2012/04/09
Filtradas las especificaciones de Nvidia Tegra 4
Que Nvidia esté concentrada en promocionar sus chips Tegra 3, con posibilidad de integrarlos en tabletas Android low-cost este mismo verano, no quiere decir que haya parado sus próximos proyectos. De hecho, según una hoja de ruta filtrada a la red por VR-Zone, la compañía de Santa Clara planea lanzar hasta cuatro modelos de su próxima generación Tegra 4 el año que viene.
¿Sus nombre? “Wayne” (por Bruce Wayne o Batman), que será sucedido por “Logan” y “Stark” y que continúa la saga de superhéroes iniciada por Tegra 3 “Kal-El”. Eso sí, todos mantendrán el diseño original de cuatro núcleos de procesador acompañados de un quinto “compañero” para tareas de computación de bajo consumo.
El buque insignia de la nueva familia de procesadores será el chip T40 con proceso de 28 nanómetros y velocidad de reloj máxima de 1,8 GHz, que llegará al mercado durante el primer trimestre de 2013. A continuación hará acto de aparición T43 con sus 2 GHz exactos y una fecha de lanzamiento que coincidirá con el tercer trimestre. Junto a este último también está previsto que se presente el modelo mainstream AP40, con frecuencia estimada entre los 1,2 GHz y los 1,8 GHz.
Todos ellos están pensados para su incorporación en tablets PC de 10 pulgadas de tamaño y para ello se basarán en la arquitectura ARM Cortex-A15.
Pero eso no es todo. Un cuarto modelo, conocido como SP3X, se dirigirá a dispositivos de tan sólo 7 pulgadas con velocidades de reloj que prometen un amplio abanico de posibilidades, desde los 1,2 GHz hasta los 2GHz. Otra característica clave de este procesador será su construcción con conexión LTE integrada y soporte adicional para HSPA de 42Mbps, algo de lo que carece la generación actual y que seguro agradecerán los socios de fabricación de Nvidia.
En este último caso, la arquitectura base será el Cortex-A9 de ARM Holdings y su liberación se producirá en el tercer cuarto de 2013.
Europa da el visto bueno a Raspberry Pi
A finales de marzo saltaba la alarma: los distribuidores oficiales para Europa de Raspberry Pi, también conocido como el ordenador Linux de 19 euros, se negaban a comercializar las primeras unidades por carecer del sello de calidad CE.
En aquel momento la Fundación Raspberry Pi consideró que la petición de la marca de certificación comunitaria era innecesaria al tratarse de un “producto final no terminado”. Y es que el ordenador se compone de un procesador ARM11 a 700MHz, una GPU VideoCore IV y 256 MB de memoria RAM con varios conectores, pero sin carcasa.
Ahora, la organización encargada de la fabricación del ordenador ha conseguido superar el contratiempo. Tras una semana de pruebas, la máquina ha superado los tests de compatibilidad electromagnética requeridos y las autoridades han confirmado que no serán necesarios cambios adicionales en el hardware para reiniciar las ventas en territorio comunitario, tal y como se explica en la página oficial del proyecto.
Este sello, que expresa la conformidad con las Directivas de la Unión Europea, se encuentra presente en todo tipo de dispositivos que llegan a las tiendas en los países miembros, desde juguetes hasta explosivos, y es obligatorio para autorizar su distribución. Aunque todavía no ha concluido el papeleo, no deberían pasar muchos días hasta que este PC en miniatura pueda llegar por fin a manos de los consumidores.
A mayores, Raspberry Pi estaría al día con los requisitos de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos, así como con las normativas de los organismos reguladores equivalentes de Canadá y Australia.
ZTE y Huawei se centrarán en el mercado de smartphones de gama alta
Los gigantes chinos han ido cambiando su estrategia empresarial paulatinamente; comenzaron en el segmento low cost, del que cada vez se alejan más con modelos de alta gama.
Desde que Huawei presentara su terminal ultra fino en la feria CES de este mismo año y ambas exhibieran su poder en el MWC de Barcelona, éstas han dado un giro a su imagen y lanzado más modelos que integran componentes de gran calidad.
2012 será para ZTE y Huawei un año donde medir su poder frente a marcas ya consagradas y competir tête á tête. La forma de hacerlo no distará mucho de la estrategia planteada hasta el momento: ofrecer una amplia variedad de productos de calidad pero a precios más bajos.
Un estudio elaborado por Digitimes considera que el crecimiento en 2012 de las dos firmas será de un 100%, un porcentaje elevado en comparación con el crecimiento que experimentará este mercado, que se calcula en un 40%.
Fuentes de la cadena de suministro indican que Huawei y ZTE enviarán en torno a 100 millones de smartphones este año al mercado (60 millones y de 35 a 40 millones de unidades, respectivamente), lo que supone una cuota global del 15%.
En 2011 los envíos totales de Huawei apenas alcanzaron los 16 millones de unidades; ZTE envió 11 millones de terminales.
La historia del ingeniero de Intel que reveló información a AMD
Un ingeniero de Intel ha sido declarado culpable de filtrar información crítica del gigante de chips a su competidor, AMD, antes de abandonar la compañía.
Biswamohan Pani, ciudadano estadounidense de 36 años de edad, robó información sobre tecnología de chipsets muy importante para dársela a sus empleados de AMD, empresa en la que se incorporó poco después de su estancia en Intel.
Pani tuvo acceso al sistema de datos de Intel después de haber abandonado la compañía; descargó numerosa información secreta relativa a la fabricación y diseño de chips. La policía calcula ahora que el valor de la información oscila entre los 200 y 400 millones de dólares.
Según las autoridades policiales, el robo no ha afectado de forma directa a Intel, y han revelado además que AMD ayudó al FBI en la investigación sin que el caso le haya salpicase.
El ex ingeniero se enfrenta a una acusación de fraude y hasta 20 años de prisión.
HTC se desploma en Bolsa tras anunciar una caída del 70% del beneficio
La fuerte competencia de Apple y Samsung ha pasado factura a HTC. Las
acciones del fabricante taiwanés de teléfonos móviles inteligentes se
desplomaron ayer un 6,8% hasta 545 dólares taiwaneses en la Bolsa de
Taipei, su mayor caída desde hace dos meses, tras conocerse que el
beneficio de la compañía ha caído un 70% en el primer trimestre del año
frente al mismo periodo del año pasado.
El segundo mayor fabricante de smartphones asiático registró de enero a marzo unas ganancias de 4.460 millones de dólares taiwaneses (115 millones de euros), su mayor caída de beneficios desde que salió a Bolsa hace 10 años, según informa Bloomberg. La cifra ha estado por debajo de la media estimada por los analistas consultados por la citada agencia, que habían pronosticado un beneficio de 4.620 millones.
