Diez años y casi US$1.000 millones después la Corte Penal Internacional dictó este miércoles su primer veredicto: el exrebelde Thomas Lubanga fue declarado culpable de crímenes de guerra por reclutar niños soldado en la República Democrática del Congo entre 2002 y 2003.
Pero el fallo, que todavía no es sentencia -esta será anunciada más tarde- llega con el trabajo de la CPI en la mira de todos, por el éxito en internet de la campaña Kony2012 a favor de la captura del reblede ugandés Joseph Kony.Fue precisamente en contra de Kony que la la corte emitió su primera orden de captura, en 2005.
Y además de al propio Lubanga, la CPI mantiene bajo custodia a los también congoleños compatriotas Germain Katanga y Matthieu Ngudjolo Chui, al marfileño Laurent Gbagbo y a Jean Pierre Bemba, por crímenes cometidos en la República Centroafricana.
Todos son africanos. Y todos los casos actualmente investigados por la CPI están vinculados a crímenes cometidos en siete países de ese continente.
Así las cosas, podría parecer que el tribunal sólo persigue crímenes contra la humanidad cometidos en África.
Pero, ¿qué hay de cierto detrás de esa percepción?
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Jurisdicción
Para Thomas Hunter, corresponsal de la BBC en Kinshasa, la tendencia se explica en parte por el momento en que fue creado el tribunal, en 2002.
Para entonces ya había terminado la guerra en la antigua Yugoslavia y los crímenes cometidos durante ese conflicto ya estaban siendo juzgados por un tribunal internacional especial.
Por eso, para Hunter, "es inevitable que la mayoría de los crímenes con los que trabaja (el CPI) hayan sido cometidos en África".
Además, para que la corte tenga jurisdicción sobre un país también requiere que su gobierno sea signatario del tratado constitutivo del tribunal, el Estatuto de Roma.
"Y los africanos lo han suscrito de forma generalizada", le dijo Hunter a BBC Mundo.
En contraste, Estados Unidos retiró su firma del tratado, y otros países, como Egipto, Irán, Israel y Rusia no lo han ratificado.
Y la jurisdicción de la CPI no es reconocida por países como China, India, Pakistán, Indonesia y Turquía, que no han suscrito el Estatuto.
Por último, la corte sólo puede investigar crímenes cometidos a partir de la fecha de su creación.
Eso excluye los crímenes de lesa humanidad cometidos, por ejemplo, en Guatemala entre 1960 y 1996: más de 600 en 36 años de guerra civil, según la Comisión de Esclarecimiento Histórico del país centroamericano.
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Y, en América Latina, hay dos países que están en el punto de mira del alto tribunal: Colombia y Honduras.
En Honduras, la Fiscalía de la CPI está haciendo un análisis preliminar de los hechos del 29 de junio de 2009, que desembocaron en un golpe de estado que terminó con el derrocamiento del entonces presidente, Manuel Zelaya.
Y el tribunal, que tiene su sede en La Haya, también está haciendo indagaciones preliminares en Colombia, donde abundan denuncias de posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidas en el contexto del conflicto armado.
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En total, estos análisis preliminares se están haciendo en ocho países, y sólo dos de ellos son africanos.
Además de Honduras y Colombia, la lista incluye a Afganistán, Corea del Sur, Georgia, Guinea, Nigeria y los territorios palestinos.
"A veces, los países en los que está alguien sobre quien pesa una orden de detención de la CPI no colaboran, y el tribunal no tiene su propio cuerpo policial para hacer cumplir sus resoluciones", agrega.
El más claro ejemplo, recuerda Hunter, es la orden de arresto contra el propio presidente de Sudán, Omar al Bashir, la primera que recae sobre un jefe de Estado.
Al Bashir está acusado de genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad.
La situación, obligatoriamente atrasa los procesos legales conducidos por la CPI, explica Jon Silverman, profesor de Derecho de la Universidad de Bedfordshire.
"La CPI tiene que entrar en generalmente largas negociaciones con los sistemas judiciales nacionales para poder conseguir sus objetivos", señala Silverman.
A eso, en el caso de Lubanga, habría que añadir "las litigaciones procedimentales que se pueden esperar de una corte que recién se estrena".
"Aunque su juicio pudo haber empezado hace meses si no hubiera sido porque el fiscal jefe, Luis Moreno Ocampo se negó a revelar cientos de documentos útiles para la defensa. Esto casi lleva a la liberación de Lubanga y que se viniera abajo todo el caso", asegura Silverman.
A mediados de 2012, el argentino Luis Moreno Ocampo será remplazado por Fatou Bensouda, de Gambia, al frente de la Corte Penal Internacional.
En noviembre de 2010, comenzó el que según el corresponsal de la BBC es posiblemente el juicio más importante de la CPI, el de Jean Pierre Bemba, ex vicepresidente de la República Democrática del Congo.
Bemba, antiguo líder rebelde, está siendo procesado por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra por casos de asesinato, violación y pillaje en la República Centroafricana entre 2002 y 2003.
