La pornografía infantil 'huye' a las redes P2P

La lucha contra la pornografía infantil 'online' se está volviendo más complicada debido a que estos contenidos cada vez se concentran más en las redes de intercambio de archivos P2P.
Guillermo Cánovas, presidente de la asociación Protégeles explicó en declaraciones a ELMUNDO.es que en los últimos años han visto una disminución de las denuncias a páginas que alojan este tipo de contenidos. Así, mientras que en 2007 se recibieron 685 denuncias sobre páginas que alojaban pornografía infantil en España y en 2008 la cifra aumentó a 696, en 2009 y 2010 sólo se recibieron 208 y 40 denuncias, respectivamente.
Esto, explica Cánovas, no quiere decir que haya menos pornografía infantil en la Red, sino que quienes distribuyen este tipo de contenido "están teniendo más problemas para distribuirlo".
Este hecho se debe a dos motivos. Por un lado, a que "en España se actúa" y la industria de Internet "se está implicando mucho". "Se toman medidas para impedir el alojamiento de los archivos y la eliminación de los ya existentes". Esto hace que se alojen los contenidos en otros países en donde son legales o no se lucha de la misma forma contra ellos.
Por otro lado, en los últimos años han observado cómo la pornografía infantil "se ha dirigido a las redes P2P". En estas redes es más difícil actuar. Además, en muchos casos los archivos se ocultan tras nombres que no corresponden con su contenido. Por ello, es necesario que alguien se los descargue por error y lo denuncie para poder localizarlos. De este modo se evita "la actuación de usuarios e industria de Internet".
En cualquier caso, todavía existe contenido ilegal en Internet, aunque hoy en día "es mucho más difícil encontrar una página gratuita". Obviamente, no se conoce cuál es el volumen de contenido que hay en la Red, pero desde Protégeles siguen combatiéndolo. Recientemente se crearon botones de denuncia anónima en las páginas de cuatro grandes operadores (Telefónica, Vodafone, Yoigo y Orange) y actualmente se está trabajando para implementar botones de denuncia rápida en los terminales móviles de estas compañías.
Una vez que reciben una denuncia, estudian el caso para ver si hay pruebas suficientes de delito y verificar que el contenido es ilegal en el país de origen. Después, remiten la denuncia a la autoridad competente. Desde la creación de la asociación han encontrado pruebas suficientes de delito en unos 12.000 casos y han recibido más de 175.000 denuncias sobre contenidos amenazantes para los niños: 'ciberbullying', suplantaciones de identidad, protección de datos...
Cánovas asegura que la actuación de Protégeles ha servido en operaciones policiales de todo el mundo, aunque no pueden dar un dato concreto, ya que normalmente no reciben información de los cuerpos policiales extranjeros.

Otras líneas de ayuda

Pero desde Protégeles no sólo combaten la pornografía infantil. La asociación, que recibe financiación principalmente a través de subvenciones de la Comisión Europea en el marco del Plan de Acción para un Uso Seguro de Internet (SIAP), también tiene líneas de ayuda dedicadas a problemas como el 'ciberacoso' escolar o los trastornos de la conducta alimentaria.
En concreto, su línea contra el 'ciberbullying' recibe aproximadamente un caso por día lectivo (entre 230 y 250 anuales, según Cánovas). "En la mayoría de los casos se resuelve el conflicto", comenta el presidente de la asociación. Además de recibir la denuncia, desde Protégeles se envían equipos de abogados y psicólogos, además de realizarse un trabajo de sensibilización en los centros.
En cuanto a la línea que combate los trastornos de la conducta alimentaria, recibe en torno a 250 denuncias anuales referentes a páginas que fomentan la anorexia o la bulimia. Al igual que en los casos de acoso, el trabajo no se limita a denunciar las páginas ante las autoridades, sino que también se trabaja con el menor, en ocasiones durante años.

