La ley Hadopi llevará ante la Comisión a los primeros internautas 'reincidentes'

Una docena de internautas van a ser los primeros en comparecer ante la comisión que aplica la ley Hadopi.
Según informa Paris Match, doce usuarios han recibido la citación para presentarse ante la comisión tras no haber respondido ante los avisos enviados para que cesen sus descargas de material protegido por derechos de autor.
Hasta ahora no se había alcanzado este punto de la polémica ley contra las descargas en Internet. Desde su sede en un edificio de Montparnasse la Comisión de la ley Hadopi ha enviado en nueve meses 420.000 avisos por correo electrónico, la primera etapa de "respuesta gradual", primer paso a seguir según el protocolo de funcionamiento, que establece tres advertencias antes de proceder al corte de la conexión a Internet del usuario.
Según el medio, apenas el 10% de usuarios acudieron a las autoridades para conocer de qué se les acusaba tras el primer envío.
El segundo paso, el aviso mediante carta certificada, ya ha sido dado en unos 11.000 casos, de los que sólo el 20% obtuvieron respuesta de los internautas.

¿Un sistema con fallos?

Un 10% de los internautas que han contactado con las autoridades aseguran no haber realizado descargas, y se han provocado diversos problemas con la identificación de las direcciones IP. Al margen de la fuga de datos que sufrió la empresa que rastrea los intercambios P2P, se han detectado diversos problemas como la confusión de algunos clientes por tener el mismo nombre.
El propio Nicolas Sarkozy, presidente de la República, ha reconocido que la ley es "imperfecta", pero ha advertido que sólo se modificará si se encuentra una alternativa que demuestre un mejor funcionamiento.
La ley Hadopi establece que, cuando las sociedades de gestión detectan una descarga consideraba ilegal, deben remitir la dirección IP a las autoridades para identificar al titular de la conexión y proceder a los avisos por correo. En caso de persistir en la descarga, se rpocede a realizar el segundo aviso por carta certificada. Si tras un tercer aviso continúa la situación se procede a bloquear la conexión o imponer una multa de 1.500 euros.


El Mundo

Francia ha enviado 400.000 avisos por descargas

Las autoridades que aplican la ley Hadopi contra las descargas consideradas ilegales en Francia han remitido 400.000 avisos desde que la ley entró en vigor en octubre del año pasado. Las sociedades de gestión de derechos remiten diariamente a las autoridades unas 50.000 direcciones IP de Internet de máquinas donde sospechan que se han realizado descargas. Las autoridades se habían comprometido a enviar unos 10.000 avisos diarios, cifra que no cumplen.

Según la citada ley, cuando las sociedades de gestión detectan una descarga considerada ilegal, remiten a las autoridades la dirección IP para que sea identificado el titular de la conexión y son las autoridades quienes han de tramitar un primer aviso por correo electrónico. Si el internauta no desiste, se le remite al cabo de un tiempo una segundo aviso por carta certificada. Y finalmente, tras enviarle un tercer aviso pueden proceder a la clausura de la conexión o a imponer una multa de 1.500 euros.
Según Le Figaro, unas 3.500 personas han recibido el segundo aviso y "unas pocas docenas" el tercero, lo que supone que podrían ser objeto de sanción. La juez que supervisa el sistema reconoce que el procedimiento es lento y pesado, "rústico y poco automatizado".
Ninguna de las personas que han recibido el tercer aviso han sido llamadas ante el juez. Uno de los problemas detectados por las autoridades para la persecución de estos primeros sospechosos es que al activar un programa P2P puede resultar fácilmente que se de acceso a la biblioteca de los archivos del internauta y estos se carguen en la red sin necesidad de un acto expreso por parte del usuario. Las autoridades han advertido que algunos de los "archivos ilegales" que se habían compartido en una red P2P tenían una antigüedad de años y que el internauta sólo había usado expresamente la red para intercambiar archivos de trabajo.
El propio presidente francés, Nicolas Sarkozy, ha manifestado críticas al sistema imperante aunque ha advertido que no lo cambiará si no existe una alternativa. Sarkozy admitió en abril una falta de diálogo en la elaboración de la ley antidescargas francesas, Hadopi, y se mostró dispuesto a corregirla o incluso anularla si la comunidad digital es capaz de presentar una "alternativa que proteja la justa retribución de los creadores".

