Los rumores de que el gobierno federal de Estados Unidos podría quedar paralizado corren por los pasillos de Washington desde 2010, cuando el Partido Republicano se hizo con el poder del Congreso.
Ese año un parlamento con fuertes divisiones fue incapaz de aprobar el presupuesto 2011, así que sus miembros acordaron mantener los niveles de financiación de 2010 hasta el 4 de marzo. Pero esa fecha pasó y el Congreso no pudo llegar a un acuerdo.De hecho, las partes se distanciaron aún más cuando los legisladores republicanos que llegaron al Congreso gracias a los votos del Tea Party le exigieron al presidente de la cámara John Boehner (republicano) que profundice los recortes para 2011 que había planteado en su propuesta original.
Sin poder alcanzar una solución de compromiso, el Congreso aprobó una serie de medidas presupuestarias interinas -que incluyen recortes significativos- con fechas de vencimiento que, de cumplirse, generarían un alto en el funcionamiento del gobierno federal.
La fecha clave ahora es el 8 de abril. Si la Cámara de Representantes y el Senado no logran aprobar un presupuesto para entonces, el gobierno de Estados Unidos deberá detener sus funciones.
Nadie quiere esto, ¿verdad?
Tanto del lado republicano como del demócrata hay quienes no verían con malos ojos que se llegue al extremo de un alto estatal.
Desde el Tea Party la visión es que una parálisis hará que las decisiones sobre las políticas que guían al país se inclinen hacia su lado, al tiempo que les permitiría consolidar su argumento acerca de la ineficiencia del gobierno.
Su esperanza es que un alto en la estructura estatal fuerce a los demócratas a aceptar los recortes que ellos proponen.
Los demócratas, por su parte, tienen fresco el recuerdo de la última vez en que se paralizó el gobierno, durante los años del presidente Bill Clinton. Los republicanos, quienes fueron los principales responsables de que se llegara a esa instancia, fueron señalados como los culpables de sus efectos negativos y retratados como egoístas y mezquinos.
De hecho, varios comentaristas políticos señalan que los "apagones" gubernamentales de 1995 y 1996 ayudaron a que Clinton ganara las elecciones de 1996.
Algunos demócratas esperan que este escenario se repita. Sobre todo porque -en los hechos- el gobierno sigue funcionando, aún cuando se hable de "parálisis".
Desde el Tea Party la visión es que una parálisis hará que las decisiones sobre las políticas que guían al país se inclinen hacia su lado, al tiempo que les permitiría consolidar su argumento acerca de la ineficiencia del gobierno.
Su esperanza es que un alto en la estructura estatal fuerce a los demócratas a aceptar los recortes que ellos proponen.
Los demócratas, por su parte, tienen fresco el recuerdo de la última vez en que se paralizó el gobierno, durante los años del presidente Bill Clinton. Los republicanos, quienes fueron los principales responsables de que se llegara a esa instancia, fueron señalados como los culpables de sus efectos negativos y retratados como egoístas y mezquinos.
De hecho, varios comentaristas políticos señalan que los "apagones" gubernamentales de 1995 y 1996 ayudaron a que Clinton ganara las elecciones de 1996.
Algunos demócratas esperan que este escenario se repita. Sobre todo porque -en los hechos- el gobierno sigue funcionando, aún cuando se hable de "parálisis".
Una ley de 1870
Que el estado experimente una parada no es algo tan inusual, aunque la última vez que esto ocurrió haya sido en 1995. Por ejemplo, durante los mandatos de Jimmy Carter y Ronald Reagan el gobierno dejó de operar en 10 ocasiones.
La causa entonces y ahora es que una ley de 1870 prohíbe al gobierno funcionar si el presupuesto no ha sido aprobado, excepto en casos de emergencia.
La ulterior interpretación de la ley ha determinado que excluye a los servicios esenciales como seguridad nacional, control de tráfico aéreo, servicios sanitarios, asistencia en catástrofes, funcionamiento de las prisiones y producción de electricidad, entre otros.
Por tanto, las operaciones militares de Estados Unidos en Irak, Afganistán y Libia no se verán afectadas.
El Congreso y la Presidencia también están exentos.
Su estudio detectó que los servicios para veteranos de guerra prácticamente dejaron de funcionar, que el Servicio de Parques Nacionales cerró 368 de sus sitios, y que los the Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dejaron de cumplir su tarea de vigilancia sanitaria y que se suspendió la limpieza de desechos tóxicos.
Cada día se dejaron de procesar 30.000 trámites para visados y 200.000 para obtener pasaportes.
No se aceptaron nuevos pacientes en estudios clínicos en los Institutos Nacionales de la Salud y nadie respondía las llamadas a su línea telefónica para consultas sobre enfermedades.
También se vieron afectados los pedidos de autorización para la venta de alcohol, tabaco y armas; el reclutamiento de patrullas fronterizas y fuerzas de seguridad; los servicios de asistencia para menores delincuentes y todos los monumentos nacionales en la ciudad de Washington.
Sí se enviaron los cheques de la seguridad social, pero el personal administrativo no procesaba consultas sobre cambio de domicilio, cheques perdidos y otras dudas habituales.
