Fuente: Blog de Enrique Dans.
Australia es hoy noticia (TechCrunch, Smart Mobs, Slashdot) por haber anunciado la provisión para sus ciudadanos de feeds de Internet previamente filtrados y limpios de pornografía y materiales considerados inapropiados, un servicio obligatorio desarrollado a nivel de ISP cuyo coste será repercutido en las conexión a Internet, y del que se podrá hacer un opt-out, pero únicamente tras aportar una explicación conveniente.
El servicio, que se revelará un fracaso absoluto en no mucho tiempo y que abre la puerta a la censura selectiva de todo lo que el gobierno laborista tenga a bien considerar “perjudicial para sus ciudadanos”, viene a intentar cubrir el fracaso de la iniciativa anterior a la hora de proteger a los menores de ese tipo de contenidos: el gobierno anterior se dedicó a perder miserablemente tiempo y dinero facilitando a todos los hogares que lo solicitasen copias de NetNanny, uno de los más conocidos filtros parentales, para encontrarse posteriormente con una medida que se probó completamente inútil.
¿Qué nos enseña la experiencia australiana? Primero, que mejor que dios nos libre de los gobiernos que nos quieran proteger en exceso. Que un gobierno, sea del tipo que sea, pretenda decidir por sus ciudadanos qué contenidos son perjudiciales y cuáles no lo son es una barbaridad de tal calibre que debería considerarse una vulneración de los derechos fundamentales del individuo. Y ojo, porque escuchando al diputado popular Jose Ignacio Echániz hablar en el pleno en el que se aprobó la LISI sobre terrorismo, pederastia, cibercrimen e inseguridad, podría pensarse que algo así está en la mente de los legisladores populares, una peligrosísima vocación por los mecanismos de control que deberían clarificar convenientemente por el bien de todos.
Segundo, que los sistemas basados en filtros no funcionan. Llevo años desaconsejando el uso de filtros parentales a todo aquel que me pregunta: desde mi punto de vista, desprotegen en lugar de proteger. Su resultado neto es que por un lado relajan el control por parte de los padres y, por otro, colocan al menor en una situación de indefensión total: al desconocer la existencia de ese tipo de contenidos, el menor se encuentra con que en cualquier experiencia de navegación en un ordenador no filtrado, aparecen contenidos que le generan una gran curiosidad, contenidos ante los cuales no ha tenido la oportunidad de desarrollar mecanismos de defensa adecuados en presencia de sus padres, y que además pasan fácilmente, habitualmente a través de terceras personas, a contar con la indudablemente poderosa “atracción de lo prohibido”. Olvídenlo. Lo único que funciona en este sentido es la educación.
Tercero, que como nos hemos hartado de decir en infinidad de ocasiones, los bits son libres. Y lo son tanto a la hora de no poder impedir que circule una obra sujeta a copyright de la misma manera que lo son para no poder evitar la llegada de pornografía o de cualquier otro contenido que se quiera considerar inapropiado. Confiar en la llegada de una “tecnología salvadora” de tipo DRM o filtro del tipo que sea no es más que proclamar un absoluto y supino desconocimiento de la naturaleza y funcionamiento de las tecnologías. La medida australiana provocará un incremento de la navegación vía proxies anónimos, un fuerte incentivo para la circulación clandestina de contenidos a través de redes encriptadas y P2P, y un poderoso efecto de darle importancia a cosas que, por dinámica natural y por educación, deberían tender a perderla con el tiempo.
Con un poco de suerte, tiempo y sentido común, podremos aprender de la experiencia australiana. Pero claro, es lo que tiene Australia: que debe ser la mar de incómodo vivir todo el tiempo cabeza abajo.
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2007/07/20
Censura en España: La edición de "El Jueves", secuestrada por orden judicial
Pues sí, la edición de esta semana de El Jueves , la conocida revista satírica, ha sido secuestrada por orden judicial bajo la acusación de injurias al sucesor de la Corona y de menoscabo del prestigio de esta institución tipificados en los artículos 490.3 y 491 del Código Penal (véase auto del juez). El número de esta semana estaba dedicado a la subvención de 2500 euros por maternidad, y en la portada se podía ver al príncipe Felipe en postura sexual explícita con Leticia, diciéndole: "¿Te das cuenta de que si te quedas preñada esto va a ser lo más parecido a un trabajo que he hecho en mi vida?" Puede verse la imagen de la portada del número secuestrado.
Fuente: Barrapunto.
Fuente: Barrapunto.
2007/06/11
Censura en MSN Messenger
La verdad que cuando me dijeron de esto pensé que era algún invento, pero resulta que lo probé y es cierto. MSN Messenger no nos permite enviar ciertas palabras a nuestros contactos, pero más allá de que sea raro que algunas palabras no puedan ser mandadas, lo más insólito es cuáles son.