Es delito

En la lucha contra la pornografía infantil, el Código Penal recoge varios suspuestos que pueden ser considerados delitos:
La inducción, promoción, favorecimiento o facilitamiento de la prostitución de una persona menor de edad o incapaz. (art 187)
La producción, venta, distribución, exhibición, por cualquier medio, de material pornográfico en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de edad o incapaces, aunque el material tuviere su origen en el extranjero o fuere desconocido. (art 189)
El facilitamiento de las conductas anteriores ("El que facilitare la producción, venta, distribución, exhibición..."). (art 189)
Con la reforma de noviembre de 2003 del Código Penal, se contempla por primera vez en España el delito de posesión de material pornográfico en cuya elaboración haya sido utilizado a un menor de 18 años (fotografías, vídeos, imágenes reales digitalizadas, archivos electrónicos, etc).
También se introduce el delito de producción, venta y difusión del pseudo-pornografía, es decir del material pornográfico donde no se haya utilizado directamente a un menor pero que emplee su imagen o voz alterada o modificada (es lo que se conoce en inglés como 'morphing').

¿Qué hacer ante archivos sobre pornografía infantil?

Tanto la ONG Acpi como La asociación Protégeles, que lleva trabajando desde 2001 por la protección de la infancia en la Red, recomiendan denunciar, bien directamente a la Policía o la Guardia Civil, bien a través de su línea de denuncia.
Ellos recogen denuncias tanto a través del teléfono como en un espacio en su página web. Esas denuncias, en las que está "garantizado el anonimato de la persona denunciante", son comprobadas por la asociación antes de ser remitidas a las brigadas de delitos informáticos de las fuerzas de seguridad del Estado.
También existe información sobre denuncias en el sitio web de la Unidad de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, aunque no se permiten hacer de forma telemática. Hay que descargarse un formulario y entregarlo en un juzgado o en un cuartel, adjuntando un documento de identidad.
Para denunciar el caso ante la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional, los trámites se pueden iniciar por teléfono o por Internet, aunque siempre hay que ratificar la denuncia por escrito y mediante la presentación de un documento de uidentidad acreditado. Otra vía para informar específicamente sobre Delitos Tecnológicos es la del correo electrónico, para lo cual existen dos direcciones: delitos.tecnologicos@policia.es o denuncias.pornografia.infantil@policia.es.

El Mundo

Irán acusa a Siemens de atacar sus instalaciones nucleares con el virus Stuxnet

Un comandante militar iraní acusó a la empresa alemana Siemens de ayudar a Estados Unidos y a Israel a lanzar un 'ciberataque' contra sus instalaciones nucleares, informó el domingo el diario local Kayhan.
Gholamreza Jalali, director de defensa civil en Irán, dijo que el virus Stuxnet, lanzado contra el programa atómico iraní, era obra de sus dos mayores enemigos y que la compañía alemana debería asumir algunas responsabilidades. Siemens, hasta el momento, ha declinado realizar comentarios sobre el particular.
"La investigación muestra que el origen del virus Stuxnet radica en Estados Unidos y en el régimen sionista", expresó Jalali. Jalali aseguró que Irán debe responsabilizar a Siemens por el hecho de que sus sistemas de control utilizados para operar maquinaria industrial, conocido como Control de Supervisión y Adquisición de Datos (SCADA por sus siglas en inglés), fueron infectados por el programa.
"Nuestros funcionarios deberían investigar el caso del programa SCADA de Siemens, que abonó terreno para el virus Stuxnet", dijo. "La empresa Siemens debe ser responsabilizada y explicar cómo y por qué dio a los enemigos la información sobre los códigos de la aplicación SCADA, pavimentando el camino para un 'ciberataque' en nuestra contra", afirmó.
Algunos expertos extranjeros han descrito a Stuxnet como un "cibermisil guiado" contra el programa nuclear iraní. Al contrario de otros funcionarios iraníes que han desestimado al Stuxnet, Jalali dijo que éste podría haber supuesto un mayor riesgo de no haber sido descubierto.
"Éste fue un acto hostil contra nosotros y pudo haber causado más daños humanos y materiales de no haber sido advertido prontamente", aseveró. Irán aportó pocos detalles sobre el impacto del virus. En septiembre dijo que los ordenadores de los trabajadores de la central nuclear de Bushehr fueron afectados pero que las instalaciones no habían recibido daños.
Bushehr, la primera central nuclear iraní y construida por Rusia, todavía no está operativa y ha superado varias fechas límites, aumentando las especulaciones de que fue afectada por Stuxnet, algo que Irán niega.
El embajador ruso ante la OTAN dijo en enero que el virus había golpeado el sistema informático Bushehr, y había expuesto a la planta a un desastre nuclear de la magnitud del accidente ocurrido en Chernóbil en 1986.
Analistas de defensa afirman que el principal blanco era el enriquecimiento de uranio, proceso en el que crea combustible para las plantas nucleares, que también es un componente de las bombas nucleares en caso de que su procesamiento sea más refinado.
Occidente acusa a Irán, uno de los principales productores de petróleo del mundo, de intentar desarrollar armas nucleares, algo que Teherán niega.

