La lucha por los recursos naturales se endurece en Perú. Este miércoles, y después de ocho días de huelga indefinida y de varias medidas de fuerza contra las exportaciones de gas del campo de Camisea, los pobladores de la provincia de La Convención, en Cusco, rechazaron el pedido del gobierno central a un cese de acciones.
Uno de sus representantes, el alcalde de Quillabamba, Aurelio Chalco, no ve una intención real del gobierno de dialogar con ellos, por lo que han decidido radicalizar su protesta.Al hablar con la prensa local, el funcionario justificó la medida en que el comunicado enviado un día antes por el primer ministro peruano, Javier Velásquez Quesquén, no era específico sobre la fecha, el lugar ni quienes participarían en una reunión de diálogo.
En el documento, el primer ministro señalaba que "la suspensión de la movilización en esta zona del país ayudará a entablar un diálogo sin condicionamientos ni presiones en la fecha que se convenga".
Cusco, destino favorito de los turistas que llegan a este país, no sólo alberga algunas de las atracciones más visitadas, como Machu Picchu, sino también una de las mayores reservas de gas del continente.
En una de sus provincias, La Convención, se encuentra el yacimiento de Camisea, que este año empezó a exportar parte de su producción a España y México.
Paro indefinido
Ante el temor que las reservas existentes no sean suficientes para abastecer la demanda interna, y disgustados con el hecho que ellos pagan más por el gas que el precio de exportación, los pobladores de esa provincia empezaron una huelga indefinida hace ocho días.Miles de pobladores mantienen bloqueadas carreteras y reportes de prensa señalan que en la capital de la provincia, Quillabamba, de unos 60.000 habitantes, se han suspendido las clases escolares, el transporte público es restringido y el comercio ha cerrado.
En las últimas 24 horas, los manifestantes derribaron dos torres de comunicación radial de una empresa privada vinculada a las operaciones de gas, tomaron un campamento de comunicaciones y retuvieron como rehenes a dos trabajadores de la empresa, a los que prevén liberar en el transcurso del día.
Las protestas se producen en medio de un creciente cuestionamiento sobre el acuerdo de explotación del gas de Camisea que firmó en el pasado el gobierno peruano. Sus críticos denuncian que el precio del producto de exportación es menor del que pagan los peruanos.
En respuesta a esa situación, en julio, el ejecutivo informó que se procederá a renegociar el contrato con el consorcio LNG y superar así las distorsiones en los precios de gas entre el mercado interno y el externo.
El recientemente nombrado presidente del Congreso, el oficialista César Zumaeta, declaró que la población no debería hacerse esa pregunta porque según dijo "hay gas para los próximos 20 años".
Ante el temor de un quiebre mayor de la situación, varios congresistas que representan a la región de Cusco le pidieron al gobierno que insista en una salida de diálogo con los manifestantes.
Las exportaciones del gas de Camisea están a cargo del consorcio Perú LNG, conformado por las empresas Hunt Oil (Estados Unidos), Repsol (España), SK Energy (Corea) y Marubeni (Japón).
