Los correos electrónicos, el uso de Internet, los mensajes de móvil (sms) y las llamadas telefónicas de cada británico serán controlados por numerosos organismos públicos, según una propuesta de la Home Office. Si el Gobierno británico ya impulsó una norma destinada al control de datos con fines antiterroristas, ahora la medida estará destinada a objetivos más amplios, como la «prevención del crimen» o «la protección del interés público». A la información podrán tener acceso ayuntamientos, autoridades sanitarias y oficinas de correos, entre otros.
El Gobierno británico lleva trabajando desde hace tres años, tras los atentados en el metro de Londres en julio de 2005, para conseguir tener acceso a nuevas medidas de control de la ciudadanía. Con este fin buscó el consenso de la Unión Europea para promover una nueva directiva que permitiese un mayor registro de datos. La directiva está en proceso y en el futuro será aplicable a todos los países miembros. Por el momento, no se incluye el acceso al contenido de los emails, las llamadas o los sms, sino sólo a los detalles de cuándo y dónde se da cada comunicación y a quién va destinada.
En la actualidad, ya es obligatorio en Reino Unido que las grandes empresas de telecomunicaciones, como BT, Orange o O2, mantengan un registro del tráfico de las llamadas de cada ciudadano desde teléfonos fijos y móviles. Almacenar los datos de correo electrónico durante doce meses pasará a ser imperativo. El Gobierno británico ha anunciado, además, que en otoño tiene previsto ir un paso más allá, con una nueva propuesta por la cual todas las empresas estarían obligadas a incluir la información en una extensa base de datos gubernamental a la que autoridades policiales y otros organismos públicos podrían tener acceso directo.
Amplio rechazo
Un portavoz de la Home Office defendió las nuevas medidas alegando que el acceso a este tipo de información es una herramienta fundamental para preservar la seguridad nacional. «Estos datos permiten a los investigadores identificar a sospechosos, examinar sus contactos y establecer relaciones entre ellos, y además posibilitan identificar muchas oportunidades forenses y detectar a posibles testigos o lugares de interés». «Numerosas coartadas pueden ser demostradas o descartadas a través de los datos que proveen las empresas de telecomunicaciones; sin la nueva directiva, todas esas oportunidades se perderían», aseguró.
Sin embargo, los planes gubernamentales han encontrado el rechazo de amplios sectores de la sociedad. Dominic Grieve, portavoz del gabinete de la oposición, declaró ayer: «Una vez más, el Gobierno ha demostrado ser incapaz de resistir la tentación de apropiarse de un poder diseñado para combatir el terrorismo y ejercerlo para fisgonear en la vida de las personas ordinarias, en todo tipo de circunstancias».
En la misma línea, Chris Huhne, portavoz del partido de los Demócratas Liberales, señaló: «Nos dirán que estas medidas son para luchar contra el terrorismo y el crimen organizado, pero pronto veremos que se usarán para espiar a los ciudadanos, a sus hijos y hasta a sus mascotas». Son muchas las organizaciones civiles que denuncian, desde hace tres años, cuando el Gobierno formuló por primera vez la necesidad de ampliar las medidas de control sobre la ciudadanía, que las propuestas podrían significar un recorte de libertades inédito en un país en el que los derechos a la intimidad y la libertad individual se consideran preciados tesoros.