Es más, un usuario mandó un e-mail al soporte de Microsoft por este tema y la respuesta tampoco fue explicativa:Gracias por contactarte con el soporte técnico de MSN Messenger. Mi nombre es Belén, soy una especialista en este departamento y voy a tener el agrado de asistirte en el día de hoy.
Entiendo que no puedes enviar la palabra “tufoto” a través del MSN Messenger.
Lamentablemente, “tufoto” es una de las palabras que están bloqueadas del servidor, y no se puede enviar a través de MSN Messenger. Te pedimos disculpas por las molestias que esto pueda ocasionar.
MSN Messenger.¿Les pasó con alguna palabra?
Fuente: CadaMinuto.
2007/06/06
Amnistía Internacional vuelve a acusar a Google, Yahoo! y Microsoft de ser "cómplices" de la censura
Lo hizo a través de un informe sobre restricciones en Internet presentado hoy en Londres. La organización destacó que, si no se toman medidas, la Web "podría cambiar sin que nadie se dé cuenta", ya que cada vez son más los países que aplican ese tipo de medidas.
La organización Amnistía Internacional (AI) volvió a denunciar hoy la creciente censura que se aplica en Internet y reiteró sus acusaciones contra gigantes informáticos como Google, Yahoo! y Microsoft por considerarlos "cómplices" del problema. Hace casi un año la agrupación ya había apuntado contra esas compañías.
"Internet podría cambiar sin que nadie se dé cuenta, a menos que se tomen medidas contra la erosión de las libertades online", destacó organización británica en su informe "Open Net Initiative" ("Iniciativa Red Abierta"), presentado en el marco de una conferencia sobre víctimas de represión por Internet, realizada en Londres. "El virus de la represión por Internet se ha expandido de un puñado de países a una docena de gobiernos", agrega el texto.
Con relación a tres de las mayores empresas de Internet, Google, Microsoft y Yahoo!, acusadas por la ONG de complicidad con las prácticas restrictivas, el texto señala que "cuando se los desafiaba a dar la cara por la censura en China, estas compañías sólo mantenían que estaban cumpliendo con la ley local".
La conferencia se titula "Some People Think the Internet is a Bad Thing: The Struggle for Freedom of Expression in Cyberspace" ("Algunos piensan que Internet es algo malo: la lucha por la libertad de expresión en el ciberespacio"), y tendrá entre sus panelistas al fundador de la Wikipedia, Jimmy Wales.
Tim Hancock, director de campañas de Amnistía Internacional, afirmó allí que "el modelo chino de una Internet que permite el crecimiento económico pero no la libertad de expresión está creciendo en popularidad". "De un puñado de países hace cinco años atrás a una docena de gobiernos en la actualidad, que bloquean sitios de Internet y arrestan a los bloggers", añadió.
Según AI, al menos 25 países están poniendo filtros o bloqueando sitios de Internet, entre ellos Azerbaiján, Bahrein, Burma, Etiopía, India, Irán, Morruecos y Arabia Saudita.
Fuente: Clarin.2007/05/04
Martín Patino quiere "regalar" todas sus películas colgándolas en Internet
El director de cine salmantino Basilio Martín Patino ha revelado hoy que ha ido comprando poco a poco los derechos de sus películas y que próximamente las "regalará a Internet" para que "las vean todos, las veces que quieran". Durante su intervención en el Festival CinemaEuropa de Viareggio, en el centro de Italia, el realizador, autor de Nueve cartas a Berta (1965) o Canciones para después de una guerra (1971), ha denunciado el carácter demasiado comercial y temeroso del cine actual, que no deja espacio a nuevas propuestas y olvida las viejas películas.
El Festival de Viareggio, que en su vigésimo cuarta edición está dedicado exclusivamente al cine español, ha programado una retrospectiva de Martín Patino, galardonado con el premio Fellini 8 1/2 a su carrera en esta edición.
Martín Patino ha contado las dificultades que tuvo para convencer a Televisión Española (TVE) para que emitiese hace dos años la película Queridísimos verdugos sobre los últimos ejecutores del garrote vil, con ocasión de la entrega de la Medalla de Oro de la Academia de Cine. Por ello, el director de Octavia ha indicado que ha ido comprando poco a poco los derechos de sus películas y que próximamente las colgará en Internet.
Una "nueva censura"
En su intervención en las "lecciones" sobre cine español organizadas por el Festival, Martín Patino ha hecho una feroz crítica del sistema comercial que rodea la cinematografía y que funciona como "una especie de nueva censura". Según Patino, los directores se convierten "en burócratas que viven dependiendo de las ayudas del Estado o autonomías", que les aprueban o no sus proyectos según sus intereses. "Esta es una censura casi peor que la del franquismo", ha añadido.