El Pais

Los editores franceses quieren que Hadopi persiga las descargas de libros electrónicos

La ley antidescargas francesa, Hadopi, vigila el tráfico de películas y canciones a través de sistemas de intercambio P2P. Los editores franceses quieren que también incluya en su catálogo de pesquisas al libro electrónico. Según distintos medios franceses, la patronal de los editores ha iniciado la búsqueda de una compañía que se encargue del rastreo de las descargas P2P de libros digitales para enviar los datos a las autoridades e iniciar el proceso de persecución de las mismas. El método es el seguido por las productoras cinematográficas y editoras musicales que han contratado una compañía para que les suministre las direcciones de Internet sospechosas de realizar descargas y con estos listados acuden a la autoridad para que inicie el envío de los tres avisos antes de cortar la conexión al internauta que el juez declare culpable. El problema es que el coste del rastreo parece superior, por ahora, al volumen de libros digitales descargados.
La eficacia del sistema francés está en perpetua discusión. Según datos de la propia autoridad Hadopi, uno de cada dos franceses prosigue con las descargas y hay un crecimiento notable de los servicios que no utilizan los sistemas P2P, como Rapidshare o Megaupload y el consumo en streaming (sin descarga) de las obras. Un 37% de franceses acuden a estos servicios frente a un 42% que se sirve del P2P. 7,4 millones de franceses visitaron en noviembre Megaupload cuando dos años antes la cifra era de 350.00.
Las autoridades francesas tienen un problema con estos servicios porque, basados en servidores extranjeros, las empresas dedicadas al rastro de las direcciones de Internet de los internautas activos en el P2P tendrían más dificultades para conseguir información sobre qué archivo concreto está siendo telecargado por un internauta ya que este dato está en manos de la compañía que ofrece el servicio.
A pesar de ello, un miembro de la autoridad Hadopi, Jacques Toubon, ha declarado que Hadopi permitiría el rastreo del streaming con sólo una modificación del reglamento que regula la persecución de descargas y que todo llegará "en su momento". De hecho, en la segunda carta a los internautas sospechosos de descarga que está enviando Hadopi se explica que "los comportamientos voluntarios de consulta, puesta a disposición o reproducción de obras protegidas por un derecho de autor, llamados corrientemente 'piratería', constituyen delito". Numerama ha replicado a los propósitos de Toubon y a este párrafo de la carta recordando que leer un libro o escuchar música pirateada no es delito penal. Lo constituye realizar una copia.
La autoridad Hadopi ya ha lanzado la fase del segundo aviso de los tres que debe enviar al internauta. El máximo responsable de la discográfica Universal en Francia calcula que en junio, Hadopi estará enviando 10.000 avisos al día. En los presupuestos de Hadopi para este año, figuran 450.000 euros para la mejora de su sistema informático y 650.000 para sufragar el envío postal del segundo aviso (el primero se hace por correo electrónico) que debe tramitarse por correo certificado.

El Pais

Francia inicia la segunda fase de avisos a los internautas que descargan sin permiso

El organismo creado por el Gobierno francés para luchar contra la llamada 'piratería' audiovisual, Hadopi, anunció el inicio de la segunda fase de avisos a internautas que hayan efectuado descargas no autorizadas de Internet.
Los responsables de Hadopi explicaron que esta fase consistirá en el envío de una segunda advertencia a la dirección de correo electrónico del infractor y que irá acompañada del envío a su domicilio de una carta certificada, para asegurar la recepción del aviso.
Este segundo paso, explicaron en una rueda de prensa en París, irá seguido de un tercer y último aviso en el caso de que persista la descarga no autorizada de contenidos, tras lo cual el dossier será remitido a un juez, quien puede optar por cortar temporalmente la conexión al titular.
La entidad precisó que ha enviado un total de 70.000 advertencias hasta finales de diciembre, sensiblemente menos de que las que avanzó la prensa francesa en diciembre, y señaló que su intención es alcanzar los 10.000 avisos diarios a partir de junio de 2011, frente al ritmo de 2.000 actualmente.

