocupación por que el acuerdo afectase a los derechos fundamentales o la protección de datos de los ciudadanos europeos.
Para la asociación de internautas La Quadrature du Net, una de las más activas contra el acuerdo, lo acordado es "peligroso" y "puede alterar profundamente el ecosistema de internet al transformar a los intermediarios técnicos en policía privada del copyright", según un comunicado. El pacto no se limita sólo a la Red, sino que engloba toda violación del copyright, falsificación o contrabando de medicamentos sujetos a patente o denominación de origen. Para estos delitos, los 37 países piden sanciones penales, multas y reparación de daños.
Fuentes europeas explicaron que la UE tiene "más interés que EEUU" en perseguir la falsificación de marcas y productos con denominación protegida, algo "que cada vez se compra más a través de internet". Sin embargo, para las autoridades norteamericanas, el copyright ha centrado sus exigencias por el peso de su sector audiovisual y musical. El texto contempla "procedimientos penales y multas" para "la copia sin autorización de obras cinematográficas desde una representación en una sala generalmente abierta al público". En otras palabras: los que graben una película recién estrenada con una cámara de vídeo y la suban después a internet podrían enfrentarse a penas de cárcel.
El acuerdo, conocido como las siglas ACTA y en el que se incluyen la Unión Europea o EEUU, abre así la puerta a que las compañías que ofrecen conexión pasen de intermediarias a responsables de la persecución de infracciones del copyright a petición de los gestores de los derechos, algo a lo que se oponen el sector de las telecomunicaciones y las asociaciones de internautas. Un alto funcionario de la UE cercano a la negociación aclaró ayer, a preguntas de Público, que "el acuerdo no obliga a cambiar nada en las leyes europeas", aunque sí marca el camino a seguir. "Es una indicación de cuál es la mejor práctica o qué es lo positivo", reconoció, destacando que es el primer pacto internacional que trata la aplicación de las leyes de propiedad intelectual desde 1995.
El texto ha añade además que los firmantes del acuerdo "deberán" perseguir la "distribución de una aplicación o producto, incluyendo programas de ordenador" diseñados para esquivar el cumplimiento de las leyes de derechos de autor. La exigencia se aplica a esos programas sí son utilizados masivamente para violar el copyright aunque no fuese diseñados para ello, algo que puede interpretarse como una amenaza a los programas de intercambio de archivos peer to peer (o P2P). Para que entre en vigor, los 37 países que comenzaron a negociar el acuerdo en 2007 tendrán que dar su visto bueno al acuerdo junto al Consejo de Ministros de la UE y la Eurocámara.
El acuerdo ACTA se negoció en secreto hasta abril de este año, cuando se hizo público un borrador. El Parlamento Europeo, que desde entonces ha celebrado numerosos debates sobre la neutralidad de la Red y la persecución de los delitos relacionados con los derechos de autor. En septiembre, la cámara denunció por última vez el secretismo de las negociaciones y en abril aprobó una resolución en la que expresaba sus preocupación por que el acuerdo afectase a los derechos fundamentales o la protección de datos de los ciudadanos europeos.
Para la asociación de internautas La Quadrature du Net, una de las más activas contra el acuerdo, lo acordado es "peligroso" y "puede alterar profundamente el ecosistema de internet al transformar a los intermediarios técnicos en policía privada del copyright", según un comunicado. El pacto no se limita sólo a la Red, sino que engloba toda violación del copyright, falsificación o contrabando de medicamentos sujetos a patente o denominación de origen. Para estos delitos, los 37 países piden sanciones penales, multas y reparación de daños.
Fuentes europeas explicaron que la UE tiene "más interés que EEUU" en perseguir la falsificación de marcas y productos con denominación protegida, algo "que cada vez se compra más a través de internet". Sin embargo, para las autoridades norteamericanas, el copyright ha centrado sus exigencias por el peso de su sector audiovisual y musical. El texto contempla "procedimientos penales y multas" para "la copia sin autorización de obras cinematográficas desde una representación en una sala generalmente abierta al público". En otras palabras: los que graben una película recién estrenada con una cámara de vídeo y la suban después a internet podrían enfrentarse a penas de cárcel.