El Mundo

Facebook como plataforma para publicar series 'online'

¿Hay suficiente control en Facebook sobre los contenidos con copyright? Las dudas surgen a tenor de la colección completa de anime subida a sus servidores.
Facebook ofrece un entorno muy apropiado para albergar y compartir vídeo, y parece que se ha convertido en el sitio ideal para subir y ofrecer series 'online'. Es gratis, es fácil subir el contenido, no hay límite de cantidad y ofrece calidad y tiempos de carga rápidos para el usuario.

Todas el anime a un solo clic

Más allá de casos esporádicos, el ejemplo de AnimeID resulta sorprendente. Esta página web ofrece centenares de series de animación japonesas para visualizar gratis por 'streaming' desde la red social.
Generalmente ofrece vídeos en dos plataformas: Megavídeo, como la mayoría de páginas de enlaces, y Facebook. En efecto, la red social se ha convertido en su plataforma principal para la publicación de series. Ellos se encargan de subir las series completas, ya sea en castellano de América Latina o en japonés con subtítulos en castellano. Para dejar constancia de su tarea, en muchos de ellos dejan la marca de agua de su web.
Dada la limitación de 20 minutos que hay para los vídeos Facebook, publican las series divididas en tantos fragmentos como sea necesario, apoyándose en un reproductor único que las enlaza en forma de pestañas; una gran idea para aumentar la usabilidad del sitio.

¿En quién recae la responsabilidad?

En el debate sobre la piratería y los derechos de autor en la red existen distintas posturas respecto a qué es delito y qué no. En la justicia española, al menos hasta la publicación de la revisión de la legislación conocida como Ley Sinde, el decreto establece que compartir no es delito, como tampoco lo son las páginas que enlazan. La falta, por tanto, reside en albergar el contenido, así como en distribuirlo con ánimo de lucro.
En este caso, AnimeID está utilizando Facebook como plataforma para subir sus vídeos y ofrecérselos a sus lectores, por lo que no es responsable directo de este contenido, publicado sin licencia. Como han decretado los tribunales de varios países en conflictos semejantes, Facebook es responsable de que lo que suben sus usuarios y debe retirarlo una vez detectado, aunque el hecho de que AnimeID tenga ingresos a través de la publicidad podría cambiar el enfoque de ese debate.

El Mundo

Facebook como plataforma para publicar series 'online'

¿Hay suficiente control en Facebook sobre los contenidos con copyright? Las dudas surgen a tenor de la colección completa de anime subida a sus servidores.
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Todas el anime a un solo clic

Más allá de casos esporádicos, el ejemplo de AnimeID resulta sorprendente. Esta página web ofrece centenares de series de animación japonesas para visualizar gratis por 'streaming' desde la red social.
Generalmente ofrece vídeos en dos plataformas: Megavídeo, como la mayoría de páginas de enlaces, y Facebook. En efecto, la red social se ha convertido en su plataforma principal para la publicación de series. Ellos se encargan de subir las series completas, ya sea en castellano de América Latina o en japonés con subtítulos en castellano. Para dejar constancia de su tarea, en muchos de ellos dejan la marca de agua de su web.
Dada la limitación de 20 minutos que hay para los vídeos Facebook, publican las series divididas en tantos fragmentos como sea necesario, apoyándose en un reproductor único que las enlaza en forma de pestañas; una gran idea para aumentar la usabilidad del sitio.

¿En quién recae la responsabilidad?

En el debate sobre la piratería y los derechos de autor en la red existen distintas posturas respecto a qué es delito y qué no. En la justicia española, al menos hasta la publicación de la revisión de la legislación conocida como Ley Sinde, el decreto establece que compartir no es delito, como tampoco lo son las páginas que enlazan. La falta, por tanto, reside en albergar el contenido, así como en distribuirlo con ánimo de lucro.
En este caso, AnimeID está utilizando Facebook como plataforma para subir sus vídeos y ofrecérselos a sus lectores, por lo que no es responsable directo de este contenido, publicado sin licencia. Como han decretado los tribunales de varios países en conflictos semejantes, Facebook es responsable de que lo que suben sus usuarios y debe retirarlo una vez detectado, aunque el hecho de que AnimeID tenga ingresos a través de la publicidad podría cambiar el enfoque de ese debate.

