Localizar la situación geográfica de un dispositivo móvil no requerirá de permiso judicial previo en todos los casos, según una sentencia de un tribunal de apelaciones de EEUU, que sienta precedente.
Según informa CNET News, esta sentencia, la primera de este tipo, afirma que no es necesario el permiso de un juez para que la policía obtenga los registros necesarios de un teléfono móvil para comprobar a dónde se ha trasladado un sospechoso.
En este punto, coincide con el punto de vista de la Administración Obama, que sostiene que el seguimiento de móviles sin orden judicial es legítimo porque los estadounidenses tienen en general una "expectativa razonable de privacidad" respecto de la situación de su teléfono.
En virtud de esta decisión, un panel de tres jueces establecieron que los teléfonos "no requieren la determinación de causa probable tradicional" consagrada en la Cuarta Enmienda, que prohíbe a las agencias del Gobierno de llevar a cabo registros y búsquedas no amparadas por una orden judicial.
No obstante, los jueces se mostraron de acuerdo en que, en algunos casos, los jueces podrán exigir la orden de registro a los investigadores, aunque lo contemplan como "una opción que debe utilizarse con moderación".
Grupos como ACLU, Electronic Frontier Foundation y el Centro para la Democracia y la Tecnología habían argumentado que era necesaria la orden judicial siempre dado que la información de los móviles está protegida por la Cuarta Enmienda.
Según una nota de EFF, "aunque el tribunal no decide definitivamente sobre la inclusión de la unicación del móvil en la Cuarta Enmienda, deja claro que en algunas circunstancias la privacidad de estos datos podría ser protegido por la Constitución, y que los jueces tienen la discreción para requerir una orden judicial para evitar posibles ataques inconstitucionales contra los datos de localización".
Según informa CNET News, esta sentencia, la primera de este tipo, afirma que no es necesario el permiso de un juez para que la policía obtenga los registros necesarios de un teléfono móvil para comprobar a dónde se ha trasladado un sospechoso.
En este punto, coincide con el punto de vista de la Administración Obama, que sostiene que el seguimiento de móviles sin orden judicial es legítimo porque los estadounidenses tienen en general una "expectativa razonable de privacidad" respecto de la situación de su teléfono.
En virtud de esta decisión, un panel de tres jueces establecieron que los teléfonos "no requieren la determinación de causa probable tradicional" consagrada en la Cuarta Enmienda, que prohíbe a las agencias del Gobierno de llevar a cabo registros y búsquedas no amparadas por una orden judicial.
No obstante, los jueces se mostraron de acuerdo en que, en algunos casos, los jueces podrán exigir la orden de registro a los investigadores, aunque lo contemplan como "una opción que debe utilizarse con moderación".
Grupos como ACLU, Electronic Frontier Foundation y el Centro para la Democracia y la Tecnología habían argumentado que era necesaria la orden judicial siempre dado que la información de los móviles está protegida por la Cuarta Enmienda.
Según una nota de EFF, "aunque el tribunal no decide definitivamente sobre la inclusión de la unicación del móvil en la Cuarta Enmienda, deja claro que en algunas circunstancias la privacidad de estos datos podría ser protegido por la Constitución, y que los jueces tienen la discreción para requerir una orden judicial para evitar posibles ataques inconstitucionales contra los datos de localización".
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