El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció el lunes que Washington sancionará a aquellos países, como Irán y Siria,
que bloqueen el acceso a Internet a los manifestantes y que usen la
tecnología para llevar a cabo abusos de los Derechos Humanos. Obama ha
dicho que se sancionarán a los que "usan pistolas digitales"y ha pedido a
las agencias de Inteligencia estadounidense que incluyan en sus
informes la posibilidad de que se cometan asesinatos en masa, según ha
informado la cadena británica BBC.
"La soberanía nacional nunca es una licencia para asesinar a tu
pueblo", ha manifestado. Esta orden ejecutiva generará sanciones contra
aquellos países "que usen la tecnología para monitorizar, ubicar y atacar a los ciudadanos". "Las tecnologías han de ser usadas para empoderar a los ciudadanos, no para reprimirles", ha apostillado Obama.
Por contra, en Estados Unidos se han puesto en marcha prácticas
similares. En 2011, la ciudad de San Francisco, en el estado de
California (oeste), aprobó una legislación que permite apagar el sistema de cobertura en los transportes públicos tras una serie de manifestaciones ciudadanas contra los precios y el servicio de los mismos.
El sistema de Tránsito Rápido en el Área de la Bahía de California (BART) empezó a estrangular el servicio de teléfonos móviles en
el sistema tras una oleada de protestas en el metro para denunciar la
muerte de Oscar Grant, un pasajero que fue tiroteado por un oficial tres
años antes. "Lo que se quiere con esta política de interrupción de
servicio esgenerar un balance entre el derecho de libertad de expresión
con las legítimas preocupaciones sobre la seguridad pública", dijo
entonces el presidente del BART, Bob Franklin.
Por otra parte, el Congreso de Estados Unidos escuchará los
argumentos a favor del proyecto de ley que pretende la aprobación de la
Ley de Intercambio y Protección de Información de Inteligencia
Cibernética (CISPA), que permitiría al Gobierno supervisar las comunicaciones online en caso de que se considerara adecuado.
La interpretación de cuándo es adecuado o no investigar los datos
privados de los usuarios (como el correo electrónico o la información en
redes sociales) sería de discreción gubernamental y de las agencias de seguridad.
Además, se espera que en los próximos meses se ponga en marcha una
iniciativa acordada con los principales proveedores de servicios de
Internet del país para cortar la conexión a toda persona sospechosa de
estar compartiendo ilegalmente contenido con copyright.
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