El Mundo

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¿Hay suficiente control en Facebook sobre los contenidos con copyright? Las dudas surgen a tenor de la colección completa de anime subida a sus servidores.
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Más allá de casos esporádicos, el ejemplo de AnimeID resulta sorprendente. Esta página web ofrece centenares de series de animación japonesas para visualizar gratis por 'streaming' desde la red social.
Generalmente ofrece vídeos en dos plataformas: Megavídeo, como la mayoría de páginas de enlaces, y Facebook. En efecto, la red social se ha convertido en su plataforma principal para la publicación de series. Ellos se encargan de subir las series completas, ya sea en castellano de América Latina o en japonés con subtítulos en castellano. Para dejar constancia de su tarea, en muchos de ellos dejan la marca de agua de su web.
Dada la limitación de 20 minutos que hay para los vídeos Facebook, publican las series divididas en tantos fragmentos como sea necesario, apoyándose en un reproductor único que las enlaza en forma de pestañas; una gran idea para aumentar la usabilidad del sitio.

¿En quién recae la responsabilidad?

En el debate sobre la piratería y los derechos de autor en la red existen distintas posturas respecto a qué es delito y qué no. En la justicia española, al menos hasta la publicación de la revisión de la legislación conocida como Ley Sinde, el decreto establece que compartir no es delito, como tampoco lo son las páginas que enlazan. La falta, por tanto, reside en albergar el contenido, así como en distribuirlo con ánimo de lucro.
En este caso, AnimeID está utilizando Facebook como plataforma para subir sus vídeos y ofrecérselos a sus lectores, por lo que no es responsable directo de este contenido, publicado sin licencia. Como han decretado los tribunales de varios países en conflictos semejantes, Facebook es responsable de que lo que suben sus usuarios y debe retirarlo una vez detectado, aunque el hecho de que AnimeID tenga ingresos a través de la publicidad podría cambiar el enfoque de ese debate.

El Mundo

Google Vídeos cerrará sus puertas el 13 de mayo

La compañía liderada por Larry Page ha enviado un correo electrónico a los usuarios de su servicio de vídeos donde les informa de que éste cerrará sus puertas el 13 de mayo y les invita a descargar los vídeos que tengan alojados en esa plataforma antes de la fecha señalada.

El gigante de Internet ha enviado un correo electrónico a los usuarios de su servicio de vídeos informándoles que éste cerrará sus puertas el 13 de mayo e invitándoles a descargar los servicios que tengan alojados en esta plataforma antes de esa fecha.

En ese mismo correo, el gigante de Internet apunta que los clips alojados en Google Vídeos no podrán volver a reproducirse después del 29 de abril, aunque estarán disponibles para descarga en sus servidores durante dos semanas más.

La clausura de Google Vídeos ha sido la crónica de una muerte anunciada de un servicio que comenzó como competencia de Youtube antes de su adquisición por parte de los de Mountain View en octubre de 2006, y que terminó conviertiéndose en un simple buscador de vídeos en la red.

En enero de 2009, este servicio deshabilitó la opción que permitía a sus usuarios subir vídeos a sus servidores para que cualquier internauta los pudiese buscar desde su ordenador y desde entonces, Google ha descuidado cada vez más este canal en favor de Youtube.

La compañía liderada por Larry Page anunció hace unos días el lanzamiento de Youtube Live, un nuevo servicio de retransmisiones en directo de eventos de todo tipo que espera traer nuevos aires a uno de los productos más exitosos de la empresa.

ABC

Soporte genético, el futuro de la información

Puede que el biólogo y magnate de la genética J. Craig Venter haya conseguido emular a Dios o hackear la naturaleza, como tantas veces se ha cacareado desde que el estadounidense lograra, hace casi un año, reiniciar una célula vacía con un genoma sintético. Pero otra cosa muy distinta, que ni alguien tan poderoso como Venter podría soñar, es burlar los derechos de autor. Su atrevimiento fue citar a James Joyce en el ADN de su bacteria frankenstein. Y la respuesta del heredero del escritor, reclamar por uso ilícito.
El ADN consta de un código de cuatro letras que la maquinaria celular lee de tres en tres. Cada una de las 64 combinaciones posibles codifica, con redundancias, uno de los 20 aminoácidos de las proteínas. Dado que los aminoácidos se abrevian con una letra, con esos 20 caracteres y reemplazando los restantes se puede convertir cualquier texto a una cadena de A, T, C y G.