Un año antes había empezado el juicio a los líderes milicianos congoleños Germain Katanga y Mathieu Ngudjolo, igualmente por crímenes de guerra y contra la humanidad.
También hay una investigación abierta a Uhuru Muigai Kenyatta, por crímenes contra la humanidad, incluido asesinato y violaciones.
Y si la campaña Kony2012 tiene éxito, pronto podría estar juzgando al líder rebelde ugandés Joseph Kony.
clic Lea también: Las dificultades de atrapar a Kony
Para entonces ya había terminado la guerra en la antigua Yugoslavia y los crímenes cometidos durante ese conflicto ya estaban siendo juzgados por un tribunal internacional especial.
Por eso, para Hunter, "es inevitable que la mayoría de los crímenes con los que trabaja (el CPI) hayan sido cometidos en África".
Además, para que la corte tenga jurisdicción sobre un país también requiere que su gobierno sea signatario del tratado constitutivo del tribunal, el Estatuto de Roma.
"Y los africanos lo han suscrito de forma generalizada", le dijo Hunter a BBC Mundo.
En contraste, Estados Unidos retiró su firma del tratado, y otros países, como Egipto, Irán, Israel y Rusia no lo han ratificado.
Y la jurisdicción de la CPI no es reconocida por países como China, India, Pakistán, Indonesia y Turquía, que no han suscrito el Estatuto.
Por último, la corte sólo puede investigar crímenes cometidos a partir de la fecha de su creación.
Eso excluye los crímenes de lesa humanidad cometidos, por ejemplo, en Guatemala entre 1960 y 1996: más de 600 en 36 años de guerra civil, según la Comisión de Esclarecimiento Histórico del país centroamericano.
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Honduras y Colombia
Sin embargo, no sólo en África se han cometido, o hay al menos indicios razonables de delitos que entran en el ámbito de actuación de la CPI: genocidio, crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra cometidos durante la última década.Y, en América Latina, hay dos países que están en el punto de mira del alto tribunal: Colombia y Honduras.
En Honduras, la Fiscalía de la CPI está haciendo un análisis preliminar de los hechos del 29 de junio de 2009, que desembocaron en un golpe de estado que terminó con el derrocamiento del entonces presidente, Manuel Zelaya.
Y el tribunal, que tiene su sede en La Haya, también está haciendo indagaciones preliminares en Colombia, donde abundan denuncias de posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidas en el contexto del conflicto armado.
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En total, estos análisis preliminares se están haciendo en ocho países, y sólo dos de ellos son africanos.
Además de Honduras y Colombia, la lista incluye a Afganistán, Corea del Sur, Georgia, Guinea, Nigeria y los territorios palestinos.
Un camino muy largo
Según el corresponsal de la BBC en Kinshasa, la principal dificultad con la que se encuentra la CPI es la ocasional ausencia de colaboración por parte de los gobiernos."A veces, los países en los que está alguien sobre quien pesa una orden de detención de la CPI no colaboran, y el tribunal no tiene su propio cuerpo policial para hacer cumplir sus resoluciones", agrega.
El más claro ejemplo, recuerda Hunter, es la orden de arresto contra el propio presidente de Sudán, Omar al Bashir, la primera que recae sobre un jefe de Estado.
Al Bashir está acusado de genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad.
La situación, obligatoriamente atrasa los procesos legales conducidos por la CPI, explica Jon Silverman, profesor de Derecho de la Universidad de Bedfordshire.
"La CPI tiene que entrar en generalmente largas negociaciones con los sistemas judiciales nacionales para poder conseguir sus objetivos", señala Silverman.
A eso, en el caso de Lubanga, habría que añadir "las litigaciones procedimentales que se pueden esperar de una corte que recién se estrena".
"Aunque su juicio pudo haber empezado hace meses si no hubiera sido porque el fiscal jefe, Luis Moreno Ocampo se negó a revelar cientos de documentos útiles para la defensa. Esto casi lleva a la liberación de Lubanga y que se viniera abajo todo el caso", asegura Silverman.
Con acento africano
Por lo pronto, todo parece indicar que la CPI seguirá teniendo un fuerte acento africano.A mediados de 2012, el argentino Luis Moreno Ocampo será remplazado por Fatou Bensouda, de Gambia, al frente de la Corte Penal Internacional.
En noviembre de 2010, comenzó el que según el corresponsal de la BBC es posiblemente el juicio más importante de la CPI, el de Jean Pierre Bemba, ex vicepresidente de la República Democrática del Congo.
Bemba, antiguo líder rebelde, está siendo procesado por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra por casos de asesinato, violación y pillaje en la República Centroafricana entre 2002 y 2003.
Un año antes había empezado el juicio a los líderes milicianos congoleños Germain Katanga y Mathieu Ngudjolo, igualmente por crímenes de guerra y contra la humanidad.
También hay una investigación abierta a Uhuru Muigai Kenyatta, por crímenes contra la humanidad, incluido asesinato y violaciones.
Y si la campaña Kony2012 tiene éxito, pronto podría estar juzgando al líder rebelde ugandés Joseph Kony.
clic Lea también: Las dificultades de atrapar a Kony
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