De nuevo, falsa alarma. Por segunda vez, a última hora, el Gobierno ha decidido no aprobar el reglamento de la 'Ley Sinde' para el cierre de páginas web de enlaces. Como había adelantado el ministro de la Presidencia, Ramón Jaúregui, el tema se debatió en el penúltimo Consejo de Ministros pero "no se aprobó y quedó encima de la mesa", en palabras del portavoz del Gobierno, José Blanco.
El pasado viernes, en el anterior Consejo de Ministros, Moncloa ya decidió no aprobar el reglamento que permitiría el cierre rápido de sitios web que alojen o fomenten las descargas no autorizadas. En aquella ocasión el asunto ni siquiera se planteó en la reunión de Moncloa. En esta sí "formó parte de la deliberación", como ha asegurado Blanco, pero finalmente no ha sido aprobado.
Blanco ha eludido en todo momento dar detalles sobre el debate en torno al reglamento, si bien ha detallado que en la reunión interministerial "no se ve simultáneamente el debate en las redes sociales" cuando ha sido preguntado sobre la repercusión en la Red ante una posible aprobación de la normativa. Asimismo, ha evitado confirmar si la 'Ley Sinde' podría salir adelante en la próximo reunión del Gobierno, que será la última de la legislatura.
Horas antes del Consejo de Ministros, el ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, aseguró que el PP había sido informado de una posible aprobación de 'Ley Sinde' con la que se mostraba de acuerdo. "Va en el orden del día el decreto tan famoso. "El PP está de acuerdo", destacó. El texto también fue revisado por el Consejo de Estado, que emitió su dictamen el pasado día 24 de noviembre, requisito para poder aprobar el reglamento por Real Decreto.
Desde que se confirmó que el reglamento se había 'colado' en el orden de día del Consejo de Ministros, el asunto ha permanecido especialmente candente en la Red. En Twitter, por ejemplo,, con opiniones que de manera aplastante critican tanto el contenido de las reformas como la manera que se han tramitado.
Asimismo, ha proliferado los manifiestos que atacan las nuevas normas. Uno de ellos, distribuido por importantes blogs y sitios web españoles, recupera críticas anteriores (bajo el título "Un gobierno en funciones no puede aprobar hoy la ley Sinde"), mientras que otros proponen nuevas medidas de 'lucha' en un texto bajo el título 'La Red Resiste', que también recoge el blog del Navegante Jaque perpetuo.
Por su parte, el instituto Ibercrea ha decidido responder a algunas de las opiniones, en concreto al citado último post del blog Jaque perpetuo. En su respuesta, niega que exista tal inseguridad jurídica y afirma que, efectivamente, "toda actividad delictiva en la red, aunque pretenda esconderse, debe ser perseguida con eficacia". Recuerda tales actividades también serian el streaming ilegal y la venta de productos falsificados. "Todos los servicios de la sociedad de la información deben cumplir las leyes", concluye.
La nueva normativa antidescargas constituye una apuesta personal de Ángeles González-Sinde, implicada desde el principio en su desarrollo. Ella misma tenía la intención de que se aprobase antes de las elecciones, y de esta manera dejar su principal cometido cumplido.
Este conjunto de reformas han provocado durante los últimos dos años una constante controversia, en Internet y fuera de ella. Además, durante los últimos días, especialmente desde las pasadas elecciones generales del 20-N y el consiguiente vuelco electoral, las negociaciones acerca de la aprobación de este Real Decreto que incluye el reglamento de la Ley Sinde han sido tensas especialmente en el seno del Gobierno en funciones.
Ante la posibilidad de ser aprobada por un Gobierno en funciones, fuentes del Ejecutivo aseguran que es algo perfectamente legal, a pesar de que desde Justicia no ven con buenos ojos que se aprueba dado que, a su juicio, no es un asunto urgente, requisito que impone la propia Constitución en su artículo 86.
En cualquier caso, y de aprobarse por el Ejecutivo en funciones de Zapatero, la norma deberá ser refrendada por el Congreso (en donde el PP tiene mayoría absoluta) y además deberán nombrarse los miembros de la Comisión de la Propiedad Intelectual, tareas que recaerán en el nuevo Gobierno, que recibe sí o sí la 'patata caliente' de aplicar una normativa antidescargas muy impopular en Internet.
