El fiscal general de Florida, Bill McCollum, dijo el martes que va a demandar a los mayores fabricantes de pantallas de cristal líquido por participar en una "conspiración al más alto nivel" para acordar precios.
La demanda, un proceso civil que se presentará en un tribunal civil de California, afirma que los acusados "conspiraron para impedir la competencia y para aumentar los precios" de las pantallas TFT-LCD, la forma más común de pantallas LCD utilizadas en monitores de ordenador, pantallas de portátil, televisores planos y otros dispositivos electrónicos.
El anuncio de McCollum se produce después de que el fiscal general de Nueva York, Andrew Cuomo, presentara una demanda similar el pasado viernes, denunciando una década de arreglo de precios de los grandes fabricantes japoneses, surcoreanos y taiwaneses de LCD y de sus divisiones estadounidenses.McCollum, que al igual que Cuomo se presenta al puesto de gobernador, señaló en un comunicado que los documentos que tiene su oficina indican que los acusados organizaron la conspiración "al nivel más alto de sus organizaciones en varias reuniones y conversaciones telefónicas secretas a lo largo de varios años".
"Esta gran conspiración supuestamente resultó en precios inflados de forma artificial e ilegal de ciertas pantallas de LCD y los productos que las contienen, a expensas de los ciudadanos de Florida y las entidades gubernamentales", afirmó McCollum.
Entre las acusadas hay compañías conocidas a nivel internacional como Samsung Electronics, AU Optronics, Hitachi, LG Display, Sharp y Toshiba, según la oficina del fiscal general de Florida.
La oficina señaló que algunos de los acusados y sus empleados ya estaban acusados por el Departamento estadounidense de Justicia y han pagado unos 890 millones de dólares en multas.
La demanda de Florida afirma que las empresas violaron la Ley Antimonopolio de Florida, la Ley Sherman y la Ley de Prácticas Engañosas e Injustas de Comercio de Florida.
Las leyes antimonopolio del estado contemplan multas de hasta un millón de dólares por cada violación corporativa. Las leyes antimonopolio permten además pedir indemnizaciones de hasta tres veces la suma perdida debido a la conducta ilegal.
