La “piratería” de contenidos es uno de los temas que más
controversias genera en la red entre industria y usuarios. Hasta la
propia definición está en entredicho: descargas ilegales, acceso libre,
intercambio, actividades extramercado, etc. No hay duda de que la
palabra piratería fue introducida por las industrias creativas (cine,
música y libros) para referirse a los usuarios que accedían a contenidos
protegidos por el copyright descargándolos de Internet, pero también
para hacer alusión a los servidores que se encargaban de recoger en su
seno todo el contenido y que buscaban un lucro a través de terceros
como, por ejemplo la publicidad o las suscripciones.
Desde la
llegada de Internet ha habido un enfoque perjudicial para ambas partes
implicadas al convertir una tecnología (la descarga de archivos de
Internet) en problema moral: está mal descargar gratuitamente contenidos
protegidos por copyright. Este enfoque ha sido, y es todavía, alentado
por otros actores como los medios de comunicación, que en muchos casos
han actuado como parte interesada; o los políticos, que no han sabido
legislar, al final, a gusto de nadie.
Este enfoque nos ha
llevado a la división de la sociedad entre buenos y malos sin saber muy
bien dónde se encuentra cada una de las partes. Mientras la industria
instaba a los Gobiernos a hacer campañas que apelaran a la moral (“si
eres legal eres legal”), los internautas demonizaban a las gestoras de
derechos y a los políticos que legislaban en cualquier sentido que no
fuera el de permitir la libre descarga sin restricciones.
Ángeles González-Sinde pervivirá en el imaginario popular como una suerte de
Cruella de Vil de lo digital.
Lo cierto es que la piratería afecta más a las formas de
comercialización de contenidos que a la moral. Es decir, es un problema
comercial y no ideológico. Internet ha supuesto un revulsivo serio para
las industrias creativas, como se vio en la música, en la televisión y,
más despacio, en los libros, obligando a una reconversión en el sector
de contenidos. No solo ha evolucionado la tecnología, sino que esta ha
sido capaz de cambiar los hábitos de los consumidores. Dado que es un
problema comercial, las soluciones deberían plantearse con este enfoque
por parte de la industria.
La piratería no puede ser un
problema moral porque no hay consenso social para que así sea. Además,
es inútil legislar mediante leyes que difícilmente pueden ser
aplicables. Se descarga y se comparte música, libros y películas
simplemente porque es posible hacerlo. Es muy difícil penalizar este
acto por mucho que algunos países como Francia, y ahora España, hayan
vivido la ilusión de que es realizable. Cada vez que se intenta bloquear
un sistema, se crean otros que los reemplazan (P2P, streaming, descarga
directa, torrent, gnutella, etc.).
Otra cosa es que la
industria ofrezca una resistencia al cambio, comprensible dentro del
marco de la necesidad de reajustes en las cadenas de valor y la
desaparición, en algunas ocasiones, de algunos intermediarios. Centrar
la discusión de la industria en la piratería distrae de los verdaderos
problemas a los que se enfrenta: la reconversión obligada por los nuevos
modelos de consumo de contenidos.
Metáforas, cultura y subvenciones
El empleo de metáforas para explicar la superioridad de una u otra
postura no ha ayudado a explicar el mundo digital. Una de las metáforas
más empleadas es la de referirse a los intentos por legislar contra las
descargas gratuitas de material protegido como “poner puertas al campo”;
mientras que la otra parte replica que el campo puede ser vallado y, en
caso de que un desconocido entre, se puede llamar a la Guardia Civil.
Lo único que demuestran estos argumentos es la falta de comprensión de
las singularidades de Internet y de la futura (presente) sociedad
digital. También podría ser que algunos de los que los utilizan tengan
una comprensión bien clara del tema y un interés oculto en desinformar a
la sociedad.
La mezcla entre cultura, ocio y negocio tampoco
facilita las cosas para llegar un acuerdo. Algunos usuarios argumentan
que la cultura debe ser libre y por ello justifican las descargas
gratuitas de contenidos protegidos. La cultura puede ser libre, lo que
no significa que haya de ser gratis (en inglés se confunde el término al
utilizar una misma palabra:
free). La libertad en la cultura
tiene más que ver con la censura que con el derecho de descargar
cualquier contenido sin tener que pagar precio alguno. Siempre ha habido
alguien que ha pagado por la cultura: hace unos siglos los mecenas y
ahora el usuario o las instituciones públicas o privadas.
Más
peligroso aún es el argumento de la “muerte de la cultura” a manos de la
piratería, como si el negocio fuera el garante final de la creación
cultural. En cualquier caso estará acabando con las empresas culturales y
no con el hecho cultural, que es inherente al ser humano. La
creatividad cultural está por encima del negocio. Otra cosa es que la
“cultura de pago”, un invento relativamente reciente, del siglo pasado,
sea deseable, ya que facilitó el gran boom de las artes que se vivió
durante décadas en el cine, la música y los libros, y que fue posible
gracias al auge de la clase media que pagaba por ella.
Lo que
sí parece estar “muriendo” es un tipo de cultura, habida cuenta de que,
hoy por hoy, gran parte de la población no parece dispuesta a pagar por
ella como lo hacía antes. Urge por tanto que la industria, si quiere
seguir siéndolo, encuentre las soluciones que garanticen a los
consumidores el acceso a bienes culturales de pago que generen
experiencias mejores que las gratuitas.