Martín Patino, nacido en Lumbrales (Salamanca) en 1930, ha contado sus inicios y sus intentos de evadir la censura durante el franquismo y ha recordado la "inigualable" generación de directores que protagonizaron el llamado "nuevo cine español". El realizador ha denunciado que el cine español ha olvidado "lamentablemente" a muchos de estos protagonistas, que hicieron la historia del cine pero que ahora "no pueden trabajar". "Personas con una inteligencia como Paco Regueiro no puede hacer cine porque nadie le llama, y esto es lo que se está perdiendo el cine español", ha manifestado.
El director salmantino también ha lamentado que otros directores de su generación como Miguel Picazo, que realizó la La tía Tula, "no haya podido volver a hacer cine", o que un autor de la capacidad de Víctor Erice "hiciese sólo tres películas y después se le hayan cerrado todos los caminos". Martín Patino ha añadido que el futuro "de la libertad en la cinematografía" se encuentra en las técnicas digitales, más baratas, y en Internet, donde todo lo que se "cuelga" acaba viéndose.
Fuente: El Pais.
2007/04/20
España: ¿Internet en ESTADO DE EXCEPCIÓN?
De: Asociacion de Internautas.
Parece que algo grave ocurre en España, las últimas noticias aparecidas en los medios de comunicación sobre distintas actuaciones gubernamentales para el implacable control de Internet y de sus adeptos, definen una política de vigilancia extrema: “El Gobierno insiste en censurar Internet”, “El Tribunal Supremo admite a tramite la impugnación de AI sobre la regulación de la interceptación de comunicaciones”, “Luz verde para la ley que obliga a los operadores a conservar los datos de las comunicaciones”…
20-04-2007 - Es indiscutible que situaciones especiales, requieren medidas especiales de investigación y persecución, así en particular, los delitos de extrema gravedad como el terrorismo, la actuación de bandas de delincuencia organizada, el tráfico de armas, drogas o personas, las redes de pederastas, etc., o en general, “cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los Servicios Públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo (…)” (art.13 LOEAES 1981) pero, siempre dentro del marco definido para ello por el Estado de Derecho.
Pues bien, analizando en conjunto las últimas actuaciones propuestas para el control de Internet, tales como conservar datos de comunicaciones, interceptar el contenido de las comunicaciones electrónicas y telefónicas, otorgar competencias extrajudiciales para eliminar contenidos de la Red, habilitar “agentes” especiales para controlar intercambios de archivos P2P…etc., se observa con preocupación un enérgico interés del Gobierno por controlar todo lo que mueve Internet, como si fuera un poderoso instrumento de insubordinación. Por este motivo, de tan extraordinaria atención sobre la Sociedad de la Información en España, debemos interpretar ya una alerta de nivel rojo, supuestamente, el progreso nos está llevando a una situación de extremo peligro y riesgo que requiere inevitablemente medidas de control extremas.
La Ley Orgánica 4/1981, de 1 de Junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, regula las situaciones de máximo control estatal, por circunstancias de máximo riesgo para el Estado y para los ciudadanos. En concreto, señala que para el Estado de Excepción, el Gobierno podrá (con la autorización del Congreso, de su partido político) intervenir toda clase de comunicaciones, incluidas las postales, telegráficas y telefónicas (art.18), podrá suspender todo tipo de publicaciones, emisiones de radio y televisión y, podrá ordenar el secuestro de publicaciones (art. 21). Es decir, las libertades, los derechos, las garantías constitucionales y democráticas ceden frente a “circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes”. La similitud entre las noticias antes citadas y las medidas de excepción previstas por esta Ley, nos debe llevar a pensar que algo muy grave ocurre y se mueve en Internet, máxime si tenemos en cuenta que ya se están implantando en nuestra realidad incluso, al margen del marco constitucional que las prevé.
Y lógicamente también surge la duda, ... ¿qué será lo siguiente? ¿La Autoridad Gubernativa podrá ordenar la intervención de industrias o comercios que puedan motivar la alteración del orden público o coadyuvar a ella, y la suspensión temporal de las actividades de los mismos, dando cuenta a los Ministerios interesados (art.26 LOEAES 1981)? No, perdón, esto ya está también previsto para la reforma de la LISI: “el órgano competente que, en virtud de sus competencias establecidas en su propia normativa reguladora (aplicables al mundo físico y al ámbito electrónico), adopte medidas de restricción respecto de servicios” de la Sociedad de la Información., y el Gobierno ni siquiera señala para ello cual es la norma que debe regularlo, de tal forma que un “decretazo porque si” será suficiente para que cualquier entidad quede autorizada para tomar este tipo de medidas restrictivas.