Examen de expertos

La portavoz de la Comisión de protección de derechos de la organización, Mireille Imbert-Quaretta, recordó que Hadopi actúa a petición de las empresas titulares de derechos sobre las obras descargadas, si bien matizó que "no todas las demandas se traducen en el envío de un aviso" sino que éstas son examinadas por expertos del organismo público.
Asimismo, Imbert-Quaretta reiteró la voluntad de hacer "pedagogía" entre los usuarios de Internet, por lo que las medidas emprendidas están enfocadas a "ayudar al ejercicio de responsabilidad del internauta".
También explicó que el campo de actuación de la organización -centrado actualmente en la descarga de música y películas- podría ampliarse en el futuro a la de libros o videojuegos.

Países interesados

La presidenta de la entidad, Marie-Françoise Marais, recalcó que durante los tres meses en los que la organización lleva operando Hadopi ya ha recibido la visita de representantes de Canadá, Holanda, Bélgica o Dinamarca, entre otros países, para estudiar las medidas implementadas en busca de posibles soluciones análogas.
Según la normativa actual, el incumplimiento sistemático de la ley en materia de descargas supondrá el corte temporal de la conexión al titular, si así lo deciden los tribunales.
El sancionado, que tendrá que seguir pagando su conexión a Internet aunque no pueda utilizarlo y que no podrá cambiar de proveedor, podrá ser sancionado también con una multa de 1.500 euros.

El Mundo

Crece la descarga directa en Francia al penalizar el P2P

La ley Hadopi que castiga el intercambio de contenidos protegidos en Francia no está teniendo el efecto deseado. En lugar de trasladar la demanda al mercado legal, lo que ha conseguido es que 7,4 millones de franceses visitaran la página de Megaupload durante el mes de noviembre, lo que supone un 35 por ciento más que en el mismo mes del año anterior. Así, los internautas del país galo se pasan a la descarga directa de contenidos para sortear la prohibición de compartir archivos protegidos, el denominado P2P. 

Estos datos, obtenidos por comScore para el diario francés «Le Figaro», ponen de manifiesto la escasa eficacia de una ley que el Gobierno francés ya se está replanteando. El propio Sarkozy ha reconocido que la famosa normativa, que permite «desconectar» al internauta tras tres avisos por compartir archivos protegidos, necesita algunos retoques.

En este sentido, el sitio Emule-Island, que enlaza directamente a Megavideo, otro servidor donde se alojan contenidos, «ha multiplicado por diez el número de vídeos suprimidos habitualmente», una decisión que, según este mismo sitio, tomó a causa de la presión de la industria de Hollywood. De hecho, este sitio suprimió en seis días 300.000 enlaces. Muchas de ellas se plantean incluso la oferta legal, que pasaría por acuerdos con productoras y distribuidoras.

En nuestro país, de aprobarse la «ley Sinde», no podría darse este caso ya que, precisamente, la normativa española tiene en el punto de mira las páginas de enlaces que remiten a servidores como Megaupload y que, según los cálculos de la industria, son unas 200. Así, el presidente de la República Francesa podría imitar el modelo español para paliar el efecto rebote de su Ley «antipiratería». Sin embargo, tras el rechazo del Congreso en nuestro país a la disposición final de la Ley de Economía Sostenible (LES), la famosa «ley Sinde», habrá que esperar a mediados de este mes para ver si el Gobierno consigue los apoyos necesario para introducir una enmienda en la LES que recoja una normativa contra la «piratería».


El canon, a debate
Industria ha convocado a la patronal del sector de Tecnologías de la Información, Ametic, a una reunión para abordar la reforma del canon digital, informa Ep. El objetivo es buscar un consenso para adecuar la legislación española a los criterios del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que declara ilegal aplicar el canon a empresas y profesionales.

La Razon

Francia llama la atención a 100.000 internautas por descargar material protegido

La ley francesa antidescargas, 'Hadopi', ha advertido ya a un total de 100.000 internautas sobre las infracciones que realizan al descargar material protegido con derechos de autor. Han pasado tres meses desde su entrada en vigor y ha generado un debate social acerca de la efectividad de esta ley.
Según ha informado el diario francés 'Le Figaro', los tres magistrados encargados de enviar los mensajes, han notificado el aviso a unas 100.000 personas, de las cuales un 15% han respondido por correo electrónico disculpándose por su comportamiento.

Tras la polémica generada por la 'ley Sinde' en España, ahora continúa el debate en el país vecino sobre la eficacia y efectividad de la ley 'Hadopi'.