Los ingresos de HTC también se han resentido y han caído un 35%, hasta 67.800 millones de dólares taiwaneses (1.755 millones de euros). Mientras los analistas habían previsto 71.100 millones y la propia HTC había estimado que sus ingresos se situarían en una horquilla entre los 65.000 y los 70.000 millones.
La noticia no supone una gran sorpresa. El director financiero de la compañía, Winston Yung, ya avanzó el pasado febrero que este trimestre iba a ser "débil". Un hecho que no solo se debe a la fuerte competencia de sus rivales sino también a la propia estrategia comercial y de negocio del fabricante taiwanés, pues tal y como admitió el directivo algunos productos de la compañía como el Rezound o el Vivid, con tecnología LTE, no han alcanzado las expectativas de la multinacional. Ahora, su nueva gran apuesta es la serie HTC One.
El segundo mayor fabricante de smartphones asiático registró de enero a marzo unas ganancias de 4.460 millones de dólares taiwaneses (115 millones de euros), su mayor caída de beneficios desde que salió a Bolsa hace 10 años, según informa Bloomberg. La cifra ha estado por debajo de la media estimada por los analistas consultados por la citada agencia, que habían pronosticado un beneficio de 4.620 millones.
Los ingresos de HTC también se han resentido y han caído un 35%, hasta 67.800 millones de dólares taiwaneses (1.755 millones de euros). Mientras los analistas habían previsto 71.100 millones y la propia HTC había estimado que sus ingresos se situarían en una horquilla entre los 65.000 y los 70.000 millones.
La noticia no supone una gran sorpresa. El director financiero de la compañía, Winston Yung, ya avanzó el pasado febrero que este trimestre iba a ser "débil". Un hecho que no solo se debe a la fuerte competencia de sus rivales sino también a la propia estrategia comercial y de negocio del fabricante taiwanés, pues tal y como admitió el directivo algunos productos de la compañía como el Rezound o el Vivid, con tecnología LTE, no han alcanzado las expectativas de la multinacional. Ahora, su nueva gran apuesta es la serie HTC One.
Las redes sociales, ¿del éxito a la saturación?
Hoy en día es casi tan frecuente tener un correo electrónico como un
perfil en Facebook, y Twitter se ha convertido en un fenómeno global
tras demostrar su utilidad en situaciones de crisis, dos referentes que
son solamente la punta del iceberg.
En una segunda línea está la generalista Google + o las redes temáticas como LinkedIn, MySpace, Flickr, Hi5 o Foursquare, así como las que triunfan por países, como Orkut (Brasil), Tuenti (España), Vkontakte (Rusia), Qzone (China) o iBibo (India), por citar unos ejemplos.
"Definitivamente hay un límite", aseguró a Efe el fundador del portal Social Media Explorer, Jason Falls, un conocido gurú estadounidense de las redes sociales y coautor del libro de mercadotecnia "No Bullshit Social Media".
"Habitualmente los usuarios pueden alimentar y mantener entre una y tres redes sociales, pero realmente son activos a diario en una o dos. Más allá de eso se puede añadir alguna centrada en algún tipo de entretenimiento, pero me sorprendería si una persona normal pudiera manejar más de dos o tres y que su uso le aporte algo", dijo Falls.
La abundancia de la oferta llevará en el futuro, según este analista, a la probable reducción del número de redes sociales generalistas y la aparición de otras orientadas a nichos de mercado muy concretos que sean de mucha utilidad para su público objetivo.
En esa misma línea, Falls pronosticó el crecimiento de las redes para personas que viven en el mismo entorno.
"Creo que las redes sociales locales tienen un tremendo lado bueno. La gente está más satisfecha con las relaciones reales que con las virtuales por lo que las redes sociales locales ayudarán a llenar ese vacío", indicó.
Uno de los últimos jugadores en ponerse de moda en el cóctel social de internet fue Pinterest, un portal californiano lanzado en 2010 pero que ha ganado popularidad en los últimos meses hasta el punto de derivar más tráfico a páginas web que Google + o Twitter.
Pinterest es una plataforma visual que permite al usuario crear colecciones de imágenes vinculadas con contenidos existentes en internet y compartirlas.
"Han logrado conectar con los consumidores a un nivel emocional, aunque creo que es probable que en el futuro decaiga el interés de los usuarios en algún momento. Está bien, pero son solo fotos bonitas con poca utilidad", comentó Falls.
Según datos de Double Click Ad Planner, Pinterest se ha popularizado en EE.UU. principalmente entre las mujeres y las empresas, entre ellas los medios de comunicación, que han encontrado una nueva forma de llamar la atención de los usuarios de las redes sociales y posibles consumidores recurriendo a reclamos visualmente atractivos.
"¿Harán (Pinterest) más adaptable a las marcas? ¿Incrementarán sus ingresos? ¿Arruinará eso la experiencia (de uso) para la gente? Será interesante ver por dónde van", comentó Falls.
Pinterest, que declinó hacer comentarios a Efe, pasó de tener 600.000 visitantes únicos en julio de 2011 a 17,8 millones en febrero, según datos de comScore, y esta semana su cofundador Paul Sciarra anunció que abandonaba sus funciones ejecutivas.
Las dudas sobre la capacidad de las redes sociales para convertirse en un negocio rentable sin atentar contra la privacidad de sus usuarios y terminar por ahuyentarlos ha formado parte de los problemas de esas plataformas desde sus inicios, que han recurrido a anuncios incrustados en sus páginas o a la distribución de mensajes promocionados como respuesta.
Un paso más allá en la búsqueda de financiación dará Facebook, que está previsto que en mayo, según los expertos, debute en el mercado de valores tecnológicos Nasdaq donde su red mundial con 850 millones de usuarios podría permitirle recaudar hasta 10.000 millones de dólares (7.600 millones de euros). EFE
En una segunda línea está la generalista Google + o las redes temáticas como LinkedIn, MySpace, Flickr, Hi5 o Foursquare, así como las que triunfan por países, como Orkut (Brasil), Tuenti (España), Vkontakte (Rusia), Qzone (China) o iBibo (India), por citar unos ejemplos.
"Definitivamente hay un límite", aseguró a Efe el fundador del portal Social Media Explorer, Jason Falls, un conocido gurú estadounidense de las redes sociales y coautor del libro de mercadotecnia "No Bullshit Social Media".
"Habitualmente los usuarios pueden alimentar y mantener entre una y tres redes sociales, pero realmente son activos a diario en una o dos. Más allá de eso se puede añadir alguna centrada en algún tipo de entretenimiento, pero me sorprendería si una persona normal pudiera manejar más de dos o tres y que su uso le aporte algo", dijo Falls.