Es obligado pensar que la justificación de esto debe venir dada por algo muy grave y peligroso, más incluso que una situación de Estado de Excepción, porque en estos casos si se exigiría la toma de medidas extraordinarias dentro de un orden (constitucional): “dicha intervención solo podrá ser realizada si ello resulta necesario para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos o el mantenimiento del orden público”, que “no podrá llevar aparejado ningún tipo de censura previa”, y que, “quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las Leyes” y sin embargo, ahora en España, las medidas de control propuestas por el Gobierno, no se prevén para el exclusivo esclarecimiento de hechos delictivos, ni para el mantenimiento del orden público, ni respetando la prohibición de censura, ni previendo la preceptiva indemnización a los afectados por los órganos competentes para llevar a cabo todas esas actuaciones.
En el último documento legal propuesto por el Gobierno para controlar Internet, el "Anteproyecto de ley sobre procedimiento de notificación de presuntas infracciones de derechos de propiedad intelectual a través de los prestadores de acceso a Internet", se prevé la posibilidad de que en “el supuesto de que los contenidos presuntamente vulneradores de derechos de propiedad intelectual se encuentren alojados en una página de Internet”, “la asociación o entidad de gestión (…) podrá instar al prestador de servicios a que bloquee o deshabilite el acceso al material”. Como se puede observar, un caso de extrema gravedad y riesgo para la seguridad de los ciudadanos y del Estado, que requiere sin lugar a dudas que los derechos más fundamentales recogidos en nuestra Constitución (artículos 18, 20, 24 y 55), cedan en favor de la lucha por los intereses económicos de un grupo de ciudadanos (*entiéndase este párrafo en todo el grado de ironía que refleja).
En conclusión, el Estado de Excepción se plantea, efectivamente, pero no desde el Gobierno como es lo habitual, sino frente a él, de tal forma que ante lo que estamos realmente es ante un recorte de derechos y libertades indiscriminados e infundados, a imagen y semejanza de la más consolidada de las dictaduras. Podría decirse sin tapujos que, a la luz del verdadero objetivo de estas medidas, en España estamos viendo como el termino acuñado por Víctor Domingo “Dictadura del Culturetariado”, sojuzga nuestro Parlamento, nuestras libertades y cualquier tipo de progreso logrado, y lo que es más violento, con el temeroso beneplácito de todos los colores políticos.
Ofelia Tejerina.
Defensor del Internauta.
Parece que algo grave ocurre en España, las últimas noticias aparecidas en los medios de comunicación sobre distintas actuaciones gubernamentales para el implacable control de Internet y de sus adeptos, definen una política de vigilancia extrema: “El Gobierno insiste en censurar Internet”, “El Tribunal Supremo admite a tramite la impugnación de AI sobre la regulación de la interceptación de comunicaciones”, “Luz verde para la ley que obliga a los operadores a conservar los datos de las comunicaciones”…
20-04-2007 - Es indiscutible que situaciones especiales, requieren medidas especiales de investigación y persecución, así en particular, los delitos de extrema gravedad como el terrorismo, la actuación de bandas de delincuencia organizada, el tráfico de armas, drogas o personas, las redes de pederastas, etc., o en general, “cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los Servicios Públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo (…)” (art.13 LOEAES 1981) pero, siempre dentro del marco definido para ello por el Estado de Derecho.
Pues bien, analizando en conjunto las últimas actuaciones propuestas para el control de Internet, tales como conservar datos de comunicaciones, interceptar el contenido de las comunicaciones electrónicas y telefónicas, otorgar competencias extrajudiciales para eliminar contenidos de la Red, habilitar “agentes” especiales para controlar intercambios de archivos P2P…etc., se observa con preocupación un enérgico interés del Gobierno por controlar todo lo que mueve Internet, como si fuera un poderoso instrumento de insubordinación. Por este motivo, de tan extraordinaria atención sobre la Sociedad de la Información en España, debemos interpretar ya una alerta de nivel rojo, supuestamente, el progreso nos está llevando a una situación de extremo peligro y riesgo que requiere inevitablemente medidas de control extremas.
La Ley Orgánica 4/1981, de 1 de Junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, regula las situaciones de máximo control estatal, por circunstancias de máximo riesgo para el Estado y para los ciudadanos. En concreto, señala que para el Estado de Excepción, el Gobierno podrá (con la autorización del Congreso, de su partido político) intervenir toda clase de comunicaciones, incluidas las postales, telegráficas y telefónicas (art.18), podrá suspender todo tipo de publicaciones, emisiones de radio y televisión y, podrá ordenar el secuestro de publicaciones (art. 21). Es decir, las libertades, los derechos, las garantías constitucionales y democráticas ceden frente a “circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes”. La similitud entre las noticias antes citadas y las medidas de excepción previstas por esta Ley, nos debe llevar a pensar que algo muy grave ocurre y se mueve en Internet, máxime si tenemos en cuenta que ya se están implantando en nuestra realidad incluso, al margen del marco constitucional que las prevé.