El pasado viernes, en el anterior Consejo de Ministros, Moncloa ya decidió no aprobar el reglamento que permitiría el cierre rápido de sitios web que alojen o fomenten las descargas no autorizadas. En aquella ocasión el asunto ni siquiera se planteó en la reunión de Moncloa. En esta sí "formó parte de la deliberación", como ha asegurado Blanco, pero finalmente no ha sido aprobado.
Blanco ha eludido en todo momento dar detalles sobre el debate en torno al reglamento, si bien ha detallado que en la reunión interministerial "no se ve simultáneamente el debate en las redes sociales" cuando ha sido preguntado sobre la repercusión en la Red ante una posible aprobación de la normativa. Asimismo, ha evitado confirmar si la 'Ley Sinde' podría salir adelante en la próximo reunión del Gobierno, que será la última de la legislatura.
Horas antes del Consejo de Ministros, el ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, aseguró que el PP había sido informado de una posible aprobación de 'Ley Sinde' con la que se mostraba de acuerdo. "Va en el orden del día el decreto tan famoso. "El PP está de acuerdo", destacó. El texto también fue revisado por el Consejo de Estado, que emitió su dictamen el pasado día 24 de noviembre, requisito para poder aprobar el reglamento por Real Decreto.
Intensas deliberaciones y controversia en la Red
El debate en torno al reglamento ha sido, según publica ABC, acalorado. El ministro Blanco habría sido, según esta información, quien mostró una oposición más frontal junto a Industria y Justicia con, entre otros, el argumento de la férrea resistencia a la normativa en Internet. Incluso llegó a decir que aprobar el reglamento sería un golpe del que al PSOE le costaría demasiado recuperarse.Desde que se confirmó que el reglamento se había 'colado' en el orden de día del Consejo de Ministros, el asunto ha permanecido especialmente candente en la Red. En Twitter, por ejemplo,
Asimismo, ha proliferado los manifiestos que atacan las nuevas normas. Uno de ellos, distribuido por importantes blogs y sitios web españoles, recupera críticas anteriores (bajo el título "Un gobierno en funciones no puede aprobar hoy la ley Sinde"), mientras que otros proponen nuevas medidas de 'lucha' en un texto bajo el título 'La Red Resiste', que también recoge el blog del Navegante Jaque perpetuo.
Por su parte, el instituto Ibercrea ha decidido responder a algunas de las opiniones, en concreto al citado último post del blog Jaque perpetuo. En su respuesta, niega que exista tal inseguridad jurídica y afirma que, efectivamente, "toda actividad delictiva en la red, aunque pretenda esconderse, debe ser perseguida con eficacia". Recuerda tales actividades también serian el streaming ilegal y la venta de productos falsificados. "Todos los servicios de la sociedad de la información deben cumplir las leyes", concluye.
Cierres rápidos
El polémico reglamento, que debe aprobarse por Real Decreto, regula el funcionamiento de la comisión de propiedad intelectual, último requisito para la entrada en vigor de la nueva normativa antidescargas que prevé el cierre rápido de sitios web que alojen o fomenten las descargas no autorizadas.La nueva normativa antidescargas constituye una apuesta personal de Ángeles González-Sinde, implicada desde el principio en su desarrollo. Ella misma tenía la intención de que se aprobase antes de las elecciones, y de esta manera dejar su principal cometido cumplido.
Este conjunto de reformas han provocado durante los últimos dos años una constante controversia, en Internet y fuera de ella. Además, durante los últimos días, especialmente desde las pasadas elecciones generales del 20-N y el consiguiente vuelco electoral, las negociaciones acerca de la aprobación de este Real Decreto que incluye el reglamento de la Ley Sinde han sido tensas especialmente en el seno del Gobierno en funciones.
Ante la posibilidad de ser aprobada por un Gobierno en funciones, fuentes del Ejecutivo aseguran que es algo perfectamente legal, a pesar de que desde Justicia no ven con buenos ojos que se aprueba dado que, a su juicio, no es un asunto urgente, requisito que impone la propia Constitución en su artículo 86.
En cualquier caso, y de aprobarse por el Ejecutivo en funciones de Zapatero, la norma deberá ser refrendada por el Congreso (en donde el PP tiene mayoría absoluta) y además deberán nombrarse los miembros de la Comisión de la Propiedad Intelectual, tareas que recaerán en el nuevo Gobierno, que recibe sí o sí la 'patata caliente' de aplicar una normativa antidescargas muy impopular en Internet.