Según ha indicado el diario francés, los correos que envían alertando a los usuarios tienen como asunto del mail el título "recomendación", lo que supone que muchos internautas no abran esta notificación.

Además, afirman que el servicio es muy lento, ya que mientras se envían unos 2.000 avisos a usuarios diariamente, se reciben 70.000 denuncias presentadas por los propietarios de los derechos de autor.

Mientras tanto, los magistrados alegan al diario galo que "han elegido voluntariamente esta proporción (Menos de un 3% de los usuarios que descargan estos contenidos son notificados) para probar el sistema y evaluar las reacciones de los usuarios".

Por otro lado, el presidente de la República Francesa, Nicolas Sarkozy, ya ha dicho en una reciente reunión con personalidades de Internet que "habrá que modificar la ley con el fin de mejorarla".

A partir de los siguientes meses comenzará la segunda fase de la ley, en la que se volverá a avisar mediante correo electrónico si se sigue reincidiendo, para más tarde volver a advertir mediante carta certificada.

Numerosos 'blogs' también se han hecho oír en el diario galo Le Figaro y han sentenciado la controversia existente en el debate sobre la ley 'Hadopi', diciendo que "se trata de una ley puramente burocrática, en la que el Gobierno se ha gastado 12 millones de euros para enviar un anuncio a los internautas totalmente ineficaz".

Cope 

La autoridad antidescargas francesa alerta contra la seducción de lo gratis

El Pais

"Vuestro acceso a Internet es utilizado para poner a disposición, reproducir o acceder a obras culturales portegidas por derechos de autor (...) Estas consultas o reproducciones, llamadas corrientemente "pirateo" constituyen un delito sancionado por los tribunales". Así se encabeza la carta que las autoridades francesas remiten a los internautas en cuya conexión se ha detectado la descarga de obras protegidas. Los primeros correos electrónicos han empezado a enviarse. En los mismos se advierte contra la seducción de lo gratis.
En la carta se explica que cabe la posibilidad de que la conexión esté siendo utilizada por terceros pero, en cualquier caso, es el titular del abono a Internet el responsable de que no se produzca este intercambio de archivos en su cuenta y se le recuerda al receptor que si persiste el problema puede ser sancionado con el corte de la conexión y una multa.
El texto explica que las autoridades de Hadopi (nombre con el que se conoce la ley antidescargas francesa) no tienen como función sancionar. "Cuando un dossier lo justifica, se remite al juez".
La carta, que se presenta como una "recomendación" explica al internauta que "bajo las apariencias seductoras de la gratuidad, las prácticas que no respetan los derechos de autor privan, en efecto, a los creadores de su justa retribución. Representan un grave peligro para la economía del sector cultural y es la supervivencia de la creación artística, bajo todas sus modalidades, lo que está en cuestión".
La mayoría de operadoras han cumplido con el encargo de las autoridades y han remitido este correo electrónico a los internautas sospechosos. La lista de direcciones de Internet donde se detectan descargas la elabora diariamente una empresa contratada por las sociedades de gestión. Éstas remiten la lista a la administración que se encarga de solicitar a las operadoras que identifiquen quién es el abonado con aquella dirección y le envíen este primer aviso. Tras recibir el tercero podrá ser sancionado.
Una operadora, Free, sin embargo, se ha resistido a hacerlo. Para evitar la multa que supondría negarse a enviar los citados avisos, Free ha optado por remitir la carta por correo postal y no por la vía electrónica. Uno de los problemas que se ha detectado ahora es que las operadoras remiten el aviso a la cuenta de correo que incluyó el internauta en su contrato, pero nada garantiza que esta cuenta siga activa o sea consultada por el receptor.
Las autoridades han publicado una serie de consejos para combatir la previsible actuación de delincuentes que envíen falsas cartas a los internautas. Las autoridades advierten que no se debe pagar ninguna tasa y que la carta oficial no debe responderse. En todo caso, se ofrecen otras vías para ello (desde el teléfono a la web de Hadopi).