Con estas reglas, y a la hora de diseñar el cromosoma artificial para su bacteria, Venter insertó marcas de agua, unas secuencias chivato para distinguir su ADN del original. En estas etiquetas genéticas incluyó tres citas de personajes célebres que ilustran el espíritu del proyecto. Una de ellas pertenece al físico Richard Feynman: "Lo que no puedo construir, no lo puedo entender". Otra se extrajo de Retrato del artista adolescente, la novela de inspiración autobiográfica de James Joyce: "Vivir, errar, caer, triunfar, recrear la vida a partir de la vida".

Erratas y protestas

El proyecto triunfó y la bacteria de Venter vive. Pero el científico ha reconocido en una conferencia en Austin (EEUU) que su elección de citas no fue muy afortunada, según relató el periodista David Ewalt en su blog de Forbes. La primera sorpresa llegó por carta con remite de Caltech, el instituto tecnológico californiano donde Feynman acuñó su frase. La misiva contenía la prueba de que la cita era errónea: una foto de la pizarra en la que el Nobel había escrito, blanco sobre negro, "lo que no puedo crear, no lo entiendo". Venter confesó que había tomado la cita de internet.

El segundo disgusto lo provocó Stephen Joyce, nieto del autor de Ulises, al transmitir a Venter su "decepción" por el uso no autorizado de la cita. Por fortuna, según comunicó el Instituto J. Craig Venter, parece que el berrinche no llegará a los tribunales. En cuanto al error de Feynman, "se corregirá en la célula sintética", aseguró la entidad.
Pero más allá de la anécdota, ¿es el ADN un soporte viable para almacenar información? El biólogo y divulgador Carl Zimmer alerta de que, con el tiempo, las mutaciones irán alterando el mensaje hasta dejarlo "irreconocible". "La evolución es el gran enemigo", advierte en su blog. Además, se necesitaría un sistema más complejo de encriptación que comprendiera no sólo el alfabeto entero, sino cualquier información digital.
Un equipo de investigadores ha afrontado estos retos. En la última edición del concurso de biología sintética iGEM del Instituto Tecnológico de Massachusetts, científicos de la Universidad China de Hong Kong presentaron un sistema que traduce cualquier texto, previa conversión en caracteres ASCII, a un formato cuaternario que se transforma en una secuencia de ADN y finalmente se comprime. La cantidad de material genético que una bacteria puede albergar es limitada, pero si el texto es largo basta con aumentar el número de bacterias. Por ejemplo, la Constitución Española se codificaría en 139.262 bases (las letras del ADN) repartidas en 175 bacterias, un número insignificante. Los autores apuntan que un gramo de células guardaría la misma información que 450 discos duros de 2.000 gigabytes.
¿Suena a ciencia ficción? El trabajo demuestra que "los principios fundamentales son factibles", dijo a AFP el director del trabajo, Chan Ting Fung. Aldrin Yim, uno de los creadores del sistema, predice que "será posible guardar grandes cantidades de datos a largo plazo en una caja de bacterias en la nevera". Y no se refiere sólo a textos, sino a cualquier archivo digital binario. Los científicos atisban un futuro en el que las bacterias conservarán imágenes, música o vídeos, que podrán reproducirse con un equipo que extraiga el ADN, lo secuencie y lo descodifique. "Y las bacterias no se pueden hackear", afirman. Pero eso sí: los derechos de autor se seguirán aplicando.

Publico

El Gobierno creará una 'lista negra' de parcelas con transgénicos

El único país de Europa que apuesta claramente por el cultivo de transgénicos, España, pegará un golpe de timón en los próximos meses. El Gobierno prepara un registro obligatorio de parcelas cultivadas con maíz modificado genéticamente en el que los agricultores se tendrán que apuntar siempre antes de sembrar y mediante comunicación formal y expresa, según la hoja de ruta del Ejecutivo en materia de transgénicos, a cuyas conclusiones ha tenido acceso Público.
El documento asegura que "el Gobierno no incentivará el cultivo de transgénicos", aunque en la práctica lo desincentivará. Los propietarios de las tierras tendrán que comunicar en qué parcelas exactas plantan transgénicos, de qué tipo son y "las medidas adoptadas en cada cultivo para evitar contaminación externa". La creación de esta lista negra de agricultores transgénicos, con un indudable poder disuasorio, se concretará mediante un real decreto antes de que termine la legislatura.

