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Este otoño, Alemania vivirá el renacimiento de un clásico de los movimientos políticos de los años ochenta: las marchas antinucleares. Los partidos de la oposición, organizaciones medioambientales y sindicatos convocaron ayer una serie de protestas contra la decisión del Gobierno de centroderecha de la canciller Angela Merkel de prolongar la vida de las centrales nucleares del país.
En 2001, la coalición de socialdemócratas y verdes había decretado el fin de la energía nuclear en Alemania. Según ese plan, el último de los 17 reactores hubiera dejado de funcionar en el año 2025.
Tras semanas de discusiones y presiones de la industria energética, el domingo por la noche la coalición de democristianos y liberales llegó a un compromiso para conceder una prórroga a las plantas atómicas. Respecto al plazo de la coalición rojiverde, los reactores pueden estar conectados una media de 12 años más, con lo cual el último seguirá en funcionamiento por lo menos hasta 2040.
Merkel aseguró ayer que el nuevo plan energético es "ni más ni menos que una revolución". Con la prolongación de la vida de las centrales nucleares, Alemania ganará tiempo para ampliar las energías renovables, según explicaba la canciller ante los medios en Berlín. En la actualidad, el 16% del consumo de energía en Alemania se cubre con fuentes renovables, frente al 23% de la energía nuclear. "Tendremos el suministro energético más limpio y eficiente del mundo", prometió la jefa del Gobierno.
Sin embargo, los críticos, incluyendo la industria de tecnologías renovables, afirmaron que la prórroga supondrá un revés, ya que los grandes consorcios afectados las alemanas Eon, RWE, EnBW y la sueca Vattenfall frenarán sus inversiones en fuentes de energía alternativas gracias a disponer de electricidad barata. Los Verdes calculan que en 2020 se habrá instalado un 21% menos de fuentes de energías renovables respecto a lo previsto hasta ahora debido a la prórroga nuclear.
Merkel y sus ministros insistieron en que la energía atómica servirá sólo como "puente" hacia un futuro de plantas solares y eólicas. Y las grandes eléctricas deben pagar por ello. En 2011 y 2012, las cuatro empresas que se benefician de la prolongación de sus reactores deben pagar 300 millones de euros al año cada una para el desarrollo de renovables y, después, 200 millones anuales hasta 2016.
Más caro les saldrá a las energéticas el impuesto especial que cobra el Estado a cambio de permitir la mayor vida de las centrales: entre los cuatro deben pagar 2.300 millones de euros al año hasta 2016. Todo este dinero va destinado a reducir el abultado déficit presupuestario de Alemania, un suculento ingreso adicional que acababa de convencer a los ministros más recalcitrantes a conceder una prórroga a la energía atómica.
La oposición acusó ayer al Gobierno de Merkel de haber sido comprado por la industria energética. "Nunca en Alemania se ha visto de forma tan descarada cómo los políticos ceden ante el dinero", dijo el presidente del Partido Socialdemócrata (SPD), Siegmar Gabriel. Y Jürgen Trittin, de los Verdes quien fue el ministro de Medio Ambiente que certificó el fin de la energía nuclear en 2001, afirmó que el acuerdo "es un regalo multimillonario para RWE, Eon, EnBW y Vattenfall". Las acciones de estas empresas salvo Vatten-fall, en manos del Estado sueco subieron ayer en bolsa.
Merkel es consciente del "eco negativo" que provoca la decisión. Por ello, el acuerdo también prevé que las eléctricas inviertan en mejorar la seguridad de las centrales que siguen abiertas. Sin embargo, aún no hay solución definitiva para almacenar los residuos. La prolongación de diez años de las centrales producirá 6.000 toneladas de residuos radioactivos, según un estudio de Greenpeace publicado antes de conocerse la decisión del Gobierno alemán.
La oposición confía sobre todo en los tribunales para frenar los planes del Gobierno federal. La canciller aseguraba ayer que la prolongación de la vida de las nucleares no precisa de la aprobación en el Bundesrat, la Cámara Alta del Parlamento alemán que representa a los estados federados. La coalición no tiene mayoría en esta cámara, por lo cual los partidos de la oposición podrían vetar el plan nuclear. El SPD ya ha anunciado que llevará el caso ante el Tribunal Constitucional.
Mientras, queda por ver si las protestas antinucleares la primera gran jornada será el próximo 18 de septiembre adquirirán la misma fuerza que las movilizaciones en los ochenta que no pocas veces terminaron en batallas campales con la policía.