Y lógicamente también surge la duda, ... ¿qué será lo siguiente? ¿La Autoridad Gubernativa podrá ordenar la intervención de industrias o comercios que puedan motivar la alteración del orden público o coadyuvar a ella, y la suspensión temporal de las actividades de los mismos, dando cuenta a los Ministerios interesados (art.26 LOEAES 1981)? No, perdón, esto ya está también previsto para la reforma de la LISI: “el órgano competente que, en virtud de sus competencias establecidas en su propia normativa reguladora (aplicables al mundo físico y al ámbito electrónico), adopte medidas de restricción respecto de servicios” de la Sociedad de la Información., y el Gobierno ni siquiera señala para ello cual es la norma que debe regularlo, de tal forma que un “decretazo porque si” será suficiente para que cualquier entidad quede autorizada para tomar este tipo de medidas restrictivas.
Es obligado pensar que la justificación de esto debe venir dada por algo muy grave y peligroso, más incluso que una situación de Estado de Excepción, porque en estos casos si se exigiría la toma de medidas extraordinarias dentro de un orden (constitucional): “dicha intervención solo podrá ser realizada si ello resulta necesario para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos o el mantenimiento del orden público”, que “no podrá llevar aparejado ningún tipo de censura previa”, y que, “quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las Leyes” y sin embargo, ahora en España, las medidas de control propuestas por el Gobierno, no se prevén para el exclusivo esclarecimiento de hechos delictivos, ni para el mantenimiento del orden público, ni respetando la prohibición de censura, ni previendo la preceptiva indemnización a los afectados por los órganos competentes para llevar a cabo todas esas actuaciones.
En el último documento legal propuesto por el Gobierno para controlar Internet, el "Anteproyecto de ley sobre procedimiento de notificación de presuntas infracciones de derechos de propiedad intelectual a través de los prestadores de acceso a Internet", se prevé la posibilidad de que en “el supuesto de que los contenidos presuntamente vulneradores de derechos de propiedad intelectual se encuentren alojados en una página de Internet”, “la asociación o entidad de gestión (…) podrá instar al prestador de servicios a que bloquee o deshabilite el acceso al material”. Como se puede observar, un caso de extrema gravedad y riesgo para la seguridad de los ciudadanos y del Estado, que requiere sin lugar a dudas que los derechos más fundamentales recogidos en nuestra Constitución (artículos 18, 20, 24 y 55), cedan en favor de la lucha por los intereses económicos de un grupo de ciudadanos (*entiéndase este párrafo en todo el grado de ironía que refleja).
En conclusión, el Estado de Excepción se plantea, efectivamente, pero no desde el Gobierno como es lo habitual, sino frente a él, de tal forma que ante lo que estamos realmente es ante un recorte de derechos y libertades indiscriminados e infundados, a imagen y semejanza de la más consolidada de las dictaduras. Podría decirse sin tapujos que, a la luz del verdadero objetivo de estas medidas, en España estamos viendo como el termino acuñado por Víctor Domingo “Dictadura del Culturetariado”, sojuzga nuestro Parlamento, nuestras libertades y cualquier tipo de progreso logrado, y lo que es más violento, con el temeroso beneplácito de todos los colores políticos.
Ofelia Tejerina.
Defensor del Internauta.
2007/04/16
España: Grupos politicos y asociaciones podran cerrar paginas web
De: Asociacion de Internautas.
Grupos políticos y asociaciones privadas podrán cerrar páginas web, con las competencias que les otorgue cualquier norma
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, pero ¿se clarifica el marco regulador para las posibles restricciones de servicios de la Sociedad de la Información por parte de los órganos competentes? La Asociación de Internautas insiste: “¿quién es el órgano competente para cerrar páginas web?, ¿cuál es la norma que le debe habilitar?”
La polémica Ley de Impulso de la Sociedad de la Información prevé un precepto especial para iluminar el marco regulador de las restricciones de los servicios prestados en la Red, sin embargo, en realidad lo oscurece con obviedades que refuerzan las dudas sobre la verdadera intención del artículo. El Gobierno tiene claro que hay dos situaciones específicas para los contenidos de Internet, y por ello, prevé dos supuestos específicos de control, uno para casos de libertad de información y expresión, y otro para el resto de casos. Pero ¿quién va a decidir cuándo estamos ante uno u otro supuesto?, es decir, ¿cuáles son exactamente los supuestos en que un juez debe dictar el cierre de una página web? y, ¿cuáles son las características de los supuestos en que bastará una norma habilitadora de competencias? Desde la Asociación de Internautas no nos cansamos de insistir en exigir que el Gobierno transmita en la propia Ley, la claridad de ideas que quiere vender, a los usuarios de los servicios de la Sociedad de la Información.