Una plaga que causa estragos

La ministra Rosa Aguilar cambia así el paso marcado por su predecesora al frente del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, que siempre apoyó el cultivo de transgénicos en España. Aguilar, en cambio, defendió el programa electoral antitransgénicos de Izquierda Unida hasta que abandonó la formación para entrar en la Junta de Andalucía con los socialistas. Recién nombrada ministra, en diciembre de 2010, la exalcaldesa de Córdoba aseguró en una entrevista con este periódico que comía transgénicos "sin problemas".
En España se plantaron en 2010 unas 76.000 hectáreas de maíz con genes alterados en laboratorio, casi una cuarta parte del total del maíz nacional. Estas plantas modificadas genéticamente son resistentes a una plaga que causa estragos en Aragón y Catalunya: los llamados insectos del taladro o barrenadores del tallo. Cuando estos bichos mordisquean el tallo, una proteína tóxica para ellos paraliza su sistema digestivo y mueren.

A partir de la entrada en vigor del real decreto, los agricultores que quieran sembrar esta variedad resistente al taladro, desarrollada en origen por la multinacional estadounidense Monsanto, tendrán que retratarse en el registro y exponerse a la opinión pública. Según el último Eurobarómetro, de 2010, sólo el 35% de los españoles apoya el cultivo de organismos transgénicos. En 2002, el porcentaje alcanzaba el 61%. El temor de los ciudadanos es tal que el maíz sólo se dedica al consumo animal, porque ninguna empresa se ha atrevido a comercializarlo para las personas. Sin embargo, la misma encuesta revelaba que en el país de Europa con mayor superficie sembrada con transgénicos uno de cada cuatro ciudadanos no ha oído hablar nunca de esta tecnología.

Sin incentivos

El creciente rechazo de los españoles a los transgénicos no se corresponde con ninguna evidencia científica que indique peligro. El propio Ministerio explica en su página web que "no existe ningún estudio científico que demuestre que estos alimentos sean perjudiciales para la salud". La industria siempre ha esgrimido esta ausencia de riesgos para rechazar la creación de un registro de parcelas cultivadas con maíz modificado. La propia existencia de una lista negra ya siembra dudas sobre su seguridad, argumentaban.

Las organizaciones antitransgénicos, como Greenpeace o Amigos de la Tierra, sí reclaman desde hace años la creación de un registro público, como según ellos exige la legislación europea. Hasta la fecha, el Gobierno español había interpretado esas directivas de otra manera y sólo ha publicado el número de hectáreas transgénicas en cada comunidad autónoma, sin decir dónde se encuentran exactamente. En España no hay nada parecido a un registro. La superficie sembrada se calcula en función de las ventas de semillas modificadas genéticamente declaradas por las multinacionales.
La actualización del nuevo registro central será responsabilidad de las comunidades autónomas, según la hoja de ruta del Ejecutivo, que buscará "el máximo grado de consenso y participación de los sectores". El documento también señala que "el Gobierno de España no irá a más en primas e incentivos al cultivo de transgénicos", aunque en la actualidad no hay recompensas económicas para el cultivo de transgénicos, más allá del ahorro en insecticidas contra la plaga del taladro.