La ley antidescargas francesa, pendiente del Consejo de Estado

El Pais

El Consejo de Estado francés deberá decidir la próxima semana sobre la legalidad de los últimos decretos que desarrollan la ley Hadopi (que permite cortar el acceso a Internet a quien realice descargas de archivos protegidos). La intervención del Consejo de Estado se produce tras un procedimiento abierto por un proveedor de acceso a la Red, FDN. En concreto, FDN alega que la norma que impone su obligación de identificar las direcciones IP (de Internet) que realizan descargas no ha sido consultada a la Arcep (el regulador de las telecomunicaciones francesas) y también critica la norma que castiga la negligencia del titular de la conexión que no impida que terceros la empleen para hacer descargas. FDN sostiene que este trámite, que concluye en la vía penal, supone una inversión de la prueba y que las autoridades no han publicado los programas que deberían instalarse para garantizar el bloqueo y demostrar que no existe negligencia.
La ley Hadopi establece que, una vez identificado quien realiza descargas de archivos protegidos, se remitirán al internauta tres avisos. Si no altera su conducta, se le cortará el acceso a Internet. El principal problema a que se enfrentan, como empresa, los proveedores de acceso a Internet es el coste del rastreo que les impone la ley. El ministerio de Cultura sostiene que este coste sería cero si sus clientes no emplearan Internet para la descarga de archivos protegidos y sugiere una interconexión automatizada con los gestores de Hadopi para reducir el coste de identificación de las citadas direcciones. El departamento de Justicia destaca que los principales proveedores de acceso no han planteado ninguna objeción a esta obligación.

Internautas franceses reciben falsos avisos contra las descargas

El Pais

La inminente llegada de verdaderos correos en aplicación de la ley Hadopi en Francia, que cortará la conexión a Internet a quien persista en la descarga de archivos protegidos tras tres avisos, está siendo aprovechada por estafadores. La propia autoridad que ha de poner en marcha la ley Hadopi ha advertido de la existencia de estos correos electrónicos fraudulentos en los que se dice al receptor que ha sido detectado en sus descargas y se le solicitan datos personales y la cuenta bancaria. Las autoridades francesas han alertado de que estos correos no son nominativos y han insistido en que, a pesar de que el envío de avisos por su parte es "inminente", todavía no han remitido ninguno y que se trata de una estafa.
El lanzamiento del operativo de la ley Hadopi choca con algunos problemas. El más llamativo es la negativa de la operadora Free a identificar las direcciones IP sospechosas de descarga. Free reclama al Gobierno una compensación económica por esta tarea, cuyo coste no ha evaluado.

La ley antipiratería francesa es un fracaso

Fuente: 20minutos.

La famosa ley Hadopi, creada en Francia para combatir la piratería online, ha demostrado no tener ninguna eficacia para acabar con las descargas de Internet a través de la tecnología P2P. Es más, la nueva legislación podría haber conllevado un aumento del uso de servicios de streaming y de descarga directa, según algunos estudios.
Ya han pasado tres años desde que el gobierno de Sarkozy realizó la primera proposición para crear una ley contra las descargas de material protegido por derechos de autor. Tras muchos meses de polémica, hace un año se aprobó la versión definitiva de la ley Hadopi. Sin embargo, a día de hoy aún no se ha enviado ninguna advertencia ni impuesto ninguna sanción.
La ley preveía un sistema consistente en tres avisos enviados a los infractores que, de no cesar sus actividades de descarga, serían penalizados con multas y la desconexión de Internet. Tal y como recoge The New York Times, los avisos brillan por su ausencia, por lo que ha comenzado a ponerse en duda la utilidad de la ley.
En Suecia y Reino Unido tampoco ha comenzado a castigarse a los internautas. En España, la normativa (la disposición final de la Ley de Economía Sostenible o 'Ley Sinde') ni siquiera ha entrado en vigor aún. El único país que ha empezado a aplicar una ley de estas características es Irlanda.

Alerta en Francia: si tu vecino usa tu conexión para las descargas, el multado serás tú

Fuente: Libertad Digital.

La Ley Hadopi, Ley de los 3 avisos, o reedición de la polémica Ley Sarkozy, vuelve a la carga. Además de enviar tres avisos a los internautas que sean descubiertos descargando archivos protegidos con derechos de autor antes de cortarles el acceso a internet, ahora se añade una penalización más. Serán los propios usuarios franceses quienes tengan que estar vigilantes de que nadie use su conexión a la red para descargarse archivos. Si no, serán ellos los amonestados, aduciendo la "negligencia del internauta", según recoge este miércoles El País.
A través de este decreto, se castiga al titular de la conexión desde la que se han realizado las descargas, aunque él no sea el autor de las mismas. El Consejo de Estado francés ya puso reparos a este decreto, advirtiendo que el concepto de negligencia suponía una inversión de la prueba, a costa del internauta, y una ruptura de la presunción de inocencia.
Ahora, el Consejo debe estudiarlo para contemplar en qué grado detectar una conexión desde la que se practican descargas es suficiente para demostrar la infracción del internauta titular. Aún no se han precisado las medidas que habrá de adoptar el internauta sospechoso de negligencia, no de descargar, para evitar el castigo.

