Las cuentas son claras: Holanda posee una infraestructura penitenciaria para acoger a catorce mil presos pero el número actual es de doce mil, y esto, en una nación de clara mentalidad centroeuropea, es sinónimo de despilfarro de recursos.
Así pues, tras diferentes intentos para reajustar la situación, como el alquiler de cárceles a sus vecinos belgas, la ministra de justicia Nebahat Albayrak anunció hace unas semanas que se cerrarán ocho cárceles de todo el país, lo cual puede suponer la pérdida de unos mil doscientos puestos de trabajo.
Entre las razones del déficit de reos en los Países Bajos, se encuentran fundamentalmente la legalización de las drogas, así como un idílico modelo de respeto e igualdad social que ha contribuído a disminuir los índices de criminalidad.
No hay nada mejor que una comparación para entenderlo: Holanda cuenta con una población de unos 16,6 millones de habitantes, de los cuales, solo 12.000 son prisioneros; California, sin embargo, con casi el doble de población (36,7 millones), tiene 171.000 prisioneros (casi quince veces más), gran parte de ellos en la cárcel por fumar o vender marihuana.
Precisamente, y en el lado contrario, este es el argumento que esbozan muchos detractores de la medida en Holanda, que prefieren llenar las cárceles de jóvenes, antes que tenerlos en las calles. La polémica está servida.