Tres Españas

El discurso del Gobierno ha cambiado por completo. En los papeles del Departamento de Estado de EEUU revelados por Wikileaks aparecía el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, pidiendo al embajador estadounidense presión en la UE a favor de los alimentos transgénicos. Pese a su supuesta seguridad absoluta, Austria, Francia, Alemania, Grecia, Hungría y Luxemburgo han prohibido su cultivo. Sólo España, la República Checa, Portugal, Rumanía, Polonia y Eslovaquia plantan organismos modificados genéticamente en la UE. Y, dentro de ellos, España cultiva aproximadamente el 80% del total europeo.
Ahora, el Ejecutivo parece sospechar. "Las autoridades científicas deben mantener un seguimiento continuado de la evolución y consecuencias de los cultivos, y las autoridades de gestión, tanto nacionales como regionales, deben acentuar el seguimiento y control de los cultivos", asegura el documento.
Si se confirman las trabas burocráticas a los transgénicos en nuestro país, la UE se quedará definitivamente descolgada del ritmo de los grandes países americanos y algunos asiáticos, como India y China. Si se trajeran a España todas las hectáreas de tierra cultivadas con transgénicos en todo el mundo en 2010, habría que recorrer el país desde Huelva hasta Girona y desde Cartagena hasta A Coruña atravesando un tupido campo de mazorcas de maíz, hilachas de algodón y granos de soja con sus genes modificados en el laboratorio. Y todavía faltarían otras dos Españas.
El año pasado, la cifra de transgénicos plantados en el mundo rozó por primera vez los 1,5 millones de kilómetros cuadrados. El 80% de la soja que se planta en el planeta ya es transgénica. Y el 65% del algodón. Y el 30% del maíz.
La UE, voluntariamente, se ha quedado fuera de este boom. En 1998, Bruselas aprobó el cultivo del maíz con genes modificados por la multinacional estadounidense Monsanto para ser resistente a la plaga del taladro. Desde entonces, nada. La UE sólo aprobó en 2010 una patata transgénica de la química alemana BASF, cuyo uso será residual, para obtener almidón para las industrias del papel, textil y de adhesivos.
Casi la mitad de todo lo plantado se encuentra en EEUU. Y el resto se reparte entre Brasil, Argentina, India y Canadá. El primer país europeo en esta lista es España, en el puesto 16, según el último informe del Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas. Además de cultivar maíz, España lo importa de EEUU y Argentina, igual que la soja y la colza transgénicas, cuya siembra no está autorizada en nuestro país.

Publico

Bruselas se enfrenta a un atasco de 66 variedades

En Bruselas hay un atasco de 66 productos transgénicos esperando autorización, 21 de ellos para cultivo y 45 para importar de los países que monopolizan el mercado mundial. En este atolladero burocrático de los transgénicos hay de todo: patata, girasol, soja, maíz, algodón. Y de todas las multinacionales: Monsanto, Syngenta, BASF, Bayer, Pioneer. Al actual ritmo de aprobación para cultivo, una cada 12 años, la UE acabará con la lista de espera dentro de 250 años.
El comisario europeo de Salud y Política de Consumidores, el maltés John Dalli, quiere eliminar este tapón. Llegó a su puesto en febrero de 2010 y un mes después la UE aprobó una patata de BASF, en la cola desde 2003. Cuatro meses más tarde, Dalli propuso cambiar la legislación europea para que sea cada país, y no Bruselas como ocurre ahora, quien permita o prohíba el cultivo de una planta transgénica en su territorio. España se opone a nacionalizar las decisiones.
"El actual sistema europeo de evaluación y autorización para cultivo no funciona", critica Esteban Alcalde, de Syngenta. Su compañía espera que la Comisión Europea apruebe su maíz Bt 11 "a lo largo de este año y la primera mitad de 2012". La UE ya lo importa desde EEUU, Argentina, Brasil y Canadá para dar de comer al ganado. Gustavo Portis, de BASF, estima que su patata Fortuna podría ser "aprobada en 2014". Sería la primera patata transgénica para consumo humano en la UE. Esta papa es resistente al tizón tardío, un hongo que arruina unos 14 millones de toneladas de patatas cada año. Monsanto confía en que su maíz NK603 llegue pronto a España.

Publico 

Ultimátum a las telecos que bloquean aplicaciones web

La Comisión Europea dará mañana un ultimátum a las empresas que ofrecen conexión a internet pero bloquean el uso de ciertos servicios, como los que permiten mantener conversaciones de voz a través de la red, o reducen la velocidad de programas de intercambio de archivos peer to peer (P2P).
La comisaria a cargo del sector de las telecomunicaciones, Neelie Kroes, presentará un informe en el que se analiza el estado de la neutralidad de la red que utilizan los ciudadanos de la Unión Europea. El documento, al que ha tenido acceso Público, promete "medidas estrictas", como cambios en la legislación comunitaria, para "prohibir el bloqueo de servicios" e "imponer obligaciones específicas" que destierren las "diferenciaciones de tráfico injustificadas".