La abundancia de la oferta llevará en el futuro, según este analista, a la probable reducción del número de redes sociales generalistas y la aparición de otras orientadas a nichos de mercado muy concretos que sean de mucha utilidad para su público objetivo.
En esa misma línea, Falls pronosticó el crecimiento de las redes para personas que viven en el mismo entorno.
"Creo que las redes sociales locales tienen un tremendo lado bueno. La gente está más satisfecha con las relaciones reales que con las virtuales por lo que las redes sociales locales ayudarán a llenar ese vacío", indicó.
Uno de los últimos jugadores en ponerse de moda en el cóctel social de internet fue Pinterest, un portal californiano lanzado en 2010 pero que ha ganado popularidad en los últimos meses hasta el punto de derivar más tráfico a páginas web que Google + o Twitter.
Pinterest es una plataforma visual que permite al usuario crear colecciones de imágenes vinculadas con contenidos existentes en internet y compartirlas.
"Han logrado conectar con los consumidores a un nivel emocional, aunque creo que es probable que en el futuro decaiga el interés de los usuarios en algún momento. Está bien, pero son solo fotos bonitas con poca utilidad", comentó Falls.
Según datos de Double Click Ad Planner, Pinterest se ha popularizado en EE.UU. principalmente entre las mujeres y las empresas, entre ellas los medios de comunicación, que han encontrado una nueva forma de llamar la atención de los usuarios de las redes sociales y posibles consumidores recurriendo a reclamos visualmente atractivos.
"¿Harán (Pinterest) más adaptable a las marcas? ¿Incrementarán sus ingresos? ¿Arruinará eso la experiencia (de uso) para la gente? Será interesante ver por dónde van", comentó Falls.
Pinterest, que declinó hacer comentarios a Efe, pasó de tener 600.000 visitantes únicos en julio de 2011 a 17,8 millones en febrero, según datos de comScore, y esta semana su cofundador Paul Sciarra anunció que abandonaba sus funciones ejecutivas.
Las dudas sobre la capacidad de las redes sociales para convertirse en un negocio rentable sin atentar contra la privacidad de sus usuarios y terminar por ahuyentarlos ha formado parte de los problemas de esas plataformas desde sus inicios, que han recurrido a anuncios incrustados en sus páginas o a la distribución de mensajes promocionados como respuesta.
Un paso más allá en la búsqueda de financiación dará Facebook, que está previsto que en mayo, según los expertos, debute en el mercado de valores tecnológicos Nasdaq donde su red mundial con 850 millones de usuarios podría permitirle recaudar hasta 10.000 millones de dólares (7.600 millones de euros). EFE
Cómo entender la guerra de las patentes
El último capítulo de la guerra de las patentes entre las grandes compañías de tecnología lo escribían la pasada semana Apple y Microsoft al
demandar a Motorola, empresa comprada recientemente por Google. El
motivo: creen que la compañía obstaculiza la fabricación de sus
productos estrella, tales como el iPhone, el iPad, Windows o Xbox.
La lucha por desarrollar nuevos productos o abrir nuevos mercados está provocando un maremágnum de demandas y contrademandas entre los principales fabricantes tecnológicos del mundo. Los aparatos que antes solo servían para hacer llamadas se han convertido hoy en día en potentes artilugios que, entre otros servicios, reproducen música, sacan fotos casi como cámaras profesionales o navegan por Internet. Con cada avance tecnológico, aumenta la guerra de patentes, puesto que las empresas no quieren compartir sus progresos o quieren que se les pague por su uso.
La patente es un derecho otorgado por el Estado a un inventor para impedir que terceros hagan uso de la tecnología patentada. Por tanto, el titular de la patente es el único que puede hacer uso de ella o autorizar a otros a que la utilicen, pero bajo sus condiciones. Las patentes se otorgan, eso sí, por un tiempo limitado, que actualmente es de veinte años según normas del ADPIC (Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio). Pasado ese tiempo, pasan a ser de dominio público.
¿Cuál es el problema en el caso de las empresas tecnológicas? Que evolucionan a un ritmo vertiginoso y no pueden esperar 20 años para adoptar avances, aunque estén patentados por otras compañías. La industria evoluciona y los progresos no pueden hacerse esperar, y menos dos largas décadas. De ahí la guerra de patentes.
Demandas y contrademandas sin fin
La maraña de demandas no parece acabar nunca y desenredarla es complicado, aunque desde Information is Beautiful ya lo han intentado en uno de sus gráficos.
Motorola, propiedad de Google, tiene una demanda de Oracle por usar el lenguaje de programación Java en su sistema operativo Android. También tiene otra de Microsoft, por su uso de la codificación de vídeo, a lo que Motorola contrademandó por implementación del correo electrónico, la mensajería instantánea y el Wi-Fi. Nokia llevó a los tribunales a Apple por violar diez de sus patentes en 2009. La compañía de la manzana contrademandó por vulnerar otras tantas.
HTC demandó a Apple por infringir su tecnología de gestión de la energía y la empresa fundada por Steve Jobs respondió con una contrademanda por el uso de pantallas táctiles y tecnología de reconocimiento de gestos.
De hecho, Apple, una de las empresas con más frentes abiertos, trató de evitar también el lanzamiento del Samsung Galaxy Tab aduciendo violación de patentes, y consiguió que durante unos días un juez alemán bloqueara la venta de este artilugio en Europa.
Las últimas en entrar en esta contienda han sido las redes sociales. La semana pasada, Facebook contrademandó a Yahoo por infringir diez de sus patentes, relacionadas con las fotografías, la posibilidad de compartir imágenes y la incorporación de ellas en el historial de los usuarios. Yahoo ya había demandado hace unas semanas a la red de Mark Zuckerberg por violar patentes relacionadas con la publicidad y la protección de la privacidad.
La compra de patentes, maniobra para ganar la guerra
Las técnicas para intentar ganar esta guerra son diversas, pero hay una que se está abriendo paso: la anexión de patentes de terceros. Una de las últimas maniobras en este sentido fue la adquisición de Motorola por parte de Google, gracias a la cual se ha hecho con sus más de 17.000 patentes, siguiendo de cerca a Microsoft y Nokia, que tienen 20.000 y colocándose por delante de Apple, poseedora de 10.000.
Esta guerra tiene más lógica si se tiene en cuenta que para algunas empresas los cobros por derechos de patentes suponen una gran fuente de ingresos. Google, por ejemplo, no cobra por su sistema Android, por lo que depende de que sus socios lo implementen en sus aparatos. De hecho, el buscador gana 550 millones de dólares a través de sus aparatos Android, mientras que recauda unos 2.500, cinco veces más, gracias a aparatos de Apple como el iPhone.