-- Según esta norma, “(...) el órgano competente que, en virtud de sus competencias establecidas en su propia normativa reguladora (aplicables al mundo físico y al ámbito electrónico) adopte medidas de restricción respecto de servicios (...)”, e insiste “supuestos en que un órgano competente ha decidido, de acuerdo con su propia normativa, que hay que interrumpir o bloquear un servicio”.
Esto es algo tan obvio para el derecho interno español, PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS, que muchos nos preguntamos qué sentido tiene introducirlo ahora con una norma específica para Internet que nos diga que sólo un órgano competente, dentro de sus competencias puede actuar en la restricción de servicios.
-- Continúa la norma “aclarando” los límites de actuación de los “órganos competentes”, y señala que “la restricción de páginas de Internet, cuando ésta afecte a los derechos y libertades de expresión e información y demás amparados en el artículo 20 de la Constitución, sólo podrá ser ejercida por los órganos jurisdiccionales competentes”.
Esto es algo tan obvio para el derecho interno español, PARA ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN, que muchos nos preguntamos qué sentido tiene introducirlo ahora en una norma específica para Internet que nos diga que sólo un órgano judicial puede limitar las libertades de expresión e información y cerrar páginas web.
Dos notas obvias, si, pero, cada una en su ámbito específico. El Gobierno se empecina en mezclar conceptos ignorando que una cosa es un contenido en Internet y otra diferente la actividad económica que subyace a ello. Debería dejar de pensar en la imprenta de Gutenberg para entender Internet, para ver que en España no es necesario regular dos sistemas de control de contenidos, sino un solo preciso sistema de control para actividades económicas y comerciales (comercio electrónico), que es dónde podría hablarse de “órganos competentes” como la Administración. El resto de supuestos, de ejercicio de derechos fundamentales y de persecución de delitos, ya son de exclusiva competencia judicial.
Por este motivo, en la Asociación de Internautas insistimos en que la especial naturaleza de Internet se manifiesta precisamente en que todos sus contenidos son en principio publicados en ejercicio del derecho la libertad de información y expresión. No se puede colgar el cartel de “progresista” a una iniciativa que ignora los graves riesgos de una propuesta legislativa que amplia al máximo la capacidad de retirar contenidos de la Red sin necesitar de la autorización judicial (con el nuevo sistema de control de contenidos por “órganos competentes”). Esto, no sólo va a llevar en la práctica a serios problemas para intentar distinguir cuando una entidad administrativa, una entidad privada o un juez, puede determinar la retirada de contenidos en Internet, para distinguir entre lo que es una publicación protegida por el derecho a la libertad de información y lo que es una publicación dañina por ejemplo para los derechos de los consumidores, sino que además, llevará en la práctica a una habilitación normativa indeterminada, pues no dice qué norma ha de ser la que habilite u otorgue a un órgano competencias en el cierre de páginas web o en qué supuestos.
La reflexión debe centrarse por tanto en que, en Internet, todos los contenidos son publicados en principio en ejercicio del derecho la libertad de información y expresión; en que la nueva Ley no puede ignorar la imprescindible intervención judicial para su censura; y, en que su indeterminación está promoviendo una habilitación normativa oscura en materia de restricción de servicios de la Sociedad de la Información, admitiendo implícitamente que se otorguen competencias para cerrar páginas web a través de normas de dudosa idoneidad. Así planteada la nueva Ley, podría llevar a pensar que esas normas habilitadoras pueden ser incluso las dictadas por las propias Administraciones (órganos políticos al fin y al cabo, por ejemplo), e incluso no sería descabellado, tal y como funcionan las cosas últimamente, que se dictarán para favorecer intereses privados, posibilitando que asociaciones privadas puedan llegar a cerrar páginas web al libre albedrío, con la excusa legal de “ejercer los derechos confiados a su gestión y, hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales” (art.150 LPI.
Ofelia Tejerina.
Defensor de Internauta.
La polémica Ley de Impulso de la Sociedad de la Información prevé un precepto especial para iluminar el marco regulador de las restricciones de los servicios prestados en la Red, sin embargo, en realidad lo oscurece con obviedades que refuerzan las dudas sobre la verdadera intención del artículo. El Gobierno tiene claro que hay dos situaciones específicas para los contenidos de Internet, y por ello, prevé dos supuestos específicos de control, uno para casos de libertad de información y expresión, y otro para el resto de casos. Pero ¿quién va a decidir cuándo estamos ante uno u otro supuesto?, es decir, ¿cuáles son exactamente los supuestos en que un juez debe dictar el cierre de una página web? y, ¿cuáles son las características de los supuestos en que bastará una norma habilitadora de competencias? Desde la Asociación de Internautas no nos cansamos de insistir en exigir que el Gobierno transmita en la propia Ley, la claridad de ideas que quiere vender, a los usuarios de los servicios de la Sociedad de la Información.