En materia de funcionamiento del estado en el extranjero, de llegarse a una paralización en 2011, el Departamento de Estado tendría que decidir cuáles de los servicios que provee en sus embajadas considera "esenciales", pero es probable que se detengan sus operaciones o que funcionen al mínimo.
Por el contrario, los servicios de aduanas y migraciones en aeropuertos y fronteras en EE.UU. seguirían operando.
Los que traten de saltar la norma podrían recibir una multa de US$5.000 o 2 años de prisión.
En general lo que hace el gobierno es suspender a empleados estatales que no realizan tareas esenciales. Les dejan de pagar mientras dura la pausa en la maquinaria gubernamental, pero luego les reintegran los salarios en forma retroactiva, aunque no hayan trabajado.
Como señala la corresponsal de la BBC en Washington, Katie Connolly, "esa es parte de la ironía de esta situación: detener el funcionamiento del estado es algo que cuesta mucho dinero".
Para más, se dejan de recolectar multas y tasas, la industria del turismo se ve afectada por el cierre de los parques nacionales y los empleados estatales terminan cobrando por no trabajar.
El efecto de esta situación sobre la economía es difícil de medir.
Si llega el 8 de abril, no hay acuerdo, y el gobierno se detiene, dice Connolly, "será principalmente por la creencia de los republicanos de que el estado gasta mucho y es ineficiente".
Pero si se habla de ineficiencia, para muestra basta el costo estimado de las suspensiones de 1995 y 1996: más de US$1.250 millones.
BBC Mundo
La causa entonces y ahora es que una ley de 1870 prohíbe al gobierno funcionar si el presupuesto no ha sido aprobado, excepto en casos de emergencia.
La ulterior interpretación de la ley ha determinado que excluye a los servicios esenciales como seguridad nacional, control de tráfico aéreo, servicios sanitarios, asistencia en catástrofes, funcionamiento de las prisiones y producción de electricidad, entre otros.
Por tanto, las operaciones militares de Estados Unidos en Irak, Afganistán y Libia no se verán afectadas.
El Congreso y la Presidencia también están exentos.
Entonces, ¿a quiénes afecta?
El organismo de investigación en políticas públicas de la biblioteca del Congreso de EE.UU., el Congressional Research Service, analizó datos de los 26 días de parálisis gubernamental durante la era Clinton.Su estudio detectó que los servicios para veteranos de guerra prácticamente dejaron de funcionar, que el Servicio de Parques Nacionales cerró 368 de sus sitios, y que los the Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dejaron de cumplir su tarea de vigilancia sanitaria y que se suspendió la limpieza de desechos tóxicos.
Cada día se dejaron de procesar 30.000 trámites para visados y 200.000 para obtener pasaportes.
No se aceptaron nuevos pacientes en estudios clínicos en los Institutos Nacionales de la Salud y nadie respondía las llamadas a su línea telefónica para consultas sobre enfermedades.
También se vieron afectados los pedidos de autorización para la venta de alcohol, tabaco y armas; el reclutamiento de patrullas fronterizas y fuerzas de seguridad; los servicios de asistencia para menores delincuentes y todos los monumentos nacionales en la ciudad de Washington.
Sí se enviaron los cheques de la seguridad social, pero el personal administrativo no procesaba consultas sobre cambio de domicilio, cheques perdidos y otras dudas habituales.
En materia de funcionamiento del estado en el extranjero, de llegarse a una paralización en 2011, el Departamento de Estado tendría que decidir cuáles de los servicios que provee en sus embajadas considera "esenciales", pero es probable que se detengan sus operaciones o que funcionen al mínimo.
Por el contrario, los servicios de aduanas y migraciones en aeropuertos y fronteras en EE.UU. seguirían operando.
Dinero a cambio de nada
Es probable que esta vez los trabajadores estatales deban desconectar los teléfonos inteligentes que tengan conexión con la oficina, ya que responder correos electrónicos es una contravención a la ley de 1870, que prohíbe al gobierno aceptar que sus trabajadores no cobren por sus servicios.Los que traten de saltar la norma podrían recibir una multa de US$5.000 o 2 años de prisión.
En general lo que hace el gobierno es suspender a empleados estatales que no realizan tareas esenciales. Les dejan de pagar mientras dura la pausa en la maquinaria gubernamental, pero luego les reintegran los salarios en forma retroactiva, aunque no hayan trabajado.
Como señala la corresponsal de la BBC en Washington, Katie Connolly, "esa es parte de la ironía de esta situación: detener el funcionamiento del estado es algo que cuesta mucho dinero".
Para más, se dejan de recolectar multas y tasas, la industria del turismo se ve afectada por el cierre de los parques nacionales y los empleados estatales terminan cobrando por no trabajar.
El efecto de esta situación sobre la economía es difícil de medir.
Si llega el 8 de abril, no hay acuerdo, y el gobierno se detiene, dice Connolly, "será principalmente por la creencia de los republicanos de que el estado gasta mucho y es ineficiente".
Pero si se habla de ineficiencia, para muestra basta el costo estimado de las suspensiones de 1995 y 1996: más de US$1.250 millones.
BBC Mundo