Microsoft también depende de que los fabricantes de móviles paguen por utilizar Microsoft 7. Apple, por su lado, es más reacia a la hora de compartir sus patentes y prefiere salvaguardarlas. "Gastamos mucho tiempo, dinero y recursos en lograr unas innovaciones increíbles, y no nos gusta cuando alguien las toma", aseguró recientemente el director ejecutivo de Apple, Tim Cook.
Florian Muller, experto en la guerra de patentes y que hace un especial seguimiento de ellas en su blog Foss Patents, asegura que los litigantes buscan jurisdicciones que creen que les son favorables para sus intereses y que les pueden dar una victoria rápida, lo que está extendiendo las disputas geográficamente. "Los gigantes de la tecnología no quieren dar muestras de flaqueza cuando batallan entre ellos. Por eso las contrademandas son cada vez más habituales incluso si sus reclamaciones no tienen mucho fundamento, para asegurarse de que no van a caer sin antes pelear", afirma Muller.
Además, estos litigios suponen un gran negocio. La empresa RPX, dedicada a acuerdos sobre patentes, estima que este mercado genera anualmente 50.000 millones de dólares entre pago de licencias y derechos de propiedad intelectual. Los honorarios de los abogados suman otros 6.000 millones de dólares. Solo en EE UU y entre 2005 y 2010 hubo 45.000 demandas por vulneración de patentes, según RPX.
De seguir calentándose esta guerra de patentes, las consecuencias afectarían principalmente a los consumidores, que verían limitada la oferta de precios y la innovación. Los usuarios podrían enfrentarse a una subida de precios y a una amenaza del mercado libre, con la sombra de peligrosos monopolios acechando tras la esquina.
La lucha por desarrollar nuevos productos o abrir nuevos mercados está provocando un maremágnum de demandas y contrademandas entre los principales fabricantes tecnológicos del mundo. Los aparatos que antes solo servían para hacer llamadas se han convertido hoy en día en potentes artilugios que, entre otros servicios, reproducen música, sacan fotos casi como cámaras profesionales o navegan por Internet. Con cada avance tecnológico, aumenta la guerra de patentes, puesto que las empresas no quieren compartir sus progresos o quieren que se les pague por su uso.
La patente es un derecho otorgado por el Estado a un inventor para impedir que terceros hagan uso de la tecnología patentada. Por tanto, el titular de la patente es el único que puede hacer uso de ella o autorizar a otros a que la utilicen, pero bajo sus condiciones. Las patentes se otorgan, eso sí, por un tiempo limitado, que actualmente es de veinte años según normas del ADPIC (Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio). Pasado ese tiempo, pasan a ser de dominio público.
¿Cuál es el problema en el caso de las empresas tecnológicas? Que evolucionan a un ritmo vertiginoso y no pueden esperar 20 años para adoptar avances, aunque estén patentados por otras compañías. La industria evoluciona y los progresos no pueden hacerse esperar, y menos dos largas décadas. De ahí la guerra de patentes.
Demandas y contrademandas sin fin
La maraña de demandas no parece acabar nunca y desenredarla es complicado, aunque desde Information is Beautiful ya lo han intentado en uno de sus gráficos.
Motorola, propiedad de Google, tiene una demanda de Oracle por usar el lenguaje de programación Java en su sistema operativo Android. También tiene otra de Microsoft, por su uso de la codificación de vídeo, a lo que Motorola contrademandó por implementación del correo electrónico, la mensajería instantánea y el Wi-Fi. Nokia llevó a los tribunales a Apple por violar diez de sus patentes en 2009. La compañía de la manzana contrademandó por vulnerar otras tantas.
HTC demandó a Apple por infringir su tecnología de gestión de la energía y la empresa fundada por Steve Jobs respondió con una contrademanda por el uso de pantallas táctiles y tecnología de reconocimiento de gestos.
De hecho, Apple, una de las empresas con más frentes abiertos, trató de evitar también el lanzamiento del Samsung Galaxy Tab aduciendo violación de patentes, y consiguió que durante unos días un juez alemán bloqueara la venta de este artilugio en Europa.
Las últimas en entrar en esta contienda han sido las redes sociales. La semana pasada, Facebook contrademandó a Yahoo por infringir diez de sus patentes, relacionadas con las fotografías, la posibilidad de compartir imágenes y la incorporación de ellas en el historial de los usuarios. Yahoo ya había demandado hace unas semanas a la red de Mark Zuckerberg por violar patentes relacionadas con la publicidad y la protección de la privacidad.
La compra de patentes, maniobra para ganar la guerra
Las técnicas para intentar ganar esta guerra son diversas, pero hay una que se está abriendo paso: la anexión de patentes de terceros. Una de las últimas maniobras en este sentido fue la adquisición de Motorola por parte de Google, gracias a la cual se ha hecho con sus más de 17.000 patentes, siguiendo de cerca a Microsoft y Nokia, que tienen 20.000 y colocándose por delante de Apple, poseedora de 10.000.
Esta guerra tiene más lógica si se tiene en cuenta que para algunas empresas los cobros por derechos de patentes suponen una gran fuente de ingresos. Google, por ejemplo, no cobra por su sistema Android, por lo que depende de que sus socios lo implementen en sus aparatos. De hecho, el buscador gana 550 millones de dólares a través de sus aparatos Android, mientras que recauda unos 2.500, cinco veces más, gracias a aparatos de Apple como el iPhone.
Microsoft también depende de que los fabricantes de móviles paguen por utilizar Microsoft 7. Apple, por su lado, es más reacia a la hora de compartir sus patentes y prefiere salvaguardarlas. "Gastamos mucho tiempo, dinero y recursos en lograr unas innovaciones increíbles, y no nos gusta cuando alguien las toma", aseguró recientemente el director ejecutivo de Apple, Tim Cook.
Florian Muller, experto en la guerra de patentes y que hace un especial seguimiento de ellas en su blog Foss Patents, asegura que los litigantes buscan jurisdicciones que creen que les son favorables para sus intereses y que les pueden dar una victoria rápida, lo que está extendiendo las disputas geográficamente. "Los gigantes de la tecnología no quieren dar muestras de flaqueza cuando batallan entre ellos. Por eso las contrademandas son cada vez más habituales incluso si sus reclamaciones no tienen mucho fundamento, para asegurarse de que no van a caer sin antes pelear", afirma Muller.
Además, estos litigios suponen un gran negocio. La empresa RPX, dedicada a acuerdos sobre patentes, estima que este mercado genera anualmente 50.000 millones de dólares entre pago de licencias y derechos de propiedad intelectual. Los honorarios de los abogados suman otros 6.000 millones de dólares. Solo en EE UU y entre 2005 y 2010 hubo 45.000 demandas por vulneración de patentes, según RPX.
