Vuelve otra vez el enfrentamiento entre la industria cultural española y quieres defienden el libre intercambio de archivos. Y el campo de batalla es nuevamente Internet.
Mientras la llamada Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos insiste en atacar a las páginas de enlaces que se benefician del P2P a través de la publicidad, mediante un vídeo y un informe publicado esta semana, el colectivo Exgae contraataca con otro vídeo y aprovecha para anunciar la celebración de un evento de cultura libre que se celebrará en Barcelona a finales de octubre.
Los creadores agrupados en la Coalición enviaron esta misma semana al Ministerio de Industria una lista de unos 200 sitios web de enlaces a archivos protegidos, con la intención de que actúen tanto el propio Ministerio como la Fiscalía General del Estado.
La Coalición de Creadores presentó un informe, realizado conjuntamente con la CoPeerRight Agency, en el que asegura que los principales sitios que se dedican a las descargas cuentan con una media de 150.000 usuarios cada una, "un tráfico que alcanza fácilmente los cuatro millones de usuarios únicos" y pueden alcanzar ingresos de cerca de 1,5 millones de euros al año para cada página, siempre según sus datos.
Acompaña a ese informe un vídeo de más de seis minutos publicado en YouTube, llamado 'Informe Parasite Business', en el que se afirma que "con la excusa del intercambio entre particulares de redes espontáneas viviendo la experiencia digital, se esconde en Internet una industria parasitaria que hace posible las descargas de obras ajenas".
Este vídeo, que usa datos del citado informe, denuncia que los ingresos provienen a través de la publicidad y a través de registros de datos de los usuarios.
La reacción en la Red no se ha hecho esperar. La autodenominada asesoría legal Exgae, creada el pasado año como alternativa a las actuales entidades de gestión de derechos de autor, publicó el domingo otro vídeo, una parodia de la película 'El Hundimiento' en la que, mediante subtítulos falsos, se hace una crítica a las ambiciones de la industria cultural, cuyo negocio es "vender copias".
Otras opiniones sobre el informe de la Coalición de Creadores apuntan a que la industria cultural podría estar buscando abonar el terreno para instar a una reforma legislativa que termine por convertir en delito el intercambio de archivos en la Red.
El abogado especializado en Internet David Bravo comenta en su blog que la industria, "acudiendo en ocasiones a comparaciones desmesuradas, procura sugerir al legislador que estamos en un estado de emergencia que precisa de su intervención urgente".
Bravo cree que la industra cultural parece que busca convertir en "un problema nacional" lo que en realidad es "la inquietud de un interés privado".
El Gobierno
Mientras, el Gobierno anunció la semana pasada la creación de una comisión interministerial para analizar el marco normativo existente contra las copias no autorizadas en Internet, que deberá presentar conclusiones antes de fin de año.
Esa comisión tiene el encargo de presentar "mejoras en la acción judicial civil y penal como principal medio contra la vulneración de la propiedad intelenctual" en la Red.
Hay que recordar que, hasta la fecha, ningún proceso penal contra la actividad de intercambiar archivos protegidos en la Red ha prosperado, con la excepción de uno de ellos, que finalizó en acuerdo. No obstante, sí existen varios procesos por la vía civil.
De esta manera, el Gobierno interviene tras el fracaso de las negociaciones entre la industria cultural y el sector de las telecomunicaciones, y parece buscar un nuevo marco normativo. Y todo ello a pesar de los intendos de acercamiento entre las operadoras, agrupadas en Redtel, y parte de la industria cultural, que ya ha renunciado a medidas tan polémicas como los cortes de ADSL a quienes descarguen y han anunciado la creación de un macroportal de contenidos para fomentar el pago por los mismos.
Está previsto que el año que viene comience a perfilarse el nuevo marco legal que regirá el espinoso asunto de las descargas en la Red. Además, coincidiendo con la Presidencia española de la Unión Europea, el Gobierno propondrá la aprobación de una Carta de Derechos de los usuarios de telecomunicaciones común en la Unión Europea similar a la que existe en España, tal y como se anunció este verano.
