El vicepresidente de Google insta a seguir usando "la biblioteca real" porque "internet no lo da todo"

Fuente: elPeriodico.com.

El vicepresidente de Google, Vinton Gray Cerf, ha manifestado hoy que se debe seguir buscando la información en "la biblioteca real" ya que "internet no lo proporciona todo", durante una clase magistral en el Centro Politécnico Superior de la Universidad de Zaragoza.

Considerado uno de los padres de internet, Cerf ha comparado la red con un trozo de papel en el que "cualquiera puede escribir" pero que este, "por ahora", no distingue si lo que se pone es cierto o no.

El directivo de Google, que mañana será investido doctor honoris causa por la Universidad de Zaragoza, ha declarado que internet satisface las curiosidades de los ciudadanos pero que, sin embargo, no es la fuente más fiable, por lo que ha dicho que "el antídoto para la mala información es contrastarla y buscar más".

Gray Cerf, de 65 años y premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, ha hecho un llamamiento a los profesores que se quejan de que sus alumnos se conectan a internet para que les inviten a comprobar si la información a la que acceden es buena o no.

Según el vicepresidente de la compañía informática, los estudiantes se verán obligados a consultar otras páginas web y "puede que tengan que ir a la biblioteca real, para comprobar y analizar la información y, posiblemente, darse cuenta de que hay que corroborarla fuera de internet".

El futuro de la red

El futuro de internet está, según el matemático, vinculado al avance de la telefonía móvil, a la expansión de la alta velocidad y al aumento de dispositivos en la red, que en su opinión serán lo más importante y lo más determinante.

No obstante, también ha reconocido que la red no es segura a pesar de que internet es "muy resistente a los ataques y fallos". Cerf ha explicado que los navegadores "son muy ingenuos", ya que cuando vas a una página se descargan programas que se ejecutan sin que el navegador preste mucha atención sobre qué tipo de software está bajando.

Cerf ha confesado que el secreto del éxito de Google se encuentra en el trabajo de empleados "todos brillantes" quienes tienen un 20% de su tiempo laboral liberado para facilitar el pensamiento y "la sugestión de nuevas ideas".

La Biblioteca Británica en digital

Fuente: BBC Mundo.

Más de 100.000 libros antiguos, a los que no se tenía acceso con anterioridad, estarán a disposición del público con el programa de digitalización que inició la Biblioteca Británica.
La propuesta se centra en textos del siglo XIX, muchos de los cuales son desconocidos porque apenas se reimprimieron unos pocos tras sus primeras publicaciones.
La biblioteca considera que el acceso a estos documentos, a través de internet, será de gran utilidad para los docentes.
"Si no hay ediciones modernas, los profesores no pueden utilizarlos para sus clases", dijo Kristian Jensen, de la Biblioteca Británica.
"Lo que leemos en la actualidad es lo que la tradición predeterminó como gran literatura", añadió.
Trabajando a la capacidad máxima, aproximadamente 50.000 páginas pueden escanearse diariamente.
El resultado del proyecto
Se estima que se necesitarán 30 terabits (un billón de bits) de almacenaje para colocar el material que se obtendrá con el proyecto.
Se prevé que para digitalizar los primeros 25 millones de páginas se necesitarán dos años. El beneficio será mayor para los textos a los que no se puede acceder en la actualidad.
Por ejemplo, las obras que se publicaron fuera de los grandes centros literarios han perdido la nitidez en su impresión y, con frecuencia, han pasado al olvido.
Ahora, estos escritores tendrán una segunda oportunidad para llegar a nuevos lectores.
"Al digitalizar toda la colección le damos acceso (a la gente) a los libros sin el filtro de juicios posteriores, bien se basen en gusto o en aspectos económicos referidos a la impresión y publicación de los textos, comentó Jensen.
Esta nueva categoría de títulos por internet complementará otros volúmenes históricos y antiguos que la Biblioteca Británica ya puso a disposición de los lectores en la red a través de proyectos similares.
Éstos forman parte de dos propuestas: la colección en internet de libros ingleses antiguos y la del siglo XVIII.
Ambas están disponibles sin restricción para las instituciones británicas de educación superior.
Próximamente la Biblioteca Británica incluirá en su oferta digital dos millones de páginas de periódicos del siglo XIX y un millón de los del siglo XVIII.
Búsqueda de libros
Las publicaciones digitales serán accesibles por medio de dos opciones, inicialmente a través de la herramienta de Microsoft que permite la búsqueda de libros y, posteriormente, en la página en internet de la Biblioteca Británica.
Los lectores podrán utilizar palabras clave dentro de la publicación, lo que les permitirá buscar los textos con mayor rapidez y mejorar la interacción con el material.
Mientras Microsoft está trabajando en este proyecto, Google está digitalizando el trabajo de cinco de las bibliotecas más importantes del mundo, las de las universidades de Stanford, Harvard y Michigan, la de la biblioteca pública de Nueva York y la de Bodleian en Oxford.
Debido a restricciones relacionadas con derechos de propiedad intelectual, el acuerdo entre Microsoft y la institución británica solo incluye material de "dominio público".
"Hemos tenido mucho cuidado al excluir piezas de autores del siglo XIX que murieron después de 1936 porque el derecho de autor está vigente 70 años después de la muerte de la persona", indicó Jensen.