De seguir calentándose esta guerra de patentes, las consecuencias afectarían principalmente a los consumidores, que verían limitada la oferta de precios y la innovación. Los usuarios podrían enfrentarse a una subida de precios y a una amenaza del mercado libre, con la sombra de peligrosos monopolios acechando tras la esquina.
Gobiernos y transparencia: del ejemplo del Reino Unido y EEUU a la opacidad israelí
El Gobierno español se ha propuesto mejorar el acceso de los
ciudadanos a la información de los distintos organismos regulándolo a
través de una Ley de Transparencia, aún en fase de borrador y abierto a la participación ciudadana hasta la semana que viene.
El Ejecutivo propone una ley en dos bloques, uno sobre transparencia propiamente dicha y otro sobre buen Gobierno. Se impulsa de esta forma una norma paralizada desde hace años; España es el único país importante de la UE que no regula el acceso de los datos públicos.
No obstante, ya hay expertos que critican el borrador fundamentalmente por los límites del texto, que restringe el acceso a información relativa a temas de seguridad nacional o a la Casa Real, porque deja fuera a demasiados ámbitos de la Administración y porque no da importancia al formato de los datos, informa Pablo Romero desde Madrid.
Detenemos nuestra mirada en las normas que rigen otros países, en algunos, como Italia, desde hace más de dos décadas años, y su utilidad pública (real).
Desde que en 1966 se aprobó la Ley de Libertad de Información, cualquiera—persona física o jurídica, estadounidense o extranjera— tiene derecho a acceder cualquier documento del Ejecutivo federal de Estados Unidos (sólo de la Administración federal). La Ley establece que, una vez que se solicita un documento a un organismo público, éste tiene 10 días hábiles para responder, que se extienden a 20 en caso de fuerza mayor, como tener que consultar a otra Agencia. Sin embargo, frecuentemente tardan meses. La razón, según el Gobierno, es falta de tiempo y de recursos para examinar sus archivos. En ese caso, las autoridades envían una carta al demandante explicándole que han recibido su petición y que la están procesando.
Una de las características de EEUU es que allí se paga por todo. Y la Ley de Libertad de Información no es una excepción. Hay tasas administrativas, de búsqueda y de copia. Dependiendo del peticionario —puede ser una empresa, una ONG, un ciudadano privado, una universidad, un medio de comunicación...— éstas varían. En algunos casos muy concretos, sólo solicitar la información puede salir por más de 200 euros.
La gran cuestión con esta Ley es, evidentemente, qué es secreto y qué no lo es. De hecho, desde la presidencia de Ronald Reagan, el Gobierno de EEUU puede incluso negar que existan documentos que afecten a la seguridad nacional. Otras excepciones afectan a investigaciones criminales en curso, e incluso a yacimientos minerales. Frecuentemente, los tribunales acaban decidiendo qué debe ser desvelado y qué no.
El Reino Unido pasa por ser unos de los países "ejemplares" a la hora de aplicar las leyes de transparencia, que en el 2005, provocaron un sonado escándalo, cuando The Guardian reveló las dietas que cobraban los diputados y los artículos personales que adquirían con dinero público.
La ley determina que la Administración tiene un plazo de 20 días como máximo para facilitar la información que solicita el ciudadano. En los últimos cuatro años, los británicos realizaron más de 4.000 solicitudes para conocer cualquier dato de las instituciones públicas, aunque el número se ha disparado tras la creación de una web especifica donde puede rastrearse las peticiones. En el Reino Unido existe una comisión de información y un tribunal especializado estos casos.
El ejemplo más notorio y reciente de transparencia administrativa ha llegado precisamente con el último y polémico presupuesto. El ministro de Finanzas George Osborne ha anunciado una campaña de información que llegará a los domicilios de los británicos y que explicará minuciosamente la tarta de gastos e ingresos previstos para el 2012.
La Ley de Libertad de Información, que entró en vigor en Alemania el 1 de enero de 2006, regula el acceso de los ciudadanos a la información referente a cualquier instancia pública y a los proyectos de gestión de la Administración alemana. Establece los procedimientos para acceder a la información sobre cualquier contrato público o subvención, así como a los datos referentes a sueldos públicos.
A raíz de la reciente celebración de un Foro Ciudadano, Merkel ha adoptado con fecha 12 de febrero la propuesta de una reforma legal que permita publicar de forma rutinaria toda esa información en internet, de forma que con una simple consulta a las web de la Administración se acceda a esta información, especialmente los destinos de todas las partidas de presupuestos públicos, excepto fondos reservados, junto a información referente a cualquiera persona, asociación u organización que sea receptora de fondos públicos, excepto datos privados de receptores de subsidios.
Una de las señas de identidad de Bélgica es la excesiva burocracia para determinados trámites de la vida diaria. Y algo parecido ocurre con el acceso de los ciudadanos a datos públicos y ficheros, a pesar de los esfuerzos del Gobierno por centralizar toda esa información en una gran base de datos.
En realidad lo que sucede en Bélgica no es un problema de transparencia, sino de difícil acceso a la información. Desde la Agencia Federal de Información y Comunicación (FedICT) explican que uno de los grandes proyectos que actualmente está en desarrollo es la "iniciativa de información abierta", con la que se pretende centralizar en una única página web toda la información que un ciudadano belga puede necesitar, desde los impresos para determinada gestión administrativa hasta la última estadística sobre inmigración.
Estos esfuerzos vienen en parte motivados por el apremio que la Comisión Europea está lanzando a los estados miembros para que abran sus datos a los ciudadanos en Internet. En diciembre, el departamento que dirige la comisaria de Agenda Digital, Neelie Kroes, lanzó una propuesta legislativa para que los Gobiernos coloquen en páginas webs todos los datos públicos que puede interesar a un ciudadano, salvo aquellos que estén protegidos por derechos de copyright o los que pongan en peligro la seguridad nacional.
Según el Ejecutivo Comunitario esta medida -que debe ser debatida por los estados miembros- no sólo supondría un gran paso hacia la mayor transparencia pública, sino que podría generar unos beneficios de hasta 140.000 millones de euros al año en toda la UE al facilitar la creación de negocios, empleo, etcétera. Además, la Comisión pondrá en marcha un nuevo proceso legislativo que tienen mucho que ver con la Ley de Transparencia, ya que permitirá a los ciudadanos hacer propuestas de legislación para que la Comisión Europea las presente a los estados miembros.