Uno de los argumentos
más comúnmente esgrimidos por algunos usuarios es que, dado que muchos
bienes culturales están subvencionados, deberían ser de acceso gratuito.
Lo cierto es que las subvenciones son ayudas con las que las
Administraciones buscan promover la creación cultural, lo cual forma
parte de sus competencias y obligaciones. Lo que se debería poner en
cuestión, por lo tanto, no son las subvenciones en sí, su espíritu
fundamental, sino el decepcionante resultado de ciertos productos
culturales que se han beneficiado de ellas, y el mal uso de las mismas
que han podido hacer algunos beneficiarios públicos y privados.
Piratería, gobierno y gestoras de derechos
La verdad es que el papel del Gobierno no es nada sencillo. Por un lado
debe garantizar las libertades digitales de los usuarios, y por el otro
proteger una industria que genera el 3,21% del PIB y emplea a más de
500.000 personas.
La presunta apropiación indebida de fondos
por parte de algunos directivos de la SGAE tampoco ha ayudado
precisamente a ver con buenos ojos la gestión de estas entidades. Si los
hechos no hubieran demostrado la mala fe con la que actuaron algunas
personas dentro de esta organización de gestión de derechos, el canon no
parecería una mala opción para garantizar una compensación justa a los
autores. La realidad, sin embargo, fue bien distinta: la industria abusó
en su aplicación; mientras dejaba fuera del reparto a miles de autores
continuaba persiguiendo a los usuarios que realizaban descargas de
contenidos.
Todo ello ha provocado la ruptura de un modelo,
malo pero que funcionaba, para pasar a una compensación que no resuelve
la distribución justa a los autores, con cargo a presupuestos generales
del Estado en un momento delicado para la economía española; y
la entrada en vigor de una ley que es difícilmente aplicable, por mucho que
veamos a algunas webs cerrar temporalmente. La responsabilidad del Gobierno aquí es evidente, por haber sido incapaz de controlar a las entidades de gestión.
Piratería y creadores
El eslabón más débil de toda la cadena es el creador. La industria
justifica en su nombre las presiones al Gobierno para erradicar la
piratería; sin embargo, en muchas ocasiones, es la parte de la cadena de
valor que menos dinero se lleva. Los creadores tienen derecho a
“intentar” vivir de sus obras, pero en ningún lugar está escrito que el
solo hecho de crear algo otorgue el derecho a que esa creación se
convierta en sustento, medio de vida.
Dejar en manos de los
usuarios (es decir, los consumidores de contenidos creativos) la
responsabilidad de la recompensa a los creadores no parece la mejor
solución. La construcción de modelos de negocio rentables y justos para
los creadores es responsabilidad de las industrias culturales y, desde
luego, ese modelo no pasa tanto por la persecución inútil de los
usuarios, ni siquiera por
cerrar los sitios de enlaces
(aunque es necesario cerrarlos para construir modelos sanos) como por
idear una oferta alternativa que justifique el precio a los
consumidores.
Piratería y libros Y finalmente llegamos a la piratería de los libros, donde la implementación de sistemas como el
DRM
(gestión de derechos digitales) o sistemas anticopia está lastrando el
desarrollo de la edición digital. La industria editorial, al igual que
lo hizo la música -y fracasó-, está promoviendo el uso de estos sistemas
de protección para evitar que los usuarios compartan los libros. Es
decir, si accedo a la oferta de libros de las editoriales compro un
archivo defectuoso que no podré compartir con nadie, pero si accedo a la
oferta extramercado, me “llevo” un archivo que puedo compartir y que no
tiene ninguna de las limitaciones de uso que la industria impone a
quien ha pagado por el libro. Por no mencionar las dificultades añadidas
al proceso de compra en algunas plataformas de venta de libros
electrónicos.
Como se puede ver, se vuelve a situar en el
centro de la discusión la piratería y no cómo llegar a los consumidores,
que han cambiado sus hábitos y su forma de acceder a los contenidos con
una oferta consistente y amplia. Desde luego, las cifras no ayudan más
que a aumentar la confusión. Cuando se habla de piratería de libros se
cifran las pérdidas en miles de millones de euros; pero, curiosamente,
cuando se habla del potencial del mercado digital los datos no suelen
pasar de unos pocos millones.
Como sociedad estamos cambiando y
madurando respecto al uso y consumo de contenidos digitales. Las
industrias culturales aún miran con cierto recelo el fenómeno de
Internet y no terminan de confiar en los usuarios. Sin embargo, no hay
duda de que, tarde o temprano, habrá una normalización de los modelos de
negocio en Internet, y de que dejaremos de hablar de “piratería” y
recordaremos este momento como un tiempo de transición. Eso no
significará que se haya erradicado, pero los usuarios que accedan a la
oferta de pago podrán hacerlo sin cortapisas y a precios adecuados.
No se ve de qué modo sería mejor una sociedad solo por el hecho de que
todos los contenidos fueran gratuitos, de modo que esa cuestión no es lo
que se discute aquí. Vivimos un momento de transformación que genera
desajustes, pero cada vez estamos más cerca de centrar las discusiones
en lo verdaderamente importante: la crisis de contenidos. ¿Interesan
realmente a los consumidores los contenidos que crean las industrias y
están dispuestos a pagar por ellos?