España: Multa si incumplen canon bibliotecario

• La multa es la ejecución estimada de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, que ha condenado a nuestro país por exceder las exenciones sobre los derechos de autor en los préstamos de sus obras
• Para detener el castigo, se ha introducido una enmienda al proyecto de ley del libro, por la que se fija en 20 céntimos de euro dicho pago, que será por ejemplar adquirido para las bibliotecas públicas, independientemente de su número de préstamos
• Los usuarios no abonarán esta cantidad, que en total supone 1,4 millones de euros anuales en todo el territorio español, y que será sufragada por las administraciones públicas, sin merma de los presupuestos destinados a la adquisición de fondos bibliográficos

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictó el pasado 26 de octubre de 2006 sentencia contra España por incumplir la Directiva 92/100/CEE, de 1992, que reconoce un derecho de los autores, artistas y productores de fonogramas y de películas a ser remunerados por el préstamo que se haga de sus obras.

La sanción que el Tribunal de Luxemburgo impondría por este fallo se estima en unos 300.000 euros diarios a partir de la fecha de la sentencia. Como Estado miembro de la Unión Europea, ante la obligatoriedad de acatar las sentencias que emanan del máximo órgano interpretativo del derecho comunitario, el gobierno español ha introducido vía enmienda, en un proceso de amplio consenso parlamentario, la aplicación del denominado “canon bibliotecario” en el proyecto de ley de la lectura, el libro y las bibliotecas, que atraviesa en este momento su trámite legislativo en las Cortes.

La solución, acordada con la mayoría de las comunidades autónomas y con las administraciones locales (titulares del 96% de la red de bibliotecas públicas), establece en 0,20 euros la cantidad a abonar por ejemplar adquirido con destino al préstamo –independientemente del número de veces que se preste– en bibliotecas públicas de municipios mayores de 5.000 habitantes.

Dicho importe, que suma aproximadamente 1,4 millones de euros al año en el conjunto del territorio español, será temporal, hasta que se fije la cuantía de la remuneración mediante Real Decreto, que establecerá además mecanismos de colaboración entre el Estado, las comunidades y los ayuntamientos para el cumplimiento de esta obligación, que ha sido también exigida por la corte de Luxemburgo a Bélgica en 2003, a Italia, Portugal y Luxemburgo en 2006, y a Irlanda en enero de 2007.

La remuneración, que, según las normas europeas, puede ser estipulada por los Estados, excluye a los establecimientos públicos de localidades de menos de 5.000 habitantes y a las bibliotecas de centros o instituciones docentes, no repercutirá en ningún caso sobre los usuarios de estos servicios, y tampoco se obtendrá de los presupuestos destinados por el Ministerio de Cultura a la compra de fondos bibliográficos, que asciende en 2007 a cerca de 20 millones de euros.

Cronología del proceso

Cuando la Directiva 92/100 se incorporó al ordenamiento jurídico español, en 1994, el gobierno hizo uso de la posibilidad, recogida en dicha norma, de permitir exenciones a determinadas instituciones. El artículo 37.2 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual dejó fuera del pago a “los museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas o filmotecas de titularidad pública o que pertenezcan a entidades de interés general de carácter cultural, científico o educativo sin ánimo de lucro, o a instituciones docentes integradas en el sistema educativo español”.

En septiembre de 2002, la Comisión Europea elaboró un informe sobre el préstamo público en la Unión Europea en el que, por lo que se refiere a España, se destacaba la amplia excepción contenida en nuestra legislación, que “incluye, de hecho, a la mayor parte de las instituciones de préstamo abiertas al público”. La Comisión consideró que “si un Estado miembro eximiera a todas las bibliotecas del pago de la remuneración, el derecho de préstamo público quedaría desprovisto de efecto adecuado”.

El Ejecutivo comunitario solicitó a España información sobre la aplicación del derecho de préstamo público en nuestro país. El gobierno defendió que la excepción mencionada era conforme con la norma comunitaria y justificó su establecimiento en la insuficiencia del desarrollo de las bibliotecas en España y la escasez de recursos presupuestarios disponibles.

La Comisión, a través de una carta de emplazamiento, rechazó estos argumentos por considerar que no constituían una base jurídica suficiente para justificar la falta de respeto de las disposiciones de la Directiva. El Estado español volvió a insistir en la adecuación de la legislación española a la normativa comunitaria en materia de préstamo público. Sin embargo, la Comisión presentó una demanda contra España ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que el 26 de octubre de 2006, condenó a nuestro país.

El Ejecutivo de la UE otorgó a las autoridades españolas un plazo de tres meses, a partir del 15 de noviembre de 2006, para demostrar que se estaban tomando medidas para cumplir la sentencia, y advirtió que, de no acatarla, la Comisión seguiría adelante con el expediente de infracción.

El gobierno ha remitido la citada enmienda al proyecto de ley de la lectura, el libro y las bibliotecas a las autoridades comunitarias como prueba de la voluntad de aplicar la sentencia, e impedir así su ejecución, en forma de multa.

Fuente: Presidencia del Gobierno de España.