La Ley de Transparencia fue aprobada en Italia en 1990 con el objetivo de mejorar la colaboración entre los ciudadanos y la administración pública. Desde entonces ha sufrido varias modificaciones. La última en 2009 de la mano de Renato Brunetta, polémico ministro de la Administración Pública durante el último Gobierno de Berlusconi. La llamada 'Ley Brunetta' contiene, por una parte, una serie de medidas dirigidas a mejorar el acceso del ciudadano a la información sobre la actividad pública, y por otra, iniciativas de 'Buen Gobierno' encaminadas a mejorar la transparencia dentro de las administraciones públicas.
En este sentido la Ley de Transparencia italiana introdujo medidas encaminadas a optimizar la productividad del trabajo en la administración pública premiando las administraciones que optimicen mejor los recursos y pongan en marcha proyectos innovadores, o recompensando a los mejores funcionarios con cursos de formación y promocionándolos en función de sus méritos y no de otras variables como la antigüedad en el puesto de trabajo. Además, y esto era el punto más polémico de toda la reforma, las administraciones deben publicar en Internet los currículum y sueldos de los dirigentes así como las ausencias del personal.
El ciudadano, por su parte, puede consultar en Internet todos los datos relativos a la organización de las administraciones y obtener una copia, y entre otras novedades, introduce el derecho a la llamada auto-certificación de algunos documentos oficiales como por ejemplo los títulos de estudio para agilizar los tiempos burocráticos.
Existe además un organismo, la Comisión Independiente por la Valorización, Transparencia e Integridad de las Administraciones Públicas (CIVIT) que actúa como garante elaborando periódicamente directivas para mejorar el funcionamiento y la aplicación de la Ley.
En Portugal, existe una Ley de Acceso a los Documentos Administrativos que permite a los ciudadanos conocer la información pública una vez solicitada, pero no obliga a los órganos del Gobierno ni entidades públicas a informar a los ciudadanos sobre sus actividades. En diciembre pasado, el Partido Socialistas (PS), actualmente en la oposición, presentó en el Parlamento luso el proyecto de Ley de la Transparencia Activa de la Información Pública, que fue aprobado. No obnstante, los dos partidos que constituyen actualmente el gobierno de coalición de derechas, Partido Socialdemócrata y Partido Democristiano, votaron en contra y el proyecto acabó siento rechazado.
La ley 46/2007 de 24 de agosto garantiza a los ciudadanos el acceso a los documentos administrativos de los órganos de Estado y de las Regiones Autonómicas que integran la Administración Pública y todos los demás órganos que desarrollen funciones administrativas, municipios incluidos.
Aún así, el proyecto de ley socialista exigía "la introducción de un nuevo modelo de gestión de la información pública que refuerce el control por parte de los ciudadanos". Los diputados socialistas querían introducir en la actual legislación portuguesa la "obligatoriedad" para "todos los órganos y entidades englobados en la Ley de Acceso a los Documentos Administrativos de informar a través de internet de forma completa, organizada y con un lenguaje de fácil comprensión sobre toda la información y documentación que deba ser considerada pública y por tanto objeto de divulgación", ya que consideran que la ley vigente, aunque garantiza el acceso a los datos, es de difícil ejecución en la práctica.
La remodelada 'Ley de Libertad de información', aprobada en 1998 por el Parlamento israelí (Knésset), tiene como objetivo garantizar el derecho de los ciudadanos a solicitar información de carácter público en manos de las autoridades. Éstas deben dar una respuesta en un plazo de 30 días a cualquier ciudadano o residente de Israel que lo desee.
Pero la práctica queda lejos de la realidad. "Cuando los organismos públicos se niegan, alegan argumentos como daño a la intimidad o las sensibles relaciones con otro país y por supuesto el habitual motivo de la seguridad", nos explica la abogada Alona Vinograd, directora del Movimiento de Libertad de Información, una potente ONG que lucha para que la ley se cumpla. Si la autoridad competente (oficina del primer ministro, ayuntamientos, Parlamento, ministerios, etc..) rechaza dar la información pedida, el solicitante puede recurrir a un tribunal.
"Es aquí donde nosotros entramos. De los 41 recursos que presentamos, la Justicia nos dio la razón en 38 obligando al ente a dar la información", añade Vinograd lamentando que "aún falta mucha para una verdadera transparencia". En todos los organismos públicos acogidos a la ley, hay una figura dedicada exclusivamente al contacto con el ciudadano. "Mucha veces se olvidan de que la información que dispone la autoridad pertenece al público y que el ciudadano tiene el derecho a recibirla", concluye antes de apuntar algo conocido en Israel: asuntos "delicados" como el Mosad o el potencial nuclear suelen estar fuera de su alcance.
Como en los países vecinos, la corrupción es una lacra instalada en el corazón del Estado egipcio. Durante décadas las influencias (wasta, en árabe) han sido el salvoconducto perfecto para lograr un trabajo y la luz pública jamás ha alcanzado a uno de los secretos mejor guardados de la república: El presupuesto del Ejército, dueño de un imperio económico que podría controlar hasta el 30% del mercado local.
Un año después de la revolución, la opacidad permanece instalada en las altas esferas. Según la organización Transparencia Internacional, Egipto ocupa el puesto 112 de los 182 países incluidos en su clasificación de 2011. Al calor de una transición administrada por una Junta Militar aficionada al oscurantismo, un grupo de activistas de derechos humanos y expertos han elaborado un proyecto de ley que trata de combatir la corrupción creando mecanismos de control como el defensor del pueblo y garantizado el acceso público a la información de la administración.
El borrador, que se presentará próximamente en el nuevo parlamento para su discusión, coincide con la configuración de la comisión que debe redactar la nueva Constitución y que ha sido criticada por la hegemonía de los islamistas. El texto propuesto por la sociedad civil para legislar el acceso a la información establece un órgano que, designado por el Parlamento, se encargue de reclamar la publicación de documentos estatales -incluidos los presupuestos de Defensa o Inteligencia- y estudiar las peticiones rechazadas por la administración. De momento, la consulta de información por parte de los ciudadanos es una utopía para un aparato estatal con fama de kafkiano y heredero de una dictadura en plena y compleja mudanza democrática.
El Ejecutivo propone una ley en dos bloques, uno sobre transparencia propiamente dicha y otro sobre buen Gobierno. Se impulsa de esta forma una norma paralizada desde hace años; España es el único país importante de la UE que no regula el acceso de los datos públicos.
No obstante, ya hay expertos que critican el borrador fundamentalmente por los límites del texto, que restringe el acceso a información relativa a temas de seguridad nacional o a la Casa Real, porque deja fuera a demasiados ámbitos de la Administración y porque no da importancia al formato de los datos, informa Pablo Romero desde Madrid.
Detenemos nuestra mirada en las normas que rigen otros países, en algunos, como Italia, desde hace más de dos décadas años, y su utilidad pública (real).
