En un bando, Kenia, con el respaldo de países como Congo, Ghana, Liberia, Sierra Leona, Mali y Ruanda. Al otro, Tanzania y Zambia. Los primeros, parapetados en la fortaleza del actual veto al comercio de marfil, vigente desde 1989. En este baluarte, los segundos pretenden abrir una brecha que les permita colocar sus stocks de colmillos en el mercado legal. El teatro de operaciones es la conferencia del CITES en Doha, pero el conflicto podría cobrarse a las poblaciones de elefantes africanos como víctimas colaterales.
Los países reunidos en Qatar deberán decidir si acceden a la petición de Tanzania y Zambia. De concederse, sería la tercera exención parcial desde el veto, tras las dos autorizaciones de venta en 1999 y 2008 que beneficiaron en total a cuatro países: Namibia, Zimbabue, Botsuana y Suráfrica. Los destinatarios del marfil subastado fueron China y Japón, principales demandantes de este material. Las naciones favorecidas por las exenciones alegaban que la salida de los stocks saturaría la demanda de marfil, apaciguando el furtivismo, y que los beneficios irían destinados a la conservación, argumentos que el CITES compró.
Pero si la historia sirve como lección, los datos cantan que tanto la caza furtiva como el tráfico y el precio del marfil se dispararon con ambas aprobaciones, como destacaba ayer un artículo de opinión publicado en Science que esgrime razones poderosas para que el CITES no tropiece otra vez.
Los 27 firmantes, que incluyen elefantólogos de prestigio como Cynthia Moss, Joyce Poole o Iain Douglas-Hamilton, presentan datos que echan por tierra el argumentario del levantamiento parcial. Desde el veto, las capturas de alijos ilegales han roto marcas en 2002, 2006 y 2009. "Cada año desaparece más de un 8% de la población de elefantes a manos de los furtivos", explica a Público Samuel Wasser, de la Universidad de Washington (EEUU) y autor principal del artículo. En 30 años el número de paquidermos se ha reducido a un tercio. Ya queda menos de medio millón.
Centros de tráfico ilegal
El dolo es más flagrante al examinar los países peticionarios: Tanzania y Zambia son, según los análisis de ADN, centros de origen y tránsito de gran parte del marfil decomisado. Sus proporciones de mortalidad de paquidermos por caza ilegal son, respectivamente, del 63% y el 88%. Los científicos señalan además que ambos países comparten elefantes con sus vecinos, que no han sido consultados. "¡Los animales no entienden de fronteras!", protesta a este diario Katarzyna Nowak, de la Universidad de Princeton (EEUU) y coautora del artículo.La indignación de los científicos se ha traducido en críticas feroces al CITES. Su secretario general, Willem Wijnstekers, se quejaba en un comunicado de que el debate ha "degenerado en injustificados ataques contra la objetividad de este secretariado". Nowak explica que el panel del CITES consta de sólo cuatro miembros con un único biólogo, y sus conclusiones no se someten a la comunidad científica. Wasser reclama la participación de "investigadores independientes sin intereses creados". "Económicos", añade.
La decisión está en manos de los 175 países miembros, pero muchos no llevan los deberes hechos. "Hay cambio de cromos", dice Nowak, y aclara: "23 países africanos contrarios a la venta amenazan con rechazar el veto al atún rojo impulsado por la UE si esta apoya a Tanzania y Zambia".