La descarga de contenidos crece un 3% en Francia

Fuente: El Pais.

Sólo el 15% de los franceses que descargaban contenidos de las redes P2P abandonaron su actividad tras la aprobación el pasado septiembre de la polémica Ley Hadopi, que tras tres avisos desconecta de Internet a los infractores de los derechos de autor. Sin embargo, la descarga ilegal de contenidos no se ha frenado en Francia. Más bien al revés: ha aumentado un 3%. Los internautas se han trasladado a los sitios de descarga directa, como Rapidshare, o visionan los mismos contenidos en streaming. Unos internautas que, además, son los mayores consumidores de contenidos en Internet. Éstas son las conclusiones de un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Rennes (Bretaña), que recoge la prensa francesa. Los autores también destacan que la polémica ley no sólo es ineficaz sino que podría frenar el mercado legal de contenidos en la Red. "La extensión de la LeyHadopi a cualquier tipo de piratería digital, no sólo el P2P, podría reducir a la mitad los compradores de contenidos legales".

BT, contra la desconexión

Al otro lado del canal de la Mancha, el jefe de British Telecom considera "injusto" y "contra la justicia natural" cortar la conexión a Internet de los internautas que se descargan contenidos bajo los derechos de autor, como canciones o películas. El Gobierno britanico planea esta medida para frenar la piratería en la Red, que se está discutiendo actualmente en el Parlamento, pero el máximo responsable de la principal operadora de telecomunicaciones británica, Ian Livigston apuesta por un modelo de sanción económica, que se destinarían a un "fondo". Los internautas pdrían elegir pagar la multa o recurrir en los tribunales, según informa la BBC.

Francia podría leer el correo electrónico de sus ciudadanos

Fuente: Silicon News.

En un intento por prevenir y combatir la piratería, la Administración Sarkozy podría ir incluso un paso más allá y autorizar a los agentes de Hadopi (Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet, Alta autoridad para la difusión de obras y protección de derechos en internet, el organismo que da nombre a la norma y que controlará el uso de la red) a leer los correos electrónicos de los ciudadanos.

En principio, la ley no incluye de forma explícita esta mención, aunque la inclusión del término 'comunicaciones electrónicas' deja en el aire los límites de lo que pueden o no pueden investigar los agentes. Como denuncian varios diputados y recoge al prensa gala, la indefinición del término podría incluir dentro de lo vigilable los correos electrónicos personales de los ciudadanos y los adjuntos, ya que en ellos podría estarse produciendo una ilegalidad.

Esta mención no aparecía además en el texto primero ni en la versión censurada por el Constitucional. "Esta ampliación constituye una afrenta contra la vida privada", declara la senadora comunista, Brigitte Gonthier-Maurin, a Le Nouvel Observateur.

Los palos contra esta medida no llegan sólo desde la oposición. El diputado de la derecha, Lionel Tardy (UMP, que apoya al Gobierno) ha incluso señalado que la intromisión de los agentes en los correos de los ciudadanos atenta contra la separación de poderes (quienes leen los mails son los mismos que deciden si se está incumpliendo la ley) y ha anunciado enmiendas a la norma para que ésta no se vuelva a caer en el Constitucional, según recoge Le Nouvel Observateur citando a su blog.

La inclusión del término 'comunicaciones electrónicas' ha sido defendido por el ponente de la ley en el Senado, el senador de UMP, Michel Thiollière; por el ministro de Cultura, Frédéric Miterrand; y por el ponente de la ley en la Asamblea Nacional, el también UMP, Franck Riester, como recoge Le Monde. Tanto unos como otros recuerdan que la piratería no sólo se realiza mediante redes P2P, sino que encuentra otros caminos que deben ser investigados.

La norma ha sido aprobada en el Senado el pasado miércoles, aunque aún debe pasar el filtro de la Asamblea Nacional para ser definitiva.