Estados Unidos
Pablo Pardo, desde WashingtonDesde que en 1966 se aprobó la Ley de Libertad de Información, cualquiera—persona física o jurídica, estadounidense o extranjera— tiene derecho a acceder cualquier documento del Ejecutivo federal de Estados Unidos (sólo de la Administración federal). La Ley establece que, una vez que se solicita un documento a un organismo público, éste tiene 10 días hábiles para responder, que se extienden a 20 en caso de fuerza mayor, como tener que consultar a otra Agencia. Sin embargo, frecuentemente tardan meses. La razón, según el Gobierno, es falta de tiempo y de recursos para examinar sus archivos. En ese caso, las autoridades envían una carta al demandante explicándole que han recibido su petición y que la están procesando.
Una de las características de EEUU es que allí se paga por todo. Y la Ley de Libertad de Información no es una excepción. Hay tasas administrativas, de búsqueda y de copia. Dependiendo del peticionario —puede ser una empresa, una ONG, un ciudadano privado, una universidad, un medio de comunicación...— éstas varían. En algunos casos muy concretos, sólo solicitar la información puede salir por más de 200 euros.
La gran cuestión con esta Ley es, evidentemente, qué es secreto y qué no lo es. De hecho, desde la presidencia de Ronald Reagan, el Gobierno de EEUU puede incluso negar que existan documentos que afecten a la seguridad nacional. Otras excepciones afectan a investigaciones criminales en curso, e incluso a yacimientos minerales. Frecuentemente, los tribunales acaban decidiendo qué debe ser desvelado y qué no.
Reino Unido
Carlos Fresneda, desde LondresEl Reino Unido pasa por ser unos de los países "ejemplares" a la hora de aplicar las leyes de transparencia, que en el 2005, provocaron un sonado escándalo, cuando The Guardian reveló las dietas que cobraban los diputados y los artículos personales que adquirían con dinero público.
La ley determina que la Administración tiene un plazo de 20 días como máximo para facilitar la información que solicita el ciudadano. En los últimos cuatro años, los británicos realizaron más de 4.000 solicitudes para conocer cualquier dato de las instituciones públicas, aunque el número se ha disparado tras la creación de una web especifica donde puede rastrearse las peticiones. En el Reino Unido existe una comisión de información y un tribunal especializado estos casos.
El ejemplo más notorio y reciente de transparencia administrativa ha llegado precisamente con el último y polémico presupuesto. El ministro de Finanzas George Osborne ha anunciado una campaña de información que llegará a los domicilios de los británicos y que explicará minuciosamente la tarta de gastos e ingresos previstos para el 2012.
Alemania
Rosalía Sánchez, desde Berlín.La Ley de Libertad de Información, que entró en vigor en Alemania el 1 de enero de 2006, regula el acceso de los ciudadanos a la información referente a cualquier instancia pública y a los proyectos de gestión de la Administración alemana. Establece los procedimientos para acceder a la información sobre cualquier contrato público o subvención, así como a los datos referentes a sueldos públicos.
A raíz de la reciente celebración de un Foro Ciudadano, Merkel ha adoptado con fecha 12 de febrero la propuesta de una reforma legal que permita publicar de forma rutinaria toda esa información en internet, de forma que con una simple consulta a las web de la Administración se acceda a esta información, especialmente los destinos de todas las partidas de presupuestos públicos, excepto fondos reservados, junto a información referente a cualquiera persona, asociación u organización que sea receptora de fondos públicos, excepto datos privados de receptores de subsidios.
Bélgica y la Unión Europea
Javier Gallego, desde BruselasUna de las señas de identidad de Bélgica es la excesiva burocracia para determinados trámites de la vida diaria. Y algo parecido ocurre con el acceso de los ciudadanos a datos públicos y ficheros, a pesar de los esfuerzos del Gobierno por centralizar toda esa información en una gran base de datos.
En realidad lo que sucede en Bélgica no es un problema de transparencia, sino de difícil acceso a la información. Desde la Agencia Federal de Información y Comunicación (FedICT) explican que uno de los grandes proyectos que actualmente está en desarrollo es la "iniciativa de información abierta", con la que se pretende centralizar en una única página web toda la información que un ciudadano belga puede necesitar, desde los impresos para determinada gestión administrativa hasta la última estadística sobre inmigración.
Estos esfuerzos vienen en parte motivados por el apremio que la Comisión Europea está lanzando a los estados miembros para que abran sus datos a los ciudadanos en Internet. En diciembre, el departamento que dirige la comisaria de Agenda Digital, Neelie Kroes, lanzó una propuesta legislativa para que los Gobiernos coloquen en páginas webs todos los datos públicos que puede interesar a un ciudadano, salvo aquellos que estén protegidos por derechos de copyright o los que pongan en peligro la seguridad nacional.
Según el Ejecutivo Comunitario esta medida -que debe ser debatida por los estados miembros- no sólo supondría un gran paso hacia la mayor transparencia pública, sino que podría generar unos beneficios de hasta 140.000 millones de euros al año en toda la UE al facilitar la creación de negocios, empleo, etcétera. Además, la Comisión pondrá en marcha un nuevo proceso legislativo que tienen mucho que ver con la Ley de Transparencia, ya que permitirá a los ciudadanos hacer propuestas de legislación para que la Comisión Europea las presente a los estados miembros.
Italia
Soraya Melguizo, desde MilánLa Ley de Transparencia fue aprobada en Italia en 1990 con el objetivo de mejorar la colaboración entre los ciudadanos y la administración pública. Desde entonces ha sufrido varias modificaciones. La última en 2009 de la mano de Renato Brunetta, polémico ministro de la Administración Pública durante el último Gobierno de Berlusconi. La llamada 'Ley Brunetta' contiene, por una parte, una serie de medidas dirigidas a mejorar el acceso del ciudadano a la información sobre la actividad pública, y por otra, iniciativas de 'Buen Gobierno' encaminadas a mejorar la transparencia dentro de las administraciones públicas.
En este sentido la Ley de Transparencia italiana introdujo medidas encaminadas a optimizar la productividad del trabajo en la administración pública premiando las administraciones que optimicen mejor los recursos y pongan en marcha proyectos innovadores, o recompensando a los mejores funcionarios con cursos de formación y promocionándolos en función de sus méritos y no de otras variables como la antigüedad en el puesto de trabajo. Además, y esto era el punto más polémico de toda la reforma, las administraciones deben publicar en Internet los currículum y sueldos de los dirigentes así como las ausencias del personal.
El ciudadano, por su parte, puede consultar en Internet todos los datos relativos a la organización de las administraciones y obtener una copia, y entre otras novedades, introduce el derecho a la llamada auto-certificación de algunos documentos oficiales como por ejemplo los títulos de estudio para agilizar los tiempos burocráticos.