Bruselas quiere acabar con el bloqueo de programas como Skype, imposible de utilizar en millones de teléfonos móviles europeos porque amenaza al negocio de las compañías de telefonía, que son a menudo las mismas empresas que comercializan la conexión a internet. Además, el Ejecutivo comunitario pretende impedir que las teleoperadoras discriminen el uso de programas P2P mediante el "estrangulamiento" de la conexión, al tiempo que la aceleran para el uso de programas de sus socios comerciales.
Para Bruselas, estas prácticas son "inaceptables bajo las nuevas normas que entrarán en vigor el 25 de mayo", según advierten fuentes comunitarias. Es entonces cuando acaba el plazo para la trasposición a las leyes nacionales del conocido como paquete telecom, una revisión de las reglas de internet aprobada hace dos años y que garantiza que "los usuarios finales pueden utilizar las aplicaciones o servicios que escojan". A partir de ese día, Bruselas da a las empresas que comercializan la conexión web seis meses para demostrar que cumplen con la neutralidad.
Desde la generalización de la banda ancha, el principio de neutralidad en la red se ha convertido en el gran caballo de batalla para las teleoperadoras, los usuarios de internet y los negocios online. Además del bloqueo de servicios, las primeras defienden la discriminación del tráfico de datos para garantizar que el cliente tiene acceso a los contenidos que le interesan. Según un ejemplo del informe, "la experiencia del usuario no se ve afectada si un email le llega unos segundos más tarde de ser enviado, pero un retraso similar en comunicaciones de voz podría hacer al servicio totalmente inútil".

Conexión a la carta

Sin embargo, los usuarios denuncian que los proveedores no pretenden sólo una discriminación técnica, sino nuevas fuentes de ingresos dando prioridad y rapidez a servicios y webs de sus socios comerciales. Estas prácticas ponen en entredicho el principio de neutralidad y libre acceso a contenidos y podrían desembocar en un internet a la carta del que sólo es posible escapar pagando más por la conexión. En un escrito remitido el año pasado a Bruselas, el Ministerio de Industria apoyó la posibilidad del "bloqueo, restricción o gestión de tráfico" que responda "a estrategias de carácter comercial".
Compañías de contenido online, como Google o Facebook, rechazan la red de varias velocidades, porque su propio éxito no habría sido posible si internet no fuese neutral. A menudo las empresas más innovadoras nacen de buenas ideas mal financiadas e incapaces de competir con los socios comerciales de las teleoperadoras.
En su informe, Kroes recuerda que "los consumidores deben poder ser capaces de cambiar a otro proveedor" en el plazo de un día para esquivar al que discrimine su manera de usar internet. Además, exige a las teleoperadoras que garanticen la velocidad de la conexión que ofertan. Pero la transparencia y la libre competencia "pueden no ser adecuadas para lidiar con restricciones", reconoce. Si a final de año la Comisión llega a esa conclusión, Kroes promete impulsar un cambio legislativo para corregirlo.

Las claves de la propuesta de la Comisión

1. Prohibición del bloqueo

El informe de la Comisión Europea amenaza con "prohibir el bloqueo de servicios" y evitar la reducción de la velocidad de la conexión para el intercambio de archivos a través de programas ‘peer to peer' (P2P).

2. Libertad de elección

A través de sus advertencias, la Comisión Europea exige a las compañías respeto al concepto de una red neutral, donde los usuarios tengan libertad para "utilizar las aplicaciones o servicios que escojan" libremente.

3. Publicidad engañosa

El Ejecutivo comunitario exige "transparencia" a los proveedores para que ofrezcan la velocidad de conexión que figura en sus reclamos publicitarios y permitan el cambio de operador en el plazo de un día.

4. Plazo de seis meses

La Comisión Europea presentará a finales de año sus conclusiones sobre el respeto a las nuevas reglas europeas, que deberán estar traspuestas a la legislación nacional el próximo 25 de mayo. Tras esos seis meses, Bruselas presentará directrices o cambios legislativos para asegurarse de que se están cumpliendo.
5. Libre competencia

Bruselas hace una clara apuesta por la competencia para asegurar que siempre habrá una compañía de telecomunicaciones que satisfaga al cliente, pero reconoce que el libre mercado "puede no ser adecuado" y que puede haber restricciones globales. No obstante, señala que en ese caso estaría justificado adoptar nuevas normas para proteger la neutralidad de la red.

Publico