-- Según esta norma, “(...) el órgano competente que, en virtud de sus competencias establecidas en su propia normativa reguladora (aplicables al mundo físico y al ámbito electrónico) adopte medidas de restricción respecto de servicios (...)”, e insiste “supuestos en que un órgano competente ha decidido, de acuerdo con su propia normativa, que hay que interrumpir o bloquear un servicio”.
Esto es algo tan obvio para el derecho interno español, PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS, que muchos nos preguntamos qué sentido tiene introducirlo ahora con una norma específica para Internet que nos diga que sólo un órgano competente, dentro de sus competencias puede actuar en la restricción de servicios.
-- Continúa la norma “aclarando” los límites de actuación de los “órganos competentes”, y señala que “la restricción de páginas de Internet, cuando ésta afecte a los derechos y libertades de expresión e información y demás amparados en el artículo 20 de la Constitución, sólo podrá ser ejercida por los órganos jurisdiccionales competentes”.
Esto es algo tan obvio para el derecho interno español, PARA ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN, que muchos nos preguntamos qué sentido tiene introducirlo ahora en una norma específica para Internet que nos diga que sólo un órgano judicial puede limitar las libertades de expresión e información y cerrar páginas web.
Dos notas obvias, si, pero, cada una en su ámbito específico. El Gobierno se empecina en mezclar conceptos ignorando que una cosa es un contenido en Internet y otra diferente la actividad económica que subyace a ello. Debería dejar de pensar en la imprenta de Gutenberg para entender Internet, para ver que en España no es necesario regular dos sistemas de control de contenidos, sino un solo preciso sistema de control para actividades económicas y comerciales (comercio electrónico), que es dónde podría hablarse de “órganos competentes” como la Administración. El resto de supuestos, de ejercicio de derechos fundamentales y de persecución de delitos, ya son de exclusiva competencia judicial.
Por este motivo, en la Asociación de Internautas insistimos en que la especial naturaleza de Internet se manifiesta precisamente en que todos sus contenidos son en principio publicados en ejercicio del derecho la libertad de información y expresión. No se puede colgar el cartel de “progresista” a una iniciativa que ignora los graves riesgos de una propuesta legislativa que amplia al máximo la capacidad de retirar contenidos de la Red sin necesitar de la autorización judicial (con el nuevo sistema de control de contenidos por “órganos competentes”). Esto, no sólo va a llevar en la práctica a serios problemas para intentar distinguir cuando una entidad administrativa, una entidad privada o un juez, puede determinar la retirada de contenidos en Internet, para distinguir entre lo que es una publicación protegida por el derecho a la libertad de información y lo que es una publicación dañina por ejemplo para los derechos de los consumidores, sino que además, llevará en la práctica a una habilitación normativa indeterminada, pues no dice qué norma ha de ser la que habilite u otorgue a un órgano competencias en el cierre de páginas web o en qué supuestos.
La reflexión debe centrarse por tanto en que, en Internet, todos los contenidos son publicados en principio en ejercicio del derecho la libertad de información y expresión; en que la nueva Ley no puede ignorar la imprescindible intervención judicial para su censura; y, en que su indeterminación está promoviendo una habilitación normativa oscura en materia de restricción de servicios de la Sociedad de la Información, admitiendo implícitamente que se otorguen competencias para cerrar páginas web a través de normas de dudosa idoneidad. Así planteada la nueva Ley, podría llevar a pensar que esas normas habilitadoras pueden ser incluso las dictadas por las propias Administraciones (órganos políticos al fin y al cabo, por ejemplo), e incluso no sería descabellado, tal y como funcionan las cosas últimamente, que se dictarán para favorecer intereses privados, posibilitando que asociaciones privadas puedan llegar a cerrar páginas web al libre albedrío, con la excusa legal de “ejercer los derechos confiados a su gestión y, hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales” (art.150 LPI.
Ofelia Tejerina.
Defensor de Internauta.
2007/04/10
España: SGAE como censora de Internet
De: Asociacion de Internautas.
La reforma de la LSSI obliga a los prestadores de servicios a retirar contenidos "presuntamente ilícitos” a solicitud de la SGAE y entidades análogas. El Consejo de Estado califica el anteproyecto como restrictivo de la libertad de uso de Internet. La Asociación de Internautas considera que el anteproyecto de Ley de medidas de Impulso a la Sociedad de la Información, LISI, es un grave ataque a Internet.