Existe además un organismo, la Comisión Independiente por la Valorización, Transparencia e Integridad de las Administraciones Públicas (CIVIT) que actúa como garante elaborando periódicamente directivas para mejorar el funcionamiento y la aplicación de la Ley.
Portugal
Virginia López, desde LisboaEn Portugal, existe una Ley de Acceso a los Documentos Administrativos que permite a los ciudadanos conocer la información pública una vez solicitada, pero no obliga a los órganos del Gobierno ni entidades públicas a informar a los ciudadanos sobre sus actividades. En diciembre pasado, el Partido Socialistas (PS), actualmente en la oposición, presentó en el Parlamento luso el proyecto de Ley de la Transparencia Activa de la Información Pública, que fue aprobado. No obnstante, los dos partidos que constituyen actualmente el gobierno de coalición de derechas, Partido Socialdemócrata y Partido Democristiano, votaron en contra y el proyecto acabó siento rechazado.
La ley 46/2007 de 24 de agosto garantiza a los ciudadanos el acceso a los documentos administrativos de los órganos de Estado y de las Regiones Autonómicas que integran la Administración Pública y todos los demás órganos que desarrollen funciones administrativas, municipios incluidos.
Aún así, el proyecto de ley socialista exigía "la introducción de un nuevo modelo de gestión de la información pública que refuerce el control por parte de los ciudadanos". Los diputados socialistas querían introducir en la actual legislación portuguesa la "obligatoriedad" para "todos los órganos y entidades englobados en la Ley de Acceso a los Documentos Administrativos de informar a través de internet de forma completa, organizada y con un lenguaje de fácil comprensión sobre toda la información y documentación que deba ser considerada pública y por tanto objeto de divulgación", ya que consideran que la ley vigente, aunque garantiza el acceso a los datos, es de difícil ejecución en la práctica.
Israel
Sal Emergui, desde JerusalénLa remodelada 'Ley de Libertad de información', aprobada en 1998 por el Parlamento israelí (Knésset), tiene como objetivo garantizar el derecho de los ciudadanos a solicitar información de carácter público en manos de las autoridades. Éstas deben dar una respuesta en un plazo de 30 días a cualquier ciudadano o residente de Israel que lo desee.
Pero la práctica queda lejos de la realidad. "Cuando los organismos públicos se niegan, alegan argumentos como daño a la intimidad o las sensibles relaciones con otro país y por supuesto el habitual motivo de la seguridad", nos explica la abogada Alona Vinograd, directora del Movimiento de Libertad de Información, una potente ONG que lucha para que la ley se cumpla. Si la autoridad competente (oficina del primer ministro, ayuntamientos, Parlamento, ministerios, etc..) rechaza dar la información pedida, el solicitante puede recurrir a un tribunal.
"Es aquí donde nosotros entramos. De los 41 recursos que presentamos, la Justicia nos dio la razón en 38 obligando al ente a dar la información", añade Vinograd lamentando que "aún falta mucha para una verdadera transparencia". En todos los organismos públicos acogidos a la ley, hay una figura dedicada exclusivamente al contacto con el ciudadano. "Mucha veces se olvidan de que la información que dispone la autoridad pertenece al público y que el ciudadano tiene el derecho a recibirla", concluye antes de apuntar algo conocido en Israel: asuntos "delicados" como el Mosad o el potencial nuclear suelen estar fuera de su alcance.
Egipto
Francisco Carrión, desde El CairoComo en los países vecinos, la corrupción es una lacra instalada en el corazón del Estado egipcio. Durante décadas las influencias (wasta, en árabe) han sido el salvoconducto perfecto para lograr un trabajo y la luz pública jamás ha alcanzado a uno de los secretos mejor guardados de la república: El presupuesto del Ejército, dueño de un imperio económico que podría controlar hasta el 30% del mercado local.
Un año después de la revolución, la opacidad permanece instalada en las altas esferas. Según la organización Transparencia Internacional, Egipto ocupa el puesto 112 de los 182 países incluidos en su clasificación de 2011. Al calor de una transición administrada por una Junta Militar aficionada al oscurantismo, un grupo de activistas de derechos humanos y expertos han elaborado un proyecto de ley que trata de combatir la corrupción creando mecanismos de control como el defensor del pueblo y garantizado el acceso público a la información de la administración.
El borrador, que se presentará próximamente en el nuevo parlamento para su discusión, coincide con la configuración de la comisión que debe redactar la nueva Constitución y que ha sido criticada por la hegemonía de los islamistas. El texto propuesto por la sociedad civil para legislar el acceso a la información establece un órgano que, designado por el Parlamento, se encargue de reclamar la publicación de documentos estatales -incluidos los presupuestos de Defensa o Inteligencia- y estudiar las peticiones rechazadas por la administración. De momento, la consulta de información por parte de los ciudadanos es una utopía para un aparato estatal con fama de kafkiano y heredero de una dictadura en plena y compleja mudanza democrática.
Google patenta perfiles anónimos
Google ha registrado una patente
que servirá para navegar por redes sociales sin necesidad de crear un
perfil en las mismas. El registro se hizo el pasado 29 de marzo aunque
la petición se tramitó en el mes de septiembre. Llama la atención que
todos los ingenieros inscritos como creadores son de origen brasileño.
En la documentación presentada se explica cómo la patente que responde al nombre "Sistema y método para generar un Perfil Fantasma para una red social" serviría para manejarse en dentro de servicios como Facebook, Twitter o el propio Google + siendo solo visible para los amigos, pero no para desconocidos. También se concreta que al acceder de esta manera se evita tener que dar datos personales. Y tampoco aparecerán si se hace una búsqueda por nombre de usuario.
En la documentación presentada se explica cómo la patente que responde al nombre "Sistema y método para generar un Perfil Fantasma para una red social" serviría para manejarse en dentro de servicios como Facebook, Twitter o el propio Google + siendo solo visible para los amigos, pero no para desconocidos. También se concreta que al acceder de esta manera se evita tener que dar datos personales. Y tampoco aparecerán si se hace una búsqueda por nombre de usuario.
Classify, música clásica en Spotify
Aunque se llame Classify la aplicación no sirve para poner orden, sino para descubrir y paladear la música clásica en Spotify. De momento solo funciona en PC y Mac, pero no en móviles y tabletas.
Se instala dentro del propio programa y da contexto sobre las grandes creaciones de la Historia. Se pueden escoger entre orquestas, música de cámara, ópera o solistas.
Se instala dentro del propio programa y da contexto sobre las grandes creaciones de la Historia. Se pueden escoger entre orquestas, música de cámara, ópera o solistas.
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