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2 sept. 2011

Otra mano en la economía venezolana


El Estado venezolano se mete cada vez más en la economía. Con la nueva ley de Costos y Precios Justos, que para el gobierno de Hugo Chávez constituye un nuevo mecanismo en la "transición al socialismo", las autoridades tendrán la potestad de fijar los precios de productos y servicios en todos los sectores de la economía con excepción de la banca.
El objetivo, aseguran las autoridades, es combatir la especulación y la inflación, que alcanza el 26% y es la más alta de América Latina –y una de las más altas del mundo.

El decreto, con fuerza de ley, fue aprobado el mes pasado por Chávez en el marco de los poderes especiales que obtuvo en diciembre pasado a raíz de las emergencias por las lluvias.
Los empresarios aseguran que la normativa, que entrará en vigor en octubre, representa un peligro para la economía, no servirá para combatir la inflación y aumentará el desabastecimiento ya existente de algunos productos.
Algunos analistas consultados por BBC Mundo la consideran sencillamente "inaplicable".

Control y sanción

La ley prevé la creación de un sistema de administración de precios de venta (Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios) y márgenes de ganancia, que busca promover el "uso de la planificación y el control de los costos empresariales".

También se establece una Superintendencia adjunta a la vicepresidencia que sancionará a los "especuladores" con penas que van desde multas hasta el cierre temporal.
Este organismo evaluará los costos y las ganancias y fijará los precios máximos de sectores como alimentos, salud, medicamentos, materiales de construcción y vivienda, educación y textiles.
El presidente Chávez dice que la ley dará "herramientas al Estado y al pueblo venezolano para derrotar la especulación, el acaparamiento y la voracidad del mercado y de la burguesía".
"Los empresarios y comerciantes privados que no tengan como práctica la usura, la especulación y el aprovechamiento no tienen que tener ningún temor", asegura el vicepresidente Elías Jaua.
Los sectores en los que el gobierno tiene mayor interés en regular son los de medicamentos, alimentos y útiles escolares, aunque no se fiscalizarán cigarrillos ni alcohol, según Jaua.

Más controles

La medida es vista con escepticismo desde algunos sectores.
Ya en los años ochenta del siglo pasado existió una Comisión Nacional de Costos, Precios y Salarios que intentó algo similar y fracasó.
Y desde 2003 el gobierno aplica un control de precios a productos considerados de primera necesidad.
Sin embargo, la medida no ha logrado detener la inflación y ha generado que haya desabastecimiento de algunos productos regulados.
Venezuela importa el 70% de los alimentos y con un tipo de cambio regulado los comerciantes se quejan de que algunos productos llevan hasta cinco años con el mismo precio de venta cuando el costo se ha elevado.
El aceite y la leche en polvo, por ejemplo, son difíciles de conseguir. Y cuando llegan a los anaqueles de los supermercados, vuelan.
Mientras el gobierno considera que la inflación se debe a la especulación y a los abusos del modelo capitalista, desde el sector empresarial se la considera una consecuencia de vivir bajo una economía centralizada y regulada por el Estado.
El principal gremio empresarial, Fedecámaras, estima que la ley trancará la economía y acentuará la escasez.

"Beneficio al consumidor"

Los defensores de esta ley aseguran que gracias a ella se establecerán mecanismos de control de precios a aquellas empresas cuyas ganancias son excesivas en proporción a sus costos.

"En Venezuela es necesario reformar un marco legal y un entorno institucional para tratar de controlar la especulación sobre todo, más que la inflación. Eso lo hace cualquier país del mundo", le dice a BBC Mundo el economista Víctor Martínez, ministros de Industria entre 2005 y 2007.
Pero reconoce que "si la ley no se aplica con dinamismo y agilidad, los costos van a ser más altos que el precio de venta y en esas condiciones el desestímulo para producir puede generar el fenómeno de la escasez".
Martínez considera que el gran beneficiado por la ley será el consumidor.
Y señala que esta normativa debe complementarse "con una política industrial y tecnológica para aumentar la productividad, la calidad y la competencia acompañada de una política para reindustrializar el país".
Martínez recuerda que hay 0,25 establecimientos industriales por cada 1.000 habitantes, mientras que Colombia y México tienen 1,2 y 1,7 respectivamente.
El economista Jesús Casique coincide.
"Venezuela tiene un problema fuerte de productividad, se requiere más oferta de bienes y servicios. El gobierno tiene que fortalecer el sector de manufacturas y el comercio".
Para el economista José Guerra, exdirector del Banco Central de Venezuela, la ley es inaplicable y ni siquiera sirve para combatir la inflación, opinión compartida por Casique.
"Una cadena de supermercados puede tener 13.000 productos distintos, entonces hay que hacer una estructura de costos para esos 13.000 productos. O una estructura de costos para cada tipo de pizza que venda una pizzería. Cambio un ingrediente y me cambia la estructura de costos".
"Se van a tener que concentrar en algunos productos básicos", indica Guerra, para quien esta "jugada del gobierno para contener la inflación" es "muy engorrosa".



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