10-04-2007 - La Comisión de Subsecretarios, paso previo a su consideración por el Consejo de Ministros, debatirá, muy posiblemente el próximo miércoles el nuevo anteproyecto de LSSI que el propio Consejo de Estado califica como "restrictivo de la libertad de uso de Internet". Ni el CATSI ni las asociaciones de Internautas han recibido ningún tipo de información al respecto.
Después de los intentos de que la Administración pudiera solicitar el bloqueo de contenidos de las páginas web, el nuevo texto obliga a los prestadores de servicios, a bloquear o deshabilitar los contenidos presuntamente ilícitos a petición de la SGAE y entidades análogas.
El anteproyecto convierte a la SGAE y entidades análogas en órganos "judiciales" capaces de calificar como ilícito y culpable la actuación de un usuario y a los prestadores de servicios en empresas al servicio de estos supuestos jueces, encargadas de retirar los contenidos “ilícitos” por obra y gracia de unas organizaciones privadas, alterando gravemente el papel de quien única y exclusivamente tiene que facilitar infraestructuras.
La medida no sólo alcanza a las distribuciones presuntamente no autorizadas efectuadas desde portales, sino incluso que se extiende hasta los ordenadores de particulares ( Programas "P2P").
A pesar de la gran trascendencia del cambio que el anteproyecto incorpora ni las asociaciones de usuarios ni el Consejo Asesor de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información han sido consultados, tal y como lamenta el Consejo de Estado y solicita en consecuencia pide un debate en profundidad sobre fondo de este asunto.
Pero lo más grave es que el anteproyecto representa, en palabras del Consejo de Estado, una restricción de la libertad de uso de Internet.
La Asociación de Internautas cree que es algo más: un precedente que supone un radical y perverso cambio de la concepción de Internet como sistema abierto. ¿Quién será el próximo que se erija en juez para pedir la retirada de contenidos por razones económicas, morales o por cualquier otro interés? ¿Qué Gobierno lo investirá de poder?.
La Asociación de Internautas anuncia, si el texto llega a aprobarse una campaña de movilización semejante a la que sigue desarrollando contra el canon, otra forma más de limitar el desarrollo de la Sociedad de la Información.
La reforma de la LSSI obliga a los prestadores de servicios a retirar contenidos "presuntamente ilícitos” a solicitud de la SGAE y entidades análogas. El Consejo de Estado califica el anteproyecto como restrictivo de la libertad de uso de Internet. La Asociación de Internautas considera que el anteproyecto de Ley de medidas de Impulso a la Sociedad de la Información, LISI, es un grave ataque a Internet.
10-04-2007 - La Comisión de Subsecretarios, paso previo a su consideración por el Consejo de Ministros, debatirá, muy posiblemente el próximo miércoles el nuevo anteproyecto de LSSI que el propio Consejo de Estado califica como "restrictivo de la libertad de uso de Internet". Ni el CATSI ni las asociaciones de Internautas han recibido ningún tipo de información al respecto.
Después de los intentos de que la Administración pudiera solicitar el bloqueo de contenidos de las páginas web, el nuevo texto obliga a los prestadores de servicios, a bloquear o deshabilitar los contenidos presuntamente ilícitos a petición de la SGAE y entidades análogas.
El anteproyecto convierte a la SGAE y entidades análogas en órganos "judiciales" capaces de calificar como ilícito y culpable la actuación de un usuario y a los prestadores de servicios en empresas al servicio de estos supuestos jueces, encargadas de retirar los contenidos “ilícitos” por obra y gracia de unas organizaciones privadas, alterando gravemente el papel de quien única y exclusivamente tiene que facilitar infraestructuras.
La medida no sólo alcanza a las distribuciones presuntamente no autorizadas efectuadas desde portales, sino incluso que se extiende hasta los ordenadores de particulares ( Programas "P2P").
A pesar de la gran trascendencia del cambio que el anteproyecto incorpora ni las asociaciones de usuarios ni el Consejo Asesor de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información han sido consultados, tal y como lamenta el Consejo de Estado y solicita en consecuencia pide un debate en profundidad sobre fondo de este asunto.
Pero lo más grave es que el anteproyecto representa, en palabras del Consejo de Estado, una restricción de la libertad de uso de Internet.
La Asociación de Internautas cree que es algo más: un precedente que supone un radical y perverso cambio de la concepción de Internet como sistema abierto. ¿Quién será el próximo que se erija en juez para pedir la retirada de contenidos por razones económicas, morales o por cualquier otro interés? ¿Qué Gobierno lo investirá de poder?.
La Asociación de Internautas anuncia, si el texto llega a aprobarse una campaña de movilización semejante a la que sigue desarrollando contra el canon, otra forma más de limitar el desarrollo de la Sociedad de la Información.
2006